El 20 de noviembre es una fecha clave en la historia reciente de España. Ese día moría el dictador y cada año se recuerda. Por un lado, viejos nostálgicos del régimen anterior celebran algunas misas y actos públicos de poca afluencia y por otro lado, y de manera más extendida, el movimiento antifascista también sale a la calle para recordar que la lucha contra el fascismo no ha acabado.

Entre los primeros destaca un lugar predilecto, el Valle de Cuelgamuros, conocido antiguamente como el Valle de los Caídos que ha tenido que cambiar su nombre en aplicación de Ley de Memoria Democrática, de momento el único cambio que ha llegado, pero las asociaciones memorialistas y el movimiento republicano piden más: la expulsión de los benedictos de la basílica, la reconversión del recinto en memorial antifascista y demolición de la cruz.

Para reclamar esto, decenas de personas convocadas por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de la Sierra del Guadarrama y La Comuna (presos y presas del franquismo), y apoyados por el PCE e IU entre otras organizaciones, se han concentrado este domingo frente a la puerta de acceso al recinto, en donde además de reclamar el cumplimiento integro de la Ley de Memoria Democrática, han criticado que la Delegación del Gobierno permitiera una marcha falangista al Valle «teniendo en cuenta que al año anterior los integrantes de la marcha (‘fascista’) atacaron a jóvenes junto a una discoteca con armas táser sin que la Guardia Civil hiciera nada para detenerles».

Los colectivos convocantes se han preguntado cuáles son las medidas reales que tomará el Gobierno de España, asegurando tras ello que «la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial no harán nada». Para ello proponen, además de la prohibición de la marcha, continuar con las materias en referencia a dicho Valle y han pedido justicia para los represaliados de tan tremenda dictadura.

Las entidades memorialistas y republicanas han reivindicado la exhumación de los restos de los miles de republicanos trasladados al Valle sin autorización de sus familias. Con esta queja, han denunciado por prevaricación a la alcaldesa de San Lorenzo por «impedir la recuperación de los restos de los republicanos».

Además, dichos colectivos han mostrado también su oposición al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, -en trámite en la Asamblea tras recibir los votos a favor del PP y Vox- que quiere blindar el Valle de Cuelgamuros frente a la Ley de Memoria Democrática argumentando que este defiende «los símbolos religiosos de la región, los de todos».

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