Los sindicatos uruguayos volvieron a desafiar al Ejecutivo de Luis Lacalle Pou. El pasado jueves 15 de septiembre, un millón de personas secundaron el paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para vivienda y educación desafiando al gobierno de derechas.

Convocado por la central que reúne a la mayoría de los gremios y sindicatos del país, el PIT-CNT, este es el cuarto paro general en Uruguay desde que Lacalle asumió la presidencia. El primero se remonta a 2020 que paralizó el funcionamiento de las actividades públicas uruguayas. Los otros fueron el paro nacional del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; y el paro parcial del 7 de julio por el “crecimiento desigual”.

Apelando a José Artigas y su frase “que los infelices sean los más privilegiados”, la central obrera convocaba al paro general en defensa del salario y el trabajo. Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical PT-CNT, declaró en rueda de prensa: » La gente no está llegando a fin de mes. Hay una estrategia que está concebida como un modelo de crecimiento excluyente y de acumulación que es para unos pocos» y añadió: «Es una señal muy poderosa, muy fuerte, que está emitiendo el movimiento sindical«. La central informó que se llevaron a cabo «diálogos con la población, barriadas y repartos de materiales» en todo el territorio según informaron más de sus cien filiales distribuidas por el país.

Abdala comentó que aunque el PBI uruguayo se recuperó a niveles anteriores a la pandemia, los salarios y las jubilaciones «no solamente no acompañaron el crecimiento, sino que soportan una reducción del 4% de todo el poder de compra«.

Otro de los reclamos del paro fue la eliminación de las AFAPs, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, empresas privadas que administran los aportes jubilatorios de los trabajadores para el tramo de ahorro individual (capitalización individual) y contra el anteproyecto oficial del Poder Ejecutivo sobre la reforma del sistema de seguridad social que el PIT-CNT consideró regresivo al aumentar en 5 años la edad de jubilación.

También demandan el aumento del presupuesto para la educación pública, particularmente a la Universidad de la República (UDELAR); y actuar contra la pérdida de derechos impuesta en la Rendición de Cuentas respecto al proyecto de certificaciones médicas.

Y, como siempre, estuvo presente el reclamo por Verdad, Memoria y Justicia sobre el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura militar.

(*) S. político Núcleo Argentina PCE Exterior