El pasado año 2021, 705 trabajadores y trabajadoras se dejaron su vida trabajando. Es decir, el terrorismo patronal siega 2 vidas al día. Una cifra alarmante que va en aumento en este año. En el primer semestre de 2022 ya han fallecido 394, 60 más que en igual período del año anterior. Por ello, desde los ministerios del Interior, Justicia, Trabajo y Economía Social han suscrito un convenio con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impulsar la investigación «eficaz y rápida» de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras y la ejecución de las sentencias condenatorias, así como para la toma de conciencia social de este problema.

El convenio presentado este martes tiene la finalidad de “combatir” la lacra de los accidentes laborales y “evitar la impunidad de sus responsables”, según han declarado las autoridades durante su presentación. El texto establece “mecanismos de cooperación” y “canales de comunicación” entre las partes para garantizar la investigación “eficaz y rápida” de estos sucesos y la ejecución de las sentencias condenatorias.

Por ello entre otras cuestiones, con este nuevo convenio se define la actuación que deben seguir los diferentes actores implicados en la investigación de los accidentes más graves. Así, respecto a la Policía Judicial establece que deberá actuar con “rapidez” para preservar las pruebas necesarias. Sus agentes tendrán que poner especial atención a la identificación de los testigos y la información que puedan facilitar sobre la existencia o no de medidas de seguridad, así como de denuncias previas ante la propia empresa sobre esta cuestión.

Además, la Policía Judicial podrá averiguar las distintas empresas que intervienen, incluso en régimen de subcontratación, en el trabajo en que se produjeron los hechos, así como los responsables y patrones de las mismas. Todo ello con la finalidad de hacer atestados “rigurosos” que permitan facilitar la labor posterior de jueces y fiscales en la investigación de los hechos y poder condenar a los culpables.

El documento también da relevancia a la actuación de los inspectores de trabajo. En el convenio figura que estos funcionarios deberán desplazarse “inmediatamente” al lugar del accidente para valorar los medios de protección colectiva (redes, barandillas…) e individuales (cascos, botas, cinturón, guantes…) existentes, así como realizar cualquier otra actuación que permita comprobar las circunstancias del accidente, sus causas y sus posibles responsables.

También se incrementará la formación en la prevención, desarrollando planes de formación sobre siniestralidad laboral y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los que se podrán beneficiar los distintos actores implicados como los fiscales, jueces, inspectores de trabajo, médicos forenses, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los técnicos en Seguridad de Higiene en el Trabajo.

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, ha valorado positivamente el acuerdo declarando que “hoy firmamos con la Fiscalía un convenio para la investigación rápida de delitos contra la vida y salud de las trabajadoras y trabajadores. Reducir los accidentes laborales es urgente”, recalcando que “nadie debe perder la vida en su trabajo y eso exige de un esfuerzo colectivo.”

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