OTAN NO y Presupuestos de Defensa para 2023

El Ministerio de Defensa acumula más del 2% del PIB, superando así lo exigido y comprometido con la OTAN
Margarita Robles, ministra de Defensa
Margarita Robles, ministra de Defensa | Foto: moncloa.gob.es

En cualquier negociación hay mucho por calibrar, mucho más si nos referimos a las cuentas públicas de un país como el nuestro en unas circunstancias tan especiales como las actuales. Mucho se ha hablado sobre el presupuesto de Defensa que forma parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, aunque intentaré desgranarlo algo más.

Son, en principio, 12.825 millones de euros; también, en principio, suponen 2.671,91 millones de euros más que los que aparecen en las cuentas de 2022. Y todo ello ‘en principio’, porque como bien recuerda el Centre Delàs D’Estudis per la Pau, si se añaden todas las partidas que afectan a Defensa englobadas en el conjunto de los PGE, la cifra podría ascender a 27.617,43 millones. Clases pasivas militares, CNI, apoyo a la innovación, organismos autónomos del Ministerio de Defensa… confieso que yo misma tengo dudas sobre incluir alguna que otra partida.

Partamos de la base de que no podemos posicionarnos en el rechazo, sin más, a que puedan aumentar algunas partidas de Defensa, ya que presupuestar correctamente algunas de ellas es no solo un derecho, sino una obligación. Ahí incluimos los salarios, la consolidación de retribuciones, los planes de conciliación, la movilidad geográfica, la actualización de determinados puestos de trabajo y estabilización de la plantilla, prevención de riesgos… un largo etcétera para mejorar las lamentables condiciones laborales que soportan lo que en términos castrenses se llama tropa y marinería. La clase trabajadora siempre es la castigada, también en el Ejército. 

Pero si miramos el Capítulo I (gastos de personal) del presupuesto vemos que únicamente se pasa de 5.016,84 millones a 5.375,48 millones, es decir, un incremento de poco más de 300 millones, por lo que no parece que sea esta la gran apuesta del ministerio que dirige Margarita Robles.

Lo que sí algunas tenemos muy claro es que la OTAN no solo es una alianza criminal, sino una alianza criminal obscenamente cara. Como está muy presente la infame cumbre celebrada a bombo y platillo antes del verano en Madrid y recordamos bien lo verbalizado por miembros muy concretos del Gobierno, incluido el presidente Sánchez, es necesario mirar más allá.

A la pregunta concreta de ¿cuánto aumenta la partida que responde a las exigencias de la Alianza Atlántica?, la respuesta es que aumenta en 2.221,61 millones de euros (Capítulo VI: Inversiones reales). Así que ya sabemos quién se lleva ‘el gordo’.  

Las grandes inversiones en armamento se hacen bajo el eufemismo de Planes Especiales de Modernización (PEM). Con un presupuesto de 5.868,93 millones de euros –solo en Defensa, que ya sabemos que Industria tiene lo suyo– este dinero se pretende repartir entre aviones, buques de vigilancia y combate, y diferentes armas de mayor o menor tecnología y características de fabricación.

Es cierto que apostar por nuestra soberanía incluye también hacerlo por la producción y, por tanto, por la industria de defensa española. Hemos aprendido de sobra que, si no producimos, estamos condenados a arrodillarnos ante las exigencias y los condicionantes externos. Lo hemos comprobado con empresas españolas como Navantia, Nammo o similares a través de las múltiples iniciativas que llevamos años presentando y nuestra cerrada defensa de sus plantillas y de su carga de trabajo.

Pero no es de esto de lo que estamos hablando ahora, por mucho que haya a quienes interesa señalar reiteradamente ahí, pero solo para que se mire al dedo y no lo que éste indica. Hablamos de acabar con una larga línea política de sometimiento a la OTAN y de los intereses del imperialismo. Para colmo, ahora todo ello justificado con el conflicto de Ucrania, que algunos han convertido en simple añagaza para alcanzar sus fines obviando cualquier otra consideración, incluida el irrenunciable trabajo diplomático para ponerle fin.

Volviendo al tema de las cuentas, algunas partidas van englobadas con el genérico y eufemístico concepto de ‘Cooperación Internacional’. Como presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados, sí tengo muy claras las inversiones que realmente van dirigidas a ello en las cuentas públicas y hasta dónde llega su alcance. La inversión total se sitúa en el 0,34% del PIB. Sí, se le ha dado un impulso, en buena medida por nuestra insistencia en el seno del Gobierno de coalición pero, como nos recuerda el informe de la Coordinadora de ONGD, ‘aún se sitúa lejos del ya conocido 0,7% del PIB, y a medio camino respecto al compromiso de legislatura del 0,5%’.

Con todas las cifras ya descritas, el Ministerio de Defensa acumula más del 2% del PIB, superando así lo exigido y comprometido con la OTAN. ¡Y no penséis que desde el ministerio lo ocultan! Se sienten muy orgullosos de ello.  

Pero si resulta fundamental entender algunas partidas de gasto, no lo es menos hacerlo con algunas de ingresos, más concretamente las denominadas ‘Exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso’. Según los últimos datos oficiales –informe de la Secretaría de Estado de Comercio del primer semestre de 2021–, el valor de las exportaciones realizadas en ese periodo fue de 1.633,9 millones de euros, con un incremento del 37,3% frente a lo alcanzado en el primer semestre del 2020 (1.189,7 millones de euros).

El 68,9% de las exportaciones españolas tuvo como destino a países OTAN (1.125,9 millones de euros). Si se suman las exportaciones a países de la Unión Europea y de la OTAN el valor de lo exportado fue de 1.136,8 millones, un 69,6%. El resto de las exportaciones (497,1 millones de euros, 30,4%, se repartieron entre 51 países, destacando Australia, con 269,9 millones de euros, en un buque de aprovisionamiento (261,5 millones de euros) y Arabia Saudí con 55,7 millones de euros en munición de artillería y componentes (31,8 millones de euros).

Es decir, se van a dedicar millones para fabricar armamento que, en parte, se venderá a países con la ‘tradición democrática’ de Arabia Saudí –previa carga en el Puerto de Sagunto– que se puede dedicar a exterminar a la población yemení. Todo escandalosamente en orden.  

Hemos conseguido arrancar importantes logros en materia de gasto social y de ampliación de derechos, y esperamos hacerlo aún más en lo que resta de legislatura, pero mientras sigamos ‘invirtiendo’ más en Defensa que en Cooperación Internacional como ejercicio de pleno sometimiento a la OTAN y al imperialismo de EE.UU, se evidenciará que aún falta mucho por entender y ahí sí que es necesario seguir dando la batalla.

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