CCOO, UGT y CGT denuncian que la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, conducida por el Ministerio de Economía y Transformación Digital, “no soluciona los problemas del sector y solo responde al beneficio de los lobbies empresariales privados”. Consideran los tres sindicatos que “preservar el sector público de comunicación audiovisual, evitar las privatizaciones, garantizar el pluralismo y la responsabilidad editorial o establecer una autoridad independiente son algunas de las cuestiones clave en las que no parece que vaya a incidir este anteproyecto de ley”.

La denuncia sindical intenta sacar de la clandestinidad un debate que se mantiene alejado de la opinión pública y condiciona la reforma de una de las leyes fundamentales para la calidad de la democracia.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual impuesta por el PSOE en 2010 es un desastre para la democracia y la reforma que ahora conduce el sector neoliberal del gobierno amenaza con ser peor.

Los negocios audiovisuales presionan sobre una reforma que se mantiene fuera del alcance de la opinión pública y que se está tramitando sin transparencia para eludir el conocimiento de la mayoría social perjudicada por la peligrosa limitación del pluralismo en la información.

La reforma pretende blindar cinco imposiciones que benefician a los negocios contra el servicio público y las iniciativas sociales:

– Convierte el servicio público esencial en un servicio de interés económico general.

– Elimina a las iniciativas sociales del triángulo democrático que se debería establecer con un reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, los negocios audiovisuales y los medios sin ánimo de lucro.

– No se admite la creación de una autoridad audiovisual independiente que controle el cumplimiento de la ley en todos los medios de comunicación.

– No garantiza una financiación estable y suficiente para RTVE.

– Mantiene el modelo del Partido Popular que permite la privatización e incluso la eliminación del servicio público audiovisual en las comunidades autónomas.