La película sobre los juicios que el gobierno democrático de Raúl Alfonsín realizó valientemente, a través de la fiscalía, a los máximos responsables de la brutal dictadura que sacudió a la Argentina entre 1976 y 1983 ha sacudido la opinión no solo de los argentinos sino también en otros países. Candidata a los premios Oscar, ha tenido críticas por obviar o pasar ligeramente por la participación de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), así como el Informe Sábato (Nunca Más) o el mismo gobierno de Alfonsín y su participación.

Aun así, el filme constituye un documento imprescindible para acercar las nuevas generaciones a unos hechos trágicos, que se constituyeron en una de las muestras más terribles de todas las sevicias que puede realizarse desde el poder: muertes, torturas, desapariciones, robos de bebés y de propiedades.

Algo de esto debía estar en el recuerdo de los herederos del franquismo que inauguraban eso que se trataba de llamar transición; pues a indicaciones directas al embajador en Buenos Aires del hijo político de Franco, Juan Carlos I, España se aceleró en reconocer, el 24 de marzo de 1976, el golpe de estado y la dictadura, compitiendo velozmente con especímenes igual de siniestros como Pinochet o el boliviano Hugo Banzer.

Menos de dos años después el monarca español visita como Jefe de Estado una Argentina donde los gritos de dolor de los presos torturados llenaban los centros de detención, y los cadáveres aparecían en las costas tirados desde aviones con la bendición de obispos y curas.

Y en esa visita condecoraba al general Jorge R. Videla, y por extensión a esa pandilla de asesinos, con el Collar de Isabel la Católica, y se dirigía a la colectividad española con un palabrerío vacío de contenidos, mientras desoía e ignoraba las innumerables cartas de familiares de españoles desaparecidos.

Mientras tanto florecían los negocios y se apoyaban mutuamente los regímenes en las votaciones de integración o reconocimientos ante organismos internacionales.

A pesar de que tímidamente el PSOE, en fase interna denunciaba la situación argentina, el posterior gobierno de Felipe Gonzáles continuó con esas relaciones comerciales y con contactos directos, y en esa tarea de buscar apoyos directos y votos para favorecer su presencia en los foros mundiales. Incluso, cuando la dictadura argentina se iba debilitando a partir de la Guerra de la Malvinas, suministró información sobre los actos y manifestaciones que la colonia exiliada en España desarrollaba contra los militares.

Estableciendo un paralelismo con el juicio y la condena de los Videla, Massera, Agosti, Viola y otros cinco altos cargos de la dictadura y responsables directos de 30.000 desaparecidos y miles de exiliados y torturados, podemos indicar que España vivió una situación igual de terrible pero con una represión que duró 40 años, con consecuencias igual de funestas y donde permanecen desaparecidos en miles de tumbas y zanjones más de 130.000 personas, cuyos errores fueron ser simples obreros y obreras, jornaleros, maestras, periodistas y profesores, a los que además de la vida le fueron arrebatados sus bienes y en algunos casos hasta sus hijos.

Ese poder político, económico, judicial y religioso que “se acostó franquista y se despertó demócrata” ha impedido de todas las formas posibles la investigación y la reparación de esas víctimas, con la complicidad de un estamento clasista de la judicatura que, incluso, expulsa de la carrera judicial en 2012 durante 11 años, al juez Baltasar Garzón, quien años antes había abierto una causa por los crímenes franquistas, y que había sido decisivo en la condena de Augusto Pinochet, en la investigación de la dictadura argentina y sus secuaces en España, y sobre los presos en Guantánamo.

Esta expulsión fue contestada por más de 15000 juristas internacionales y por organismos como la ONU, que han terminado por dar la razón al juez, ante el silencio de los sucesivos gobiernos españoles.

El juicio llevado a cabo en la Argentina por el fiscal Julio César Strassera es una muestra de que los verdaderos fines de las sociedades es enfrentar su pasado con decisión y valentía, enfrentándose incluso a los enemigos de ella.

Eso, en España, es una tarea que todavía no se ha realizado.

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