Un paso más para la desestabilización democrática de nuestro país: la ultraderecha pasa a cogobernar Castilla y León de la mano del PP. Ya es recurrente en esta columna la denuncia que hacemos del avance, sin aparente capacidad de respuesta, de los postulados neofascistas, no sólo en los medios políticos, sino también en el cultural, moral, social y hasta en el educativo, a pesar de las reformas acometidas en los últimos dos años. No era, pues, ni anécdota ni algo aislado o pasajero; esto prueba que ya está calando su mensaje de una forma que va para irreparable y para mucho tiempo si no se ataja de una vez por todas con rotundidad y contundencia… aunque no se ve evidencia alguna para hacerle frente; basta recordar que la nueva Ley nacional de Memoria continúa dormitando en alguna sala del Congreso de los Diputados; ni atisbo de aprobación a corto plazo. Esto es sobre el tema que compete a esta columna, porque este pacto de las derechas tiene un recorrido largo en cuanto a propuestas involucionistas en todas y cada uno de los elementos que componen la gestión y el gobierno de la Comunidad como laboratorio de pruebas a exportar.

En las dos últimas elecciones presidenciales francesas -vecinos nuestros y con amplia trayectoria común en cuanto a la lucha antifascista se refiere-, las opciones han sido entre la derecha y la extrema derecha, con lo que ello significa de crisis de valores, de derechos para la clase trabajadora, en concreto, y para el sistema democrático en general. Y por lo común parece que no se aprecia como amenaza, no va con nosotros ni con nuestro futuro. Error en el que se cae demasiadas veces.

La ultraderecha habla de reivindicar nuestra historia común, sin definir qué significa eso, “atendiéndola [sic] como elemento integrador para la reconciliación”. Eluden que este país ya tuvo su reconciliación -hace ya varias décadas- que dejó bastantes plumas descosidas, aún necesarias de corregir. El neofranquismo dice que quiere “evitar la utilización de nuestra historia (la suya, intuimos, no cabe otra) para dividir a los españoles, donde se tendrá presente -según añade el reelegido presidente castellano-leonés- a las victimas del terrorismo… trabajando por su dignidad, justicia, memoria y protección…” como si no hubiera en este país más víctimas -sin reconocer incluso como tales-, a las que proteger, hacer justicia y amparar también su memoria. Esta postura no debe segregar al resto, ni discriminarlos ni condenarlos al olvido, aunque obvie la realidad de la dictadura, que ni asume ni reconoce. En las provincias castellanas y leonesas se estima, según datos oficiales, que son quinientas las fosas comunes consecuencia de una represión que se niega.

Por tanto, como ya anunciaron los de VOX y han aceptado los del PP, quedará en estos meses anulado aquel decreto autonómico -que no fue nunca ley- vigente desde 2018 y concebido en su día como cauce “ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. A todo lo nuevo que propondrá como sustitución al referido decreto, lo llaman Ley de Concordia, término ya de por sí de tintes cuanto menos que conservadores a ultranza.

La Fundación Francisco Franco -pendiente aún de ilegalizar-convocó una reunión -parece ser que secreta, pero de la que se hizo eco La Razón un par de semanas antes de lo vivido en las Cortes de Valladolid- para “analizar la situación y afrontar los retos pendientes”. Sus delegados territoriales acordaron -según lo mencionado por el diario- reforzar el trabajo para asegurarse la comunicación y convocatoria por redes sociales -siguiendo el ejemplo de las organizaciones nazis y de extrema derecha europea y de la Europa del Este- de actividades y garantizar su presencia en la calle. Sobra más comentario.

Por el contrario, y para finalizar por el momento, aplaudir la aprobación de una ley de Memoria Democrática en La Rioja; desarrollar políticas públicas es una vía necesaria para contrarrestar el negacionismo y el revisionismo histórico; enhorabuena a riojanas y riojanos por avanzar también por este camino.