Ya tenemos Ley de Memoria Democrática. Queda el trámite del Senado en el que no se prevén modificaciones. No es la ley de memoria histórica de 2007: una suma de buenas intenciones, amagos y cobardías, sin régimen sancionador ni instrumentos que garantizasen su cumplimiento. Muy al contrario, la nueva ley establece un ambicioso programa de políticas públicas, de mandatos con plazos precisos que deberán desarrollarse en el plan de memoria que tendrá que estar listo antes de que acabe el año y de nuevas instituciones como el Consejo Interterritorial, el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura o el Fiscal de Sala para investigar los crímenes del franquismo.

Es recomendable no hablar de oídas y dedicar algo de tiempo para comparar la ley de 2007 y la que acaba de aprobar el Congreso. No lo decimos por un afán de legitimación o de justificación del trabajo realizado. Cada ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma, por supuesto la Administración General del Estado, tiene nuevas tareas que cumplir. Desde las instituciones, estemos en el gobierno o en la oposición, hay que ponerse a trabajar ya. Los movimientos sociales tienen que hacer un esfuerzo para asimilar los instrumentos que les ofrece la nueva ley.

Como toda normativa que es fruto de una correlación de fuerzas parlamentaria y social, el texto aprobado no recoge todas las aspiraciones que planteábamos desde el PCE, el conjunto de la izquierda y el movimiento memorialista. Pero la ley es un éxito indudable. Algo de lo que debemos sentirnos orgullosos quienes denunciamos la ley de 2007, quienes hemos sentido la impotencia de la falta de una normativa adecuada en nuestra acción en las instituciones que gobernábamos y quienes nos movilizamos ante los atropellos de la derecha política y judicial. Sin la lucha social de estos años y sin la presencia en el Parlamento de la izquierda organizada este resultado no hubiera sido posible. Es un orgullo que el secretario general del PCE fuera el ponente de esta ley en representación del grupo parlamentario de Unidas Podemos y que en su intervención haya desarticulado la ruin maniobra de la derecha de confrontar a unas víctimas con otras.

Hay que leer la ley y difundirla para convertirla en un programa de acción. La aplicación de todo su contenido no será fácil, por muchas razones. El PSOE ha sido en muchos casos arrastrado a soluciones que no quería admitir, como se prueba con las diferencias notorias entre la primera redacción del texto y el que sale del Congreso. La mayoría reaccionaria del poder judicial será beligerante. El PP, que se ha comprometido a derogar la ley en cuanto pueda, volverá al sabotaje en los ámbitos de poder que controla. La extrema derecha ya está poniendo en marcha una estrategia de recursos para paralizarla.

Hoy el franquismo es ilegal en nuestro país, las sentencias que sufrieron los luchadores por la libertad son nulas de pleno de derecho y por ley queda establecido que no cabe alegar la ley de amnistía para no investigar los crímenes franquistas. Toca arremangarse para trasladar estos postulados al conjunto de nuestra realidad institucional. Los escándalos recurrentes de los homenajes en los cuarteles del ejército o las declaraciones provocativas de algunos responsables públicos no son más que la punta del iceberg de un franquismo sociológico anclado en mentalidades e intereses que no serán fáciles de desmantelar.

Frente a la caricatura de las políticas de memoria que hace la derecha, motejándolas de revanchistas y animadas por un afán de venganza, un discurso que se favorece a veces desde la concepción de este movimiento social como un simple reclamo de resarcimiento personal que se hace desde algunas organizaciones, en el PCE somos conscientes y defensores del papel que debe desempeñar para la construcción de un nuevo país, para la edificación de una identidad compartida que supere la ideología autoritaria, imperial y centralizadora heredera del franquismo. Nos jugamos mucho con la aplicación de esta ley. Pongámonos manos a la obra.