El pasado 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo, fue apartado forzosamente de la presidencia del país por un Congreso prácticamente sin legitimidad, asumiendo de facto el poder la que hasta ese momento había sido vicepresidenta, Dina Boluarte.

Han pasado 16 meses desde que Castillo asumió la presidencia de Perú. Dieciséis meses de inestabilidad política fomentada por la extrema derecha y la oligarquía peruanas que no han tenido voluntad de respetar la voz de las clases populares del país quienes en 2021 dieron, a través de las urnas, la victoria a Pedro Castillo con la esperanza de reducir la brecha de desigualdad que vive el país desde hace años.

Desde ese fatídico 7 de diciembre en donde el fujimorismo, aprovechándose de los posibles errores de Castillo, y con una presidència de facto en el poder, se ha decretado el Estado de Emergencia, se reprimen brutalmente las manifestaciones que claman por la libertad del profesor y por un proceso constituyente y se han allanado sedes de organizaciones sociales y de partidos políticos de izquierda. Son ya más de 20 muertos los que asılan el país, 200 personas heridas que se suman a detenciones arbitrarias y desapariciones.

La OEA no ha tardado en ponerse del lado del poder de facto y EEUU ya metió sus garras cuando hace un año nombró embajadora en Perú a Lisa Kenna, miembro de la CIA quien un día antes del golpe se reunió con el Ministro de Defensa peruano.

Numerosos líderes y lideresas de izquierda de la región han manifestado su preocupación por la situación que atraviesa Perú y el profesor Castillo. Gustavo Petro señalaba que tras su visita a Lima hace un mes se encontró a un Presidente que estaba bajo un intento de golpe parlamentario que finalmente se ha hecho efectivo.

Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida y Secretario de Relaciones Internacionales del PCE, ha solicitado al Alto Representante de la UE para asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que condene la represión que se está llevando a cabo en Perú por parte del gobierno de facto y que congele las relaciones con el país hasta que existan garantías y respeto por los DDHH.

Mientras el juez supremo dicta 18 meses de prisión preventiva contra Castillo por rebelión y conspiración a pesar de que no e dan lo tipos legales, las calles de Perú continúan ardiendo exigiendo la libertad del profesor, la inmediata convocatoria de elecciones y el inicio de un proceso constituyente que de una vez por todas de un portazo a cualquier resquicio de fujimorismo que aún persiste en el país.

El PCE también ha exigido una salida democrática contra un golpe de estado que la oligarquía peruana llevaba planeado dede que Castillo llegara a la presidencia puesto que jamás le perdonarán su origen popular y humilde y mucho menos que se atraviese a plantear políticas que hicieron peligrar sus privilegios.

Urge el respeto de la democracia en Perú, urge la convocatoria inmediata de elecciones, urge que el pueblo pueda hablar y sea respetado.

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