Se acumula en mi mesa una montaña de papeles con el material generado en los más de dos años invertidos para la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, todavía pendiente de su ratificación en el Senado. Precedentes, borradores, anteproyectos, dictámenes, aportaciones de las organizaciones memorialistas, enmiendas y transacciones. Soy muy consciente de la importancia de ahorrar papel, sólo imprimo lo imprescindible. Tanto material es una prueba del interés suscitado y de la consciencia de lo mucho que nos jugábamos en este proceso.

Lo primero que hay que recordar es que el programa para la legislatura acordado entre UP y el PSOE no incluía una nueva ley de memoria. Gracias a la iniciativa de nuestro grupo parlamentario en los primeros meses de 2020, que contaba con el trabajo desarrollado en legislaturas anteriores por IU, se articuló una proposición de ley, trabajada con aportaciones y varios encuentros con organizaciones memorialistas, y se forzó que se apostara por un nuevo texto desde el Gobierno. Cómo destacamos en su momento, dejar a un lado la ley de 2007 constituyó un logro de quienes -muy pocos- denunciamos en su día su insuficiencia e incongruencias.

El texto de la ley ha mejorado en las diferentes redacciones tras los sucesivos trámites. Se han incorporado numerosas aportaciones realizadas desde la sociedad civil y propuestas defendidas desde UP. El grupo parlamentario organizó varias jornadas en las que contamos con la participación de cientos de activistas y especialistas, entre los que no quiero dejar de mencionar a Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Como era de esperar, no hemos logrado incluir en el texto final todo lo que defendíamos, pero se recogen tres de las cuestiones a las que más resistencias interpuso el PSOE: la atención a los crímenes de la transición; el derecho a la reparación; y una referencia en el articulado a la inaplicabilidad de Ley de Amnistía a los crímenes franquistas. Lo acordado no resuelve todos los obstáculos para acabar con la impunidad existente y las carencias sufridas, pero abre una vía que hay que explorar. La reacción beligerante del felipismo más rancio, que no ha dudado en sumarse a la infame campaña de la derecha, prueba que la solución adoptada contiene una carga en profundidad.

Costó aprobarla

Temimos por la aprobación de la ley. Tardó en constituirse la ponencia y hubo que emplearse a fondo para desbloquear una tramitación que no podía esperar más. Algo que todavía no ha sucedido con la Ley de Bebés Robados y la Ley de Secretos Oficiales. Finalmente, la ley ha sumado un apoyo muy amplio del arco parlamentario progresista, aunque hay que lamentar la abstención o el voto en contra de una parte de la izquierda independentista, con argumentos que respetamos pero que no nos podían llevar a la parálisis o a no aprobar la ley. Cuanto peor mejor nunca ha sido la actitud de los comunistas. La derecha hizo su numerito esperado en el pleno del Congreso, despreciando a las víctimas del franquismo y lo que representa su lucha. Qué mejor respuesta que la sonrisa de Víctor Díaz Cardiel y Yenia Camacho cuando acabaron las intervenciones y les recibieron en los pasillos del Congreso el grupo parlamentario de UP y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

El resultado es un éxito indudable. Un éxito legislativo que hay que celebrar, sin duda, porque los avances son los mejores instrumentos pedagógicos para demostrar la importancia de la lucha social. Al mismo tiempo que supone una responsabilidad. Sin la movilización social y el impulso político no tendríamos ley, sin un movimiento memorialista más fuerte y una mayor presencia de la izquierda en las instituciones la ejecución de la ley no está garantizada.

(*) Responsable, en funciones, de Memoria Democrática del PCE

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