Según ha publicado el diario  Público, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno ha iniciado los trámites para retirar cualquier insignia, placa o elemento de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura en los edificios que ocupan, para que sean objeto de retirada.

La norma que se invoca para eliminar los símbolos franquistas es la Ley de Memoria Democrática, que establece que la administración, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptará las medidas oportunas para la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática cuando estén ubicados o colocados en edificios de carácter público.

«El compromiso del Ministerio de Trabajo con el cumplimiento eficaz y efectivo de la ley de memoria democrática es inquebrantable. Hemos impulsado como primera medida la retirada de medallas al trabajo a los miembros del aparato de represión franquista y ahora vamos a revisar todas las instalaciones del Patrimonio Sindical Acumulado«, han declarado a Público fuentes del Ministerio de Trabajo.

Muchas de estas edificaciones, recuerdan desde Trabajo, «proceden del antiguo Sindicato Vertical y, por lo tanto, tienen mucha simbología franquista y de la época de la dictadura que ha estado durante años muchas veces en los sitios más principales de las ciudades españolas faltando el respeto a las víctimas de la dictadura».

Hace un mes, la propia ministra de Trabajo anunció que iniciaba los trámites para retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo al dictador Francisco Franco y a otros destacados franquistas como el general Juan Yagüe, el exministro José Solís o el cardenal Enrique Pla y Daniel. 

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