El procurador general de Justicia de Sao Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, extendió este sábado un oficio a los órganos judiciales de Brasil para declarar inconstitucional el indulto concedido por el presidente Jair Bolsonaro el viernes a los militares que cometieron crímenes en la cárcel de Carandirú en 1992. Bolsonaro, presidente saliente de Brasil, aprovechó las fechas navideñas para beneficiar, entre otros, a los policías militares condenados por la mayor masacre carcelaria en la historia de Brasil, que dejó 111 reclusos muertos, hace 30 años.
El indulto es extensivo a todos los agentes del orden que hayan sido condenados por actos realizados por «su deber de actuar» o «en razón de riesgos» enfrentados por las fuerzas de seguridad, y beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandirú, en Sao Paulo, en 1992. Los agentes fueron condenados en sendos juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca han llegado a ser encarcelados, debido a maniobras judiciales, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
El Procurador de Sao Paulo solicitó al Procurador General de la República, Augusto Aras, la mediación del Ministerio Público Federal con la Corte Suprema de Brasil “a fin de disponer la interposición de Acción Directa de Inconstitucionalidad o Argumento de Vulneración de Precepto Fundamental”.
El magistrado consideró que “la renuncia objeto de este dispositivo viola no solo el derecho nacional sino, en particular, los mandatos internacionales, pues viola las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresadas en un informe sobre la masacre de Carandirú”.
El decreto presidencial «contiene un acto de gracia, con destinatarios determinados, contrario al artículo 188 del Código de Procedimientos Penales, que prohíbe el otorgamiento de este beneficio de oficio y exige una solicitud hecha por los interesados, algo que no ocurrió”, declaró.
«El acto presidencial es una afrenta a la dignidad humana, a los principios del derecho internacional público y a las decisiones de los órganos internacionales de los derechos humanos, por lo que es susceptible de responsabilizar a Brasil (una vez más) de violar los derechos humanos», escribió Sarrubbo.
La matanza de Carandiru se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de ese presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a casi 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres. La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir.
Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.
El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a entrar en prisión y fue absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de fallecer asesinado.
La cárcel de Carandiru fue cerrada en 2002 y luego demolida. Fue la prisión más grande de América Latina.
«Comprobamos ráfagas de ametralladoras a cerca de 50 centímetros del suelo, lo que indica que los presos fueron muertos arrodillados. Todas las marcas de tiros eran en una dirección. No había marcas en sentido contrario, lo que demuestra que no hubo tiros contra los Policías«. Diario Folha de Sao Paulo, 28 de septiembre de 1997.
