En pasado 24 de noviembre, el Pleno del Congreso daba luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y tres nuevos impuestos dirigidos a redistribuir la riqueza. Aprobándose con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones, la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Pero la aprobación de esta de esta norma que supone un paso adelante en la construcción de un sistema tributario más justo y progresivo y que permite reforzar el Estado del Bienestar y la capacidad del Estado para responder a situaciones extraordinarias como la actual, ya ha encontrado la primera oposición. La patronal AEB, que representa a los principales bancos en España ha anunciado una batalla legal contra este gravamen.

En concreto se oponen a que tengan que pagar 4,8% del margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras, también conocido como el margen de intermediación, de los bancos que ingresen más de 800 millones de euros al año en España. Una autentica declaración de intenciones, por parte de la gran banca, si además tenemos en cuenta sus indecentes beneficios cuya rentabilidad en España está en el 8,8%.

Cabe recordar que en 2021 la banca batió récords y ganó 10.729 millones de euros con las comisiones aplicadas a sus clientes, cobrando por servicios que deberían ser gratuitos por ser básicos y que suponen casi el 40% de su negocio. En números, los bancos ingresan 29 millones al día. 1,2 millones por hora, solo en comisiones. Es por ello que el real decreto-ley convalidado el pasado jueves prohíbe trasladar a los consumidores un aumento de las comisiones, lo cual también ha irritado al sector bancario.