Tras mucho trabajar para superar la descafeinada ley de memoria gestada durante el gobierno de Zapatero, hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Democrática con los votos a favor de EH-Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, PNV, Más País, Compromis, PSOE, UP-ECP-GC y otros partidos con representación en el Congreso.

En la negociación previa se han atendido, con espíritu de consenso, aportaciones del movimiento memorialista y los grupos parlamentarios, mientras ERC se ha abstenido después de pactar varias enmiendas transaccionales. La derecha ha mantenido una permanente posición de rechazo y bloqueo.

El resultado del debate configura una ley acorde con los objetivos que UP se había marcado, aunque, como siempre en toda negociación, en el resultado no se recogen todas las propuestas que hemos defendido desde el PCE. En todo caso, el papel de IU/PCE ha sido fundamental a la hora de sacar adelante esta ley, no solo porque ha llevando las riendas de la negociación por UP el equipo que IU y PCE tienen en el Congreso, en un claro reconocimiento del prestigio y autoridad que poseen en esta materia, sino también porque para configurar la ley aprobada se ha partido de la Proposición de Ley de Memoria Democrática impulsada por IU en el año 2018.

Podemos destacar los siguientes rasgos más importantes de la ley:

1. El repudio y la condena en la ley del golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, la posterior dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad. Se reconoce expresamente como víctimas a un amplio abanico de personas represaliadas y, tras la última negociación con los grupos nacionalistas, a las comunidades, lenguas y culturas que fueron perseguidas por el franquismo.

2. La declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia durante el régimen franquista, con independencia de su naturaleza jurídica.

3. El derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, que se concreta en conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido y, en su caso, a la localización e identificación de las personas desaparecidas, a la exhumación y a la sepultura digna sufragada con fondos públicos. Se crea una base de datos de ADN de carácter estatal, se refuerza la figura de un Fiscal de Sala para perseguir los delitos cometidos y se garantiza que no se podrá utilizar la ley de amnistía de 1977 para impedir las investigaciones penales.

4. Tras la insistencia del grupo parlamentario de Unidas Podemos para que se incluyera, se contempla el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo y, en especial, las que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado, así como establecer el derecho al resarcimiento por los bienes incautados por la dictadura.

5. La garantía de acceso a los archivos públicos y privados sostenidos con fondos públicos, así como la recuperación, defensa y conservación del patrimonio documental.

6. La definición de los símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, con un procedimiento para su retirada o eliminación, así con un completo régimen sancionador que haga efectivas estas previsiones, algo que no contemplaba la ley de 2007.

7. La retirada de reconocimientos, honores, distinciones, condecoraciones y recompensas que comporten una exaltación de la dictadura o concedidos a personas que hayan formado parte de sus aparatos represivos.

8. La inclusión en los contenidos curriculares educativos la historia y la memoria democrática española.

9. Establecimiento de una red de lugares de memoria democrática con una detallada protección y dotados para su más amplia difusión. En este sentido se recupera el Valle de los Caídos para su gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo con la nueva denominación de “Valle de Cuelgamuros”.

10. Se otorga la nacionalidad española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a aquellos a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen por la anterior ley de memoria de 2007 pero no pudieron acceder a la misma. Se reconoce el derecho a la nacionalidad de los descendientes de los brigadistas internacionales.

11. Tras el debate parlamentario, se incluye una medida para prestar atención a las víctimas de los crímenes franquistas durante la transición hasta 1983, cometidos con la connivencia o participación de estructuras residuales de la dictadura, mediante una comisión que concretará la forma de su resarcimiento.

12. Se acordado crear un centro de memoria democrática que cuente con participación de los movimientos sociales y que sea un referente de los que ya existan o se pudieran crear.

Tras la aprobación en Congreso el texto pasará al Senado, por lo que es probable que la aprobación definitiva y entrada en vigor de la ley se produzca a comienzos de este otoño, por lo que desde ese momento tocará trabajar para desarrollar los avances de la ley y para que se hagan realidad los principios de verdad, justicia, repetición y garantías de no repetición.