El escándalo fue mayúsculo el verano pasado. Cáceres, con casi 100.000 habitantes, la segunda ciudad más poblada de Extremadura, se encontró en una situación crítica de abastecimiento de agua por las prácticas mafiosas de Iberdrola.

La compañía eléctrica estaba desembalsando pantanos para producir energía sin importarle dejar sin agua para abastecimiento humano, ganadería o agricultura. Una locura que tiene su explicación en que en este país se paga el precio máximo en la energía, aunque ésta proceda de la hidroeléctrica, cuyo coste de producción es menor.

Esto lleva a que cuando el precio del gas se dispara, las compañías eléctricas que poseen los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, la concesión de un determinado caudal de agua y de utilización del tramo de río que permiten la generación de energía utilizando la fuerza del agua, aprieten para producir más energía por este medio, pues luego la venderán a precio de gas.

Pese a la polémica levantada por estas practicas, el oligopolio eléctrico sigue sin tener una pizca de vergüenza. Especialmente a partir del 25 de abril, cuando Bruselas aprobó el tope del gas para España y Portugal. Pues, según los datos disponibles, las compañías han multiplicado por tres la producción de energía hidráulica, sin importarle la previsión de sequía para este año.

Unas de las explicaciones es bien sencilla. El agua se puede guardar y esto es parte de la clave de este movimiento de las eléctricas que desembalsan cuando más interesa al precio de mercado y lo hacen para seguir cosechando beneficios millonarios a costa del agua embalsada, comprometiendo con ello el abastecimiento de numerosos municipios extremeños.

NOS ESTÁN SAQUEANDO

La cuestión ha vuelto a la Asamblea de Extremadura de la mano de Unidas por Extremadura. «Las eléctricas no están saqueando y ustedes no han hecho ni el mínimo gesto por recuperar, por ejemplo, el salto hidráulico de Peña del Águila, cuya concesión ya ha caducado«, ha señalado la portavoz del grupo parlamentario Irene De Miguel, que también se ha referido a la situación de la presa de Alange: está desembalsando agua a un 4% pese a encontrarse a menos de un 20% de su capacidad, lo que pondrá en riesgo el consumo en numerosos municipios.

“Nos parece un atraco a mano armado, nos parece un robo, nos parece una estafa y nos parece que muestran muy poca solidaridad con los vecinos y vecinas de Extremadura. No solo tenemos que ser testigos de este latrocinio, sino que, además, el señor Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola que cobra 13,5 millones de euros al año insulta a los consumidores llamándoles tontos.” ha denunciado la portavoz de la confluencia de izquierdas en Extremadura en el Pleno de la Asamblea.