Organizaciones sociales y de derechos humanos, junto con Congresistas y la Campaña “Ni Un Día Más”, solicitaron en un comunicado que se otorgue la libertad inmediata de las personas designadas como voceras de paz por el Presidente Gustavo Petro, además de pedir que se designen nuevos voceros y voceras de paz.
Desde el mes de octubre de este año, organizaciones de derechos humanos, procesos sociales, familiares y abogados/as defensores/as de personas privadas de la libertad en contexto de la protesta, articuladas en la Campaña “Ni Un Día Más”, entregaron al Presidente de la República un censo de 201 personas privadas de la libertad en contextos de ejercicio de la protesta social. Igualmente, desde el anuncio del primer mandatario de delegar vocerías de paz este mes, se entregó un censo actualizado y carpetas de casos a la Comisión Intersectorial, creada por el Decreto 2422/22, en las cuales se aportaron perfiles, historias de vida, certificaciones de liderazgo o de pertenencia al movimiento social o de derechos humanos y las piezas procesales que acreditan la judicialización de estas personas por hechos relacionados con la protesta social.
El pasado 5 de diciembre, el presidente Petro anunció que los jóvenes encarcelados por protestar en el estallido social de 2021 serían nombrados gestores de paz y pasarían la Navidad con sus familias. El 16 de diciembre firmó la resolución que designaba los siete primeros jóvenes en ser nombrados voceros de paz y ser puestos en libertad con cargos. Sin embargo, ha pasado la Navidad y solamente dos jóvenes han sido puestos en libertad.
Las organizaciones y personas firmantes del comunicado rechazan «la demora y la excesiva ritualidad que la Comisión Intersectorial ha impartido a los trámites de verificación de listados entregados para la designación como voceros y voceras de paz a las personas privadas de la libertad en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta» y piden «que la Procuraduría General de la Nación ejerza sus funciones sin obstaculizar la orden legal de otorgar la libertad a las personas judicializadas por protestar, garantizando los estándares de derechos humanos que permitan priorizar el derecho a la libertad. Ningún funcionario o funcionaria que actúe para hacer cumplir la Ley 2272 de 2022 o el Decreto 2422 de 2022 debería ser perseguido o disciplinado».
A raíz de las protestas desarrolladas en el marco del Paro Nacional en 2021, alrededor de 300 personas fueron perseguidas por la Fiscalía General de la Nación. «291 personas fueron judicializadas, de las cuales 195 fueron privadas de la libertad en procedimientos policiales y penales donde han sido evidentes las violaciones a derechos humanos y las irregularidades desde el mismo momento de las capturas», subrayan los defensores y defensoras de derechos humanos, que recuerdan que la Fiscalía General de la Nación ha formulado recurrentemente macroimputaciones «con el fin de obtener medidas de aseguramiento privativas de la libertad e intimidar a las personas capturadas para la aceptación de cargos».
«También la Oficina en Colombia de la Alta Comisonada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- ha reconocido la utilización de tipos penales como terrorismo, concierto para delinquir con fines terroristas, secuestro y otros graves delitos que han generado imputaciones infladas que revelan la utilización del sistema penal para criminalizar la protesta y crear una matriz de opinión negativa según la cual, los y las jóvenes manifestantes aparecen como peligrosos delincuentes o integrantes de grupos armados», continúa el comunicado.
«La privación de la libertad de personas que ejercían su derecho a protestar, corresponde a razones netamente políticas, situación que amerita un especial tratamiento por parte del Estado Colombiano, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por los organismos internacionales de derechos humanos y en garantía del derecho a la paz. La puesta en libertad de jóvenes manifestantes hace parte del programa de Gobierno que motivó la votación masiva durante las últimas elecciones presidenciales».
Por todo lo anterior, los firmantes exigen al presidente Petro «que, antes de terminar el año, cumpla con la delegación de vocerías de paz y conmine a la Comisión Intersectorial para que agilice los trámites previstos para la delegación de nuevas vocerías de paz que permita la pronta libertad de las personas que hoy siguen en la cárcel por reclamar condiciones de vida digna».
El caso de Andrés Duque y Bremen Hinestroza
Andrés Duque y Bremen Hinestroza son dos jóvenes líderes sociales, estudiantes de la Universidad del Cauca, que se han destacado por su liderazgo en la lucha por el derecho a la vivienda. Sus nombres están en la lista de los primeros 7 voceros de paz designados por el gobierno a través del decreto presidencial firmado el 16 de diciembre, pero el juez, tras varios aplazamientos de su audiencia de sustitución de medida carcelaria, decidió mantenerlos en prisión este miércoles, 28 de diciembre.
Semejante arbitrariedad judicial provocó la indignación de las organizaciones sociales y colectivos que acompañan la lucha de estos dos jóvenes en Popayán, entre otros el Partido Comunista Colombiano, que emitió un comunicado en el que afirma lo siguiente:
«El pasado 17 de junio, y en días anteriores, en acción coordinada desde la fiscalía general de la Nación, fueron detenidos muchos jóvenes líderes reconocidos por su participación junto a cientos de miles de personas en las movilizaciones del año 2021. Al mismo tiempo, desde los medios de comunicación se corría el rumor de que lal lista era mucho mayor.
Estas detenciones tenían como objetivo ahuyentar de las calles, el máximo escenario de expresión del descontento a través de la movilización, y de las urnas a muchos jóvenes que se presumía votarían en contra del régimen que gobernaría solamente hasta el pasado 7 de agosto. Entre estos jóvenes caían en las garras de la injusticia los dirigentes juveniles Álvaro Andrés Duque y Bremen Hinestroza, ambos reconocidos en la Universidad del Cauca, entre los aprendices y funcionarios del SENA y entre las organizaciones formadas por miles de familias que luchan por el derecho fundamental a la vivienda. Aspecto este que les permitió hacer parte de mesas de negociación inclusive con el alcalde de la ciudad de Popayán señor Juan Carlos López Castrillón.
Las organizaciones sociales y políticas del Cauca reconocen a Andrés Duque y Bremen Hinestroza como líderes sociales, pero hoy la fiscalía en un intento desesperado por castigar la movilización social y la protesta, les imputa cargos que los quieren hacer parecer como delincuentes y si bien es cierto debe seguirse un debido proceso ante los señalamientos, bajo ninguna circunstancia se justifica que se les mantenga en detención carcelaria, acudiendo a ardides, que revestidos de formas legales, les permite aplazar audiencias y cuando al fin estas se realizan, desvirtúan el liderazgo social con delitos sobre los cuales las pruebas no son suficientemente sólidas ni coherentes.
Contrastan estas definiciones con las que en Cali asumen los jueces, cuando a pesar de imputar cargos a civiles y policías, que fueron grabados disparando contra los manifestantes, algunos identificados por torturar a otros jóvenes, hoy no tienen medida de aseguramiento.
Valoramos como decisiones que buscan el reconocimiento a estos liderazgos sociales y que aportan a la construcción de paz total, tanto desde el ejecutivo nacional como de la mayor parte de congresistas, propuestas como la de crear el grupo de gestores de paz que les permite a estos jóvenes ayudar a desarrollar gestiones en busca de soluciones a los innumerables problemas y conflictos que caracterizan nuestra cotidianidad nacional, por ello es incomprensible que a pesar de haberse promulgado el decreto 2422 que designa a Andrés Duque y a Bremen Hinestroza junto a otros líderes sociales como gestores de paz, la justicia payanesa pretenda ignorar dicho decreto presidencial.
Convocamos a todas las organizaciones sociales del departamento y del país entero, a las fuerzas políticas que propugnan por un estado donde la democracia y el concepto de justicia trasciendan los límites a que fueron sometidos por las interpretaciones que doctrinas políticas del poder económico dan al concepto de estado social de derecho, a pronunciarse solidariamente con nuestros líderes sociales, para que el proceso que en justicia deberá culminar con la declaración de inocencia, lo puedan realizar libres del aseguramiento intramural.
Andrés Duque y Bremen Hinestroza, no son delincuentes, son líderes sociales que gozan del respeto y admiración de miles de personas y de las comunidades que luchan por sus derechos fundamentales».
Colombia clama por la libertad de Álvaro Andrés Duque, Bremmen Hinestroza, Arles Andrés Bolaños, Laura Camila Ramírez y Juan Sebastián Galeano, nombrados gestores de paz por el decreto presidencial, y que permanecen en prisión por la arbitrariedad de los jueces. Hasta el momento solamente han podido regresar a sus casas Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez. La jueza que firmó su libertad, cumpliendo el decreto gubernamental, ha recibido amenazas y presiones de la Procuraduría. Todos los engranajes del Estado colombiano funcionan para reprimir a quienes protestan, acusándolos de graves delitos sin pruebas en montajes policiales y judiciales, reteniéndolos durante meses en cárceles donde sufren condiciones muy duras de reclusión, en muchas ocasiones a largas distancias de sus familiares, lo que afecta a su salud física, pero también mental, y causa grave sufrimiento a sus familias.
