El pasado 28 de junio, un día antes de dar comienzo a la cumbre de la OTAN en Madrid, Pedro Sánchez y Joe Biden firmaban en Moncloa la Declaración conjunta entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. El presidente español destacó durante la conferencia de prensa posterior que se trataba de la primera declaración conjunta en veinte años, desde que Josep Piqué, el ministro de Asuntos Exteriores de Aznar, y la exsecretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, suscribieran la última en 2001. En apenas cuatro folios y dieciocho puntos, el texto recoge una serie de genuflexiones equiparables a las famosas reverencias de Piqué ante George Bush a pie de la escalerilla del Air Force One.

Cuatro aspectos destacan por encima de los demás: la ampliación “del estacionamiento permanente de buques de guerra” en la base de Rota; el reconocimiento de “la centralidad de la Alianza de la OTAN para garantizar la paz y la seguridad transatlánticas”; la promoción de “un crecimiento económico fuerte, sostenible e inclusivo que genere empleo de calidad”; y “la colaboración en un enfoque integral para la gestión de los flujos migratorios irregulares que garantice un trato justo y humano de los migrantes”. Con respecto a este último punto, es preciso recordar que cuatro días antes de la firma de la Declaración se habían producido los asesinatos de decenas de migrantes frente a la valla de Melilla, cuyas imágenes conmovieron al mundo.

Esta vergonzante genuflexión por escrito a la política de los EE.UU. en materias de defensa, política exterior, economía o migración, contiene perlas que no precisan comentarios: “EE.UU. y España consideran la agresión de Rusia a Ucrania como la amenaza más directa para la seguridad transatlántica y la estabilidad mundial desde el final de la Guerra Fría”; “continúan animando a China a cumplir sus compromisos dentro del orden internacional basado en reglas”; “comparten los valores fundamentales de defensa de la libertad, la equidad y la igualdad, la democracia y el estado de derecho”; “reafirman su compromiso con una política exterior guiada por la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y de poblaciones vulnerables”; o cooperarán “para fortalecer la gobernabilidad democrática y proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo, especialmente en los países de América Latina y el Caribe”, entre otras joyas literarias. Al día siguiente del encuentro de ambos presidentes en Moncloa, se inició la cumbre de la OTAN, que Pedro Sánchez definiría como una «reunión de democracias por la democracia”.

Parece poco probable que, sin habernos enterado, EE.UU. haya garantizado el seguro médico universal, las vacaciones pagadas, las bajas laborales o las bajas por maternidad; que haya ilegalizado los vientres de alquiler y revocado la sentencia del Supremo sobre el aborto; que haya dejado de organizar golpes de Estado, cerrado las bases militares en el extranjero y levantado el bloqueo sobre Cuba; que haya cesado de perseguir y represaliar a las personas migrantes, derribado el muro de la vergüenza con México y erradicado la endémica discriminación racial del país; que haya garantizado vivienda a las miles y miles de personas que viven en las calles o en aparcamientos, rebajado su masificada población carcelaria, regulado la venta de armas de fuego y puesto fin al número de muertes que producen anualmente; o que haya desaparecido la multimillonaria deuda estudiantil, por citar algunos ejemplos de promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. Quizás no nos hayamos enterado, y por ello EE.UU. se ha convertido en lugar de peregrinación de dirigentes y cargos institucionales, como durante la Transición lo fue de Felipe González o Carrillo, cuando realizaron sus correspondientes giras por el centro del imperio.

Cabe preguntarse cuáles serán las consecuencias sociales de la política exterior del gobierno. ¿Son compatibles el aumento desmedido del gasto en defensa, el constante envío de armamento a Ucrania, las sanciones ilegales a Rusia, el cambio histórico con respecto al Sáhara, la ruptura de relaciones con Argelia y, en general, la sumisión a la política militar y económica de los EE.UU. con el llamado escudo social?

— Y digo yo… ¿aquí no haría falta una Revolución?

— Y luego, ¿por qué me lo preguntas?