El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid para impedir que empresas y asociaciones sospechosas de antisemitismo puedan recibir dinero público, sea por contratos o por subvenciones.

Eso es lo que dice el texto, pero la realidad es bien distinta. Esta Proposición de Ley lo que pretende es cortar fuentes de financiación a organizaciones que trabajen la solidaridad con Palestina, buscando equiparar el antisemitismo al antisionismo, y criminalizando las críticas a Israel tal y como han denunciado desde el movimiento de solidario con Palestina.

La propuesta está impulsada por ACOM, un lobby sionista que tiene estrechos vínculos tanto con el PP como con VOX y ha llegado a trámite gracias a que el PSOE decidió no bloquearla, mientras que Unidas Podemos la rechazó al considerar que se trata solo de una estratagema para penalizar a las ONG y entidades sociales que apoyan la causa palestina.

La única oposición frontal a la iniciativa ha partido de Unidas Podemos. “Nadie en su sano juicio puede sino condenar el antisemitismo”, apuntó su diputado Antón Gómez-Reino, quien, sin embargo, defendió que ese no es el propósito último de la iniciativa. Gómez-Reino insinuó que el texto ha sido inspirado por la Embajada de Israel y que su objetivo real es “cortar la financiación de ONG y asociaciones que denuncian la vulneración de los derechos humanos en tierra palestina”

Además esta ley pretende limitar cualquier crítica a la entidad sionista de Israel. Si el texto que ahora pasará a debate se aprobara tal y como está, podría ser utilizado para criminalizar a las personas que dijeran que Palestina es un campo de concentración promovido por Israel o que compararan el genocidio que sufre el pueblo palestino con el que sufrieron los judíos durante los años 30 del siglo XX.

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