Unos presupuestos para la protección y la movilización social

Son muchas las cifras que se incluyen en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La mayoría implican un refuerzo de políticas muy necesarias, las detallaré a continuación, y otras no pueden calificarse de otra manera que de malas noticias, como el aumento del gasto en defensa que hemos criticado sin paliativos desde todas las instancias. También hay lagunas significativas, sobre todo en inversiones territoriales que desde nuestra presencia en el gobierno y el grupo parlamentario intentaremos cubrir. Pero más allá de las cifras es imprescindible una valoración política de los PGE, entender su significación en la última fase del gobierno de coalición antes de las próximas elecciones generales, subrayar ante la crisis en la que estamos inmersos el papel que deben desempeñar para la respuesta que se articule desde todas las instituciones y las organizaciones sociales.

El contexto socioeconómico de crisis e incertidumbre obliga a dar una respuesta concreta. No es una cuestión de retórica o de cálculo por intereses electorales. En momentos cruciales como los que estamos viviendo, un proyecto político o muestra su utilidad con medidas eficaces o corre el riesgo de convertirse en una fuerza irrelevante. Estos presupuestos para 2023, con todas sus contradicciones, son una herramienta necesaria para afrontar las principales preocupaciones económicas de las familias en nuestro país, afectadas, en muchos casos de manera dramática, por el importante aumento de los precios de bienes y servicios básicos. El deterioro de las condiciones de vida es ya una realidad, también lo es la decisión de optar por el camino opuesto al modelo de gestión de la crisis iniciada en 2007. Lo hemos vivido ya con la formulación del “escudo social” ante el impacto de la pandemia, ahora se profundiza con las medidas que ya se han adoptado y las que se incluyen en los próximos PGE.

El esfuerzo presupuestario y de otras políticas complementarias en materia social por parte del gobierno de coalición es innegable. Por mucho que la derecha mantenga una estrategia de ruido mediático para distraer la atención, los datos son incuestionables. Sin duda son medidas insuficientes ante la gravedad de la situación que estamos viviendo, pero tienen un impacto real, que afecta a la vida cotidiana de todas las personas. Se ha procedido a una revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas, se ha puesto en marcha y se ha incrementado el Ingreso Mínimo Vital, la negociación con los sindicatos se ha traducido en un aumento de los salarios de los empleados públicos, hemos presenciado el mayor aumento de las becas educativas desde que se crearon, se ha prorrogado el bono del alquiler de vivienda joven, se han establecido abonos gratuitos en las cercanías de Renfe y el bono social térmico, se han destinado mayores recursos para la atención sanitaria primaria, la salud mental y la dependencia, o se ha fortalecido la protección por desempleo.

Esto último tiene un componente simbólico al recuperarse ahora el nivel de protección previo al recorte producido en 2012. En esa fecha, el gobierno de Mariano Rajoy recortó la prestación contributiva por desempleo a partir del séptimo mes del 60% al 50% de la base reguladora, siguiendo el criterio neoliberal de combatir las crisis con menos Estado y con el recurso al darwinismo social. Ahora, la prestación será de nuevo equivalente al 60% de la base reguladora a partir del día 181 y hasta el final de la prestación, beneficiando a las personas trabajadoras con salarios más reducidos. No nos conformamos con volver a la situación anterior, nos movilizamos para alcanzar una cobertura plena, pero lo que está claro es que está crisis, por primera vez en nuestra historia, se afronta con recuperación de derechos y medidas que favorecen a la clase trabajadora.

Continuidad y salto cualitativo

La apuesta que ahora se consolida supone una línea de continuidad con el diseño de las políticas del gobierno de coalición desde su constitución. Los PGE para 2021 fueron determinantes para superar el desastre económico provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, invertir en la transición ecológica y en la digitalización de la economía, y fortalecer las políticas de igualdad de género, los servicios públicos y la cohesión social. Con los aprobados para 2022 se continuó con la expansión de la política fiscal para consolidar la recuperación económica y apuntalar los servicios públicos en el marco del “escudo social”, haciendo pleno uso de la financiación europea.

Esta orientación sostenida no ha llovido del cielo. A pesar de la pretensión propagandística del PSOE, ha sido el resultado de duros debates en el seno del gobierno contra las tendencias más liberales de nuestro socio. Unidas Podemos ha tenido una participación destacable en cuestiones como el avance hacia la universalización de la educación infantil de primer ciclo, las ayudas al alquiler para jóvenes, el aumento de las becas y los recursos para la atención primaria y la salud mental, o la lucha contra la pobreza energética. Una forma de visualizar las prioridades de UP es hacer una relación de las medidas más importantes que gestionan los ministerios que dirige.

Así, en los PGE de 2021 se destacaron medidas como el refuerzo y la recuperación de los servicios sociales con el plan de choque en dependencia, incrementando en un 46% la aportación del Estado para revertir los recortes de 2012 para lo que se destinaron 603 millones de euros. El plan de inversiones en cuidados de larga duración contó con 708 millones de euros. El refuerzo de la financiación de los servicios sociales públicos y el plan de modernización fue dotado con 237 millones de euros. Y el impulso a la conciliación y el sistema de cuidados, que incluyeron la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y el plan “corresponsables”, tuvo 536 millones de euros para su desarrollo. El plan de refuerzo y consolidación de los juzgados para la mejora de la financiación de las administraciones territoriales dentro el pacto de Estado contra la violencia de género, implicó el aumento de la dotación presupuestaria contra la violencia de género (estrategia nacional para la erradicación de las violencias machistas), el plan ”España te protege frente a la violencia machista”, o el plan nacional de inserción socio-laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución con 140 millones de euros.

La protección del empleo (ERTES y plan MECUIDA) contó con 4.000 millones de euros. A la modernización de los servicios públicos de empleo se destinaron 185 millones de euros. Al impulso de las políticas activas de empleo 1.962 millones de euros. Las ayudas extraordinarias para los colectivos con dificultades de inserción laboral se reforzaron con 43 millones de euros y la puesta en marcha de la estrategia de economía social 2021-2027 con 3 millones de euros. El plan de impulso del trabajo autónomo y de las entidades de economía social, se presupuestó con 7 millones de euros. Asimismo, se reforzó la inspección de trabajo con 5 millones de euros. En el ministerio que dirige nuestro compañero Alberto Garzón, a las políticas para la protección de los derechos de las personas consumidoras vulnerables, el impulso y fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, la mejora de la red de alertas y de los sistemas de control de la calidad de productos de consumo, la prevención de la ludopatía y control del juego, o los planes y programas sobre seguridad alimentaria y nutrición, se destinaron con 26 millones de euros.

El actual proyecto de presupuestos profundiza en las anteriores líneas y da un salto cualitativo ante la perspectiva de un conjunto de necesidades no cubiertas y una crisis económica que puede afectar seriamente las perspectivas inmediatas de la mayoría de las familias. Estas políticas continuarán reforzándose gracias a la insistencia de UP. Entre ellas debemos destacar el gasto en dependencia que aumenta en un 23,3%. Se destinan 726 millones de euros para el plan de apoyos y cuidados de larga duración. El Ministerio de Igualdad aumenta sus recursos un 14% y supera por primera vez los 500 millones de presupuesto. Se transfieren a las comunidades autónomas 190 millones de euros para el plan “corresponsables”. El pacto de Estado contra la violencia de género supera los 200 millones de euros por primera vez. El programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres cuenta con 225 millones de euros. Los recursos para el fomento del empleo aumentan un 3,3% y alcanzan 7.650 millones de euros. Las partidas del Ministerio de Consumo aumentan un 47% en seguridad alimentaria y nutrición, protección y promoción de los derechos de consumidores y usuarios, y en regulación del juego y lucha contra las ludopatías.

Refuerzo del sector público

Pero estos presupuestos para 2023 son algo más que un instrumento para fortalecer los servicios y las políticas sociales. Siendo imprescindible para una política progresista aumentar la protección a las familias cuando las condiciones económicas son adversas, también lo es seguir apostando por el cambio en profundidad. Solo así se conseguirá un modelo más sostenible económica y ambientalmente, que consolide también los avances sociales y ponga en cuestión los intereses egoístas de las grandes empresas. Se trata de incorporar los cambios tecnológicos, las innovaciones y la transformación digital, y fomentar la transición verde, la economía circular y las energías renovables. Las medidas son tímidas todavía, ya que sería necesario recuperar un mayor peso del sector público e introducir mecanismos de planificación en función de los intereses de la mayoría social, pero se ha roto con el dogmatismo liberal y la perspectiva está marcada para seguir avanzando en ella.

El gobierno de coalición considera al sector público como locomotora para impulsar la inversión y fortalecer el tejido productivo. Las inversiones reales del Estado superan por primera vez el umbral de los 10.000 millones de euros. Si sumamos los fondos europeos llegaremos a invertir 11.867 millones de euros, un 33% más que lo presupuestado en 2022. El 72% de los recursos europeos se destinan a impulsar un cambio de nuestro modelo productivo. Las actuaciones presupuestarias de carácter económico alcanzan 57.400 millones de euros. También se invertirán 11.606 millones de euros para la industria y la energía.

Así, la política de industria y energía contará en 2023 con unos recursos, descontado el mecanismo de los fondos europeos, de 5.681 millones de euros. A través de dicho mecanismo se financiarán actuaciones por importe de 5.925 millones de euros, lo que totaliza unos recursos de 11.606 millones de euros para esta política.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contará con 21.273 millones de euros, de los que 16.550 millones de euros se destinarán a inversiones en vivienda, infraestructuras y movilidad, ejecutados tanto de forma directa como a través de las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que se les transferirán 4.100 millones de euros. Se apuesta por una movilidad descarbonizada, donde el ferrocarril sigue siendo el gran protagonista con 7.991 millones de euros de inversión prevista en 2023, lo que supone duplicar la cantidad heredada en 2018. El Ministerio de Ciencia e Innovación aumenta su presupuesto por tercer año consecutivo. La inversión directa del ministerio, el presupuesto no financiero para 2023, será de 3.991 millones de euros, un aumento del 3,9% con respecto a 2022. Este presupuesto supone casi duplicar la inversión directa en ciencia e innovación desde 2020, con un 98% de incremento en solo tres años.

Giro fiscal y llamamiento a la movilización

Por último, se introducen en los PGE 2023 medidas para mejorar la progresividad fiscal, la suficiencia y la equidad de nuestro sistema tributario. En el IRPF se aumenta de la tributación de los rendimientos del capital y se incrementa la reducción de los rendimientos del trabajo. A su vez, se amplía la reducción del rendimiento neto para los autónomos. En el Impuesto de Sociedades se limitan las pérdidas deducibles de las filiales en los grupos consolidados y se reduce el tipo impositivo hasta el 23% para las empresas de menor dimensión. En cuanto al IVA se rebaja hasta el 4% del tipo en los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales. Otras medidas tributarias siguen tramitaciones parlamentarias distintas a los PGE y tendrán su desarrollo legislativo, como el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas e impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías eléctricas y entidades financieras. La hemeroteca y el propio diario de sesiones del Congreso de los Diputados demuestra de manera palmaria el papel que UP ha desempeñado en este giro fiscal, modesto sin duda si lo comparamos con nuestras aspiraciones, pero rompedor con el pensamiento único hegemónico hasta hace poco.

Enrique Santiago en su intervención en el debate a la totalidad de los PGE que ha tenido lugar mientras escribo estas líneas, dentro del turno de Izquierda Unida en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha expresado con claridad lo que nos jugamos con este proyecto de presupuestos: la capacidad del Estado de intervenir ante el deterioro económico y el impacto de ese compromiso que guía nuestra actuación política de exigir que quienes más tienen afronten su responsabilidad. No es concebible que mientras la mayoría de la población sufre de manera directa las consecuencias de la crisis, las grandes empresas aumenten sus beneficios, no es aceptable que mientras las administraciones públicas invierten en derechos la patronal escatime las subidas salariales para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso, la mejor manera de defender el proyecto de PGE, es la llamada a participar en las movilizaciones del 3 de noviembre y las que vendrán. Estos PGE no son un punto de llegada, son el inicio de una disputa por la salida a la crisis en la que deberemos luchar por fortalecer nuestras posiciones en el gobierno y las instituciones al mismo tiempo que apoyar, fomentar y articular una movilización social sostenida, la única vía para que la alternativa favorable para la mayoría social se abra camino en el difícil escenario que tenemos por delante.