Una tarde de mayo en uno de esos barrios residenciales del noreste de Madrid, barrios que se construyeron con grandes avenidas por las que discurren hasta tres carriles en cada sentido, un coche de gran cilindrada, al doble de la velocidad permitida, invade la mediana al salirse de su dirección tras una rotonda. La atraviesa con tal violencia que termina en dirección contraria arrancando de cuajo un bolardo y el cuadro eléctrico del semáforo que se cruza en su camino. Y eso podía haber sido todo, a veces, la mayoría de las veces eso suele ser todo. Por eso llegan a existir en un barrio como este cuarenta y dos accidentes en lo que va de año sin que se reconozca que hay un problema y se intervenga para solucionarlo. Pero esta vez en la mediana peatonal había dos mujeres mayores que salían juntas a pasear y que perdieron la vida en ese mismo instante.

No vamos a hablar de seguridad vial, vamos a hablar de políticas públicas y de la potencia e importancia que estas tienen para que estemos seguros y seguras, de cómo las administraciones son una potente maquinaria que debe ir por los carriles correctos y a la velocidad necesaria para no poner vidas en riesgo y mucho menos arrollarlas.

En la Comunidad de Madrid, el estallido de la pandemia puso al descubierto todas las carencias e insuficiencias causadas por el recorte permanente de los servicios públicos y los bienes comunes producto de 27 años de gobiernos ininterrumpidos de la derecha. Probablemente en todas partes ocurrió algo similar, ya que las políticas neoliberales y los recortes han sido en mayor o menor medida la tónica habitual con aquello de las mal llamadas “políticas de austeridad” que se impusieron errónea y dolorosamente para salir (en falso y solo algunos) de la crisis de 2007/8. Pero en Madrid era más sangrante si cabe porque el territorio más rico del Estado era -y es- a su vez el que menos presupuesto dedicaba por habitante a algo tan fundamental como la sanidad pública. En realidad fue la que menos presupuesto dedicó a sanidad, educación y servicios sociales. En 2020 fue además la región que menos aumentó su gasto en servicios sociales 0,99%, en educación 2,25%, y es una de las que no sólo no aumentaron sino que disminuyeron su gasto en Sanidad 0,7%.

Ese mismo año el gobierno central aprobó un fondo extraordinario de algo más de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas pudieran atender las necesidades de la población en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos por la paralización de actividad debida al confinamiento. Madrid fue la gran beneficiada ya que siendo la media 338 euros por habitante recibió 496 euros por habitante. Con los siguientes fondos Covid sucedió igual, llegando a 770 euros por habitante en 2021.

Desastre sanitario y social con la marca Ayuso y Almeida

Y ¿cuál fue la respuesta del gobierno autonómico? Pues, en un momento tan crítico, buscar la confrontación permanente respondiendo afrentas imaginarias, como prueban los datos económicos del párrafo anterior. Hacer el máximo ruido a modo de cortina de humo permanente que ocultase el desastre que se estaba produciendo en la capital. Desastre sanitario que llegó a ser dantesco en las residencias de mayores donde fallecieron en la primera ola de la pandemia 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria, siguiendo un protocolo emitido por la Consejería de Sanidad que ordenaba no trasladar a los más vulnerables a hospitales. La generación que luchó por las libertades de hoy moría así de forma indigna e injusta como las dos mujeres que en el paso de peatones se veían arrolladas por un coche de alta gama sin remedio. Un gerontocidio en toda regla del que tan solo se pudieron zafar algunos (que no todos) que tenían seguros privados. Y mientras esto sucedía la presidenta de la Comunidad presumía de traer aviones -de los que hablaremos después- de China cargados de mascarillas, o de convertir un centro de convenciones como Ifema en un hospital de campaña, haciendo propaganda y de paso, como veremos, negocios poco éticos.

Ante el desastre social, colectivos, barrios y municipios comenzaban a autoorganizarse: despensas de alimentos en barrios obreros como Usera, Hortaleza, Lavapiés, Carabanchel… fabricación de mascarillas con todo tipo de plásticos y telas, así como respiradores fabricados en talleres de empresas de mantenimiento eléctrico y automotor. Además de los aplausos, la clase trabajadora madrileña se organizaba en el momento más crítico. Martínez Almeida, sin ningún tipo de decoro, se seguía colgando medallas, y la solución de la presidenta Ayuso para solventar tan delicadísima situación fue cerrar los centros de atención primaria, que a día de hoy continúan cerrados y suponen un aldabonazo al desmantelamiento de la Sanidad Pública. Para más inri, presumió de que los y las niñas de las familias más vulnerables prestadoras de comedor social comieran todos los días un menú de telepizza. Meses más tarde, el alcalde Almeida prohibía y cerraba todo tipo de comedor solidario, privando así a centenares de personas y familias de un sustento digno.

Como la organización con esqueletos en los armarios y cajas (de caudales) cerradas en el ático que el Partido Popular ha sido y es, siempre tiende a superarse. La gran gota que ha colmado el vaso de su ignominia en la “gestión” de la pandemia ha sido el descubrimiento -provocado por la guerra interna entre el sector de Esperanza Aguirre y el sector de Feijóo- de una trama de favores en la compra de material sanitario, tanto a nivel Ayuntamiento como a nivel Comunidad de Madrid.

Hermanos, primos, comisionistas y otras tropelías

Tanto si se trata del hermano de Ayuso, el primo de Almeida, o personajes prolíficos del mundo del corazón o la connivencia de funcionariado afín al Partido Popular, todos se colgaron la medalla de intermediarios con supuestos fabricantes directos de material sanitario y, en lugar de interceder de la forma lógicamente altruista que pedía el momento histórico, se lucraron de forma obscena a costa de los bolsillos de todos los madrileños y madrileñas.

Mientras las vecinas de los barrios cosían mascarillas con telas y ropa usada, familias rescataban de sus armarios máscaras de buceo para usarse como respiradores, y activistas se jugaban el tipo repartiendo esos materiales a los centros hospitalarios, los clanes de Ayuso y Almeida se llevaban comisiones de hasta el 80% por adquirir material defectuoso. Siguiendo el procedimiento habitual, tanto Ayuso con su hermano “desaparecido”, como Almeida con una socarronería bochornosa e insultante, han seguido el procedimiento de victimización propia de M. Rajoy. Pero cómo debe ser la magnitud de las tropelías, que anticorrupción revela que fueron las entidades bancarias quienes advirtieron de los exorbitados ingresos en cuenta de los comisionistas. El cúmulo de noticias no han parado de sucederse, augurando más según se aproxime el congreso del Partido Popular en Madrid. Mientras alcalde y presidenta lanzan cortinas de humo con declaraciones huecas y provocadoras para desviar la atención de los medios, las comisiones de investigación, así como las vistas orales en los juicios, se van sucediendo.

Recapitulemos: 7.291 personas dejadas morir solas en residencias públicas sin ningún tipo de asistencia o acompañamiento, el abandono a su suerte de seis millones de madrileños y madrileñas, cierre de los centros de atención primaria, deterioro general de la Sanidad Pública, o casos de corrupción millonarios con comisiones de compra de material sanitario básico… El resultado de todo esto es un dato que pasará a la historia: la Comunidad de Madrid es la región de la prolífica Europa donde más ha bajado la esperanza de vida: 3,5 años.

Que el “motor de Europa” según Ayuso o Almeida -ese presunto paraíso de las cañas y la libertad- baje así la esperanza de vida, debería hacernos entender que no solamente nos ha atropellado el potente coche del que hablábamos al inicio de este artículo, sino que además (como también sucedió en el accidente real) la conductora circulaba sin carné de conducir y doblando el límite de alcohol en sangre permitido.