Daniel Mauricio Astudillo estaba acabando la carrera de Derecho en Cali cuando tuvo que exiliarse, hace justamente un año. Ha solicitado asilo en España debido a una persecución judicial y policial. En el marco de la “Operación San Isidro”, la Policía efectuó 7 allanamientos y 5 capturas, los medios oficiales presentaron a los detenidos como a terroristas y a día de hoy dos personas continúan en la cárcel, esperando que avancen las campañas de liberación de los manifestantes presos en el marco del estallido social.
Como parte de la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, Daniel acudió a puntos de resistencia que fueron noticia por la descomunal violencia de la represión ejercida por el Estado colombiano contra civiles desarmados: Meléndez, Siloé, La Luna, el Paso del Aguante o Puerto Resistencia. La Policía allanó su domicilio con una orden judicial en mayo de 2021, y al ver fotos aéreas de su casa en la orden judicial, se dio cuenta de que había sido objeto de un seguimiento exhaustivo. Su caso está ‘congelado’, pero archivado.
GUADALUPE BARAHONA: Son muchas las personas que han sufrido persecución policial y judicial, en el marco de la protesta social. Se desató una caza de brujas, tratando de vincular la protesta al terrorismo. ¿A qué responde esta forma específica de represión?
DANIEL ASTUDILLO: La gran mayoría de estos procesos son montajes judiciales, donde se asume que por su rol de defensor o de líder social, la persona necesariamente está implicada con la insurgencia o con actos terroristas, que ha sido el libreto que ha venido utilizando el Estado colombiano.
Las capturas, así sea en la casa y con orden judicial o en una movilización, es producto de un seguimiento que hace la policía en contra de la organización y la movilización popular. Los perfiles de los detenidos son variados. En la ‘operación San Isidro’ fueron: defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, miembros de prensa alternativa y miembros de cooperativas de excombatientes en proceso de reincorporación. Eso ya dice mucho. El objetivo de la policía es hacer daño a la movilización social.
“En Colombia, los defensores de derechos humanos que están en las comunidades nacen de un marco de cuidado colectivo”
Hay dos maneras de golpear a la movilización social. La primera es el asesinato. Después de las grandes masacres en los 80 y los 90, los actores armados estatales y paramilitares que defienden el statu quo optaron por los asesinatos selectivos, sobre todo en los territorios. La segunda es tratar de vincular a los líderes sociales con grupos terroristas. Los cargos que en esos casos les imputan pueden ser: daño en bien ajeno, porte ilegal de armas, y los delitos que se le aplican a la delincuencia organizada.
Si bien es un imperativo que de una vez acabemos con la guerra y avancemos hacia la paz total como sociedad, ya estamos viendo que se empieza a diversificar la agenda del movimiento social, y tras los acuerdos de paz con las FARC y la pandemia, están emergiendo otros temas. Esta política represiva impide que florezca el movimiento social y que genere ese diálogo que se supone que debe haber en una democracia, que claramente Colombia no lo es.
G.B.: ¿Cuál era el trabajo que venías haciendo en la Red de DDHH Isaías Cifuentes y de qué manera te vinculas al proceso del Paro Nacional que luego se convierte en un estallido social?
D.A.: Primero hay que reconocer que los defensores de los derechos humanos que están en las comunidades y en contacto con el día a día, no nacen de la concepción internacional de los derechos humanos, sino de un marco de cuidado colectivo muy orgánico, desde las organizaciones populares. Muy temprano, desde finales de los 80 y los 90, hubo un auge de redes de defensa de derechos humanos, pero en el 2000 cambia completamente su composición y empieza a generar una defensa de derechos humanos desde el territorio, a intentar prevenir las violencias, brindando herramientas, y ejercer una labor de acompañamiento y de cuidado. En ese marco, los defensores de derechos humanos en última instancia son líderes sociales que van adquiriendo ese perfil.
En mi caso, soy líder social hace más de 10 años, estuve vinculado a organizaciones estudiantiles (la FEU) y juveniles (Juventud Rebelde) que veníamos desarrollando procesos de proliferación de diferentes liderazgos en comunidades tanto urbanas como rurales. Es muy común que las organizaciones nacionales tengan una oficina de derechos humanos, acá he visto que varias organizaciones tienen una secretaría anti-represiva, que hace seguimiento de los tipos de represiones y violencias que vive la organización, para poder coordinar estrategias de defensa y preparación. En Colombia las secretarías de defensa de derechos humanos de las organizaciones han sido eso, una forma de entender la lucha contra la represión, un cuidado y un acompañamiento a nuestras compañeras y compañeros.
“El Estado está en deuda con las juventudes y con las mujeres. Una deuda histórica, además de la que ya tiene con los indígenas, afros y campesinos del país”
G.B.: ¿Cuál es el papel de un defensor de derechos humanos en la movilización?
D.A.: Hay dos partes. Una es grabar y documentar los hechos, para lo que nos apoyamos mucho en prensa alternativa. Hay colectivos de prensa alternativa y organizaciones de derechos humanos que tienen protocolos medianamente construidos para hacer ese acompañamiento conjunto y ellos se dedican a todo el registro en detalle para que las organizaciones de derechos humanos puedan revisarlo e identificar detenciones, traslados, agresiones, y puedan tener un acervo probatorio para generar las estrategias de búsqueda. Lo primero que hay que hacer es buscar a esa persona, saber si está en comisaría o en un vehículo dando vueltas, etc. Después de ubicar a la persona, tratamos de establecer contacto institucional, cuando se puede. Una vez podemos hacer enlace institucional, nos comunicamos con la Policía para determinar las causas por las que tienen a la persona detenida. Contrastamos eso con la versión que nos ha dado la familia y a veces, la misma persona. Cuando arranca el proceso judicial ya son otras organizaciones, como los colectivos de abogados, quienes entran a hacer la labor de protección. Hay una organización comunitaria de cuidado.
G.B.: Los jóvenes que fueron detenidos durante el estallido social y no aparecieron más, ¿se tiene certeza de cuántos son?
D.A.: No. No es posible establecer un número. Hay casos abiertos en la fiscalía y en los diferentes organismos de investigación. Pero no todos se conocen. Apenas se cerró el Paro, Temblores daba más de 380 casos de desaparición registrados por las organizaciones de derechos humanos, en algunos casos la persona ha aparecido, en otros ha aparecido el cuerpo. No hay una voluntad de la policía para poder continuar ese proceso.
G.B.: ¿Cómo es posible que las instituciones como la Fiscalía destinen tanto tiempo y recursos a perseguir y judicializar a los líderes sociales y no haya investigado los indicios que apuntan a crímenes tan graves como desapariciones forzadas, torturas o secuestros en centros de detención ilegal por parte de la Policía?
D.A.: No hay ninguna explicación jurídica. Las organizaciones sociales siempre han lanzado la consigna de ir contra el narco-Estado. Y eso ha generado muchas críticas, pero describe muy bien cómo funciona el Estado colombiano. Los gobiernos se han tenido que adaptar al narco-Estado, hay muchos poderes ocultos que tienen cooptados jueces, magistrados, etc, así como muchas instancias del Estado. La fiscalía siempre ha operado mirando para otro lado, u obstaculizando los procesos.
G.B.: ¿Cuál es tu posición sobre el desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)? ¿Debe desaparecer completamente o incluso cuando gobierna la izquierda hace falta un cuerpo policial especializado en la represión de la protesta social para mantener el orden público?
D.A.: Yo creo que el ESMAD debe desaparecer. La eliminación del ESMAD es un clamor popular, pero es apenas un eco muy débil en los sectores que pueden tomar decisiones legislativas. Todo el engranaje de las reformas que se le querían hacer a la policía y las que el Gobierno sigue manteniendo se basaban en la idea de que el órgano represivo que es el ESMAD articula los procedimientos abusivos de la Policía. Si el Gobierno hoy está planteando que no va a desaparecer el ESMAD, sino que lo van a matizar, entonces hay que pensar en una reforma completa de la Policía.
“Si el Gobierno hoy está planteando que no va a desaparecer el ESMAD, sino que lo van a matizar, entonces hay que pensar en una reforma completa de la Policía”
Entiendo que, por razones de fuerza política -porque en el Pacto Histórico están los liberales y otros sectores de “centro”-, no se haya logrado ganar ese pulso, pero entonces el tema es cómo repensar una reforma a la policía donde tenga mucho más campo de acción las organizaciones de derechos humanos, donde no tengan que depender de la voluntad del comandante para acceder a los centros de detención, para verificar las condiciones de los detenidos. Tiene que haber protocolos establecidos y garantías, e información verificada y actualizada en los Puestos de Mando Unificado, y que haya representación de otras instituciones como la Defensoría o la Procuraduría. Ahora que tenemos muchas opciones de hacer una ley de reforma de la policía no podemos quedarnos en los arreglos cosméticos, tenemos que generar una transformación que nos brinde las garantías.
G.B.: En tu opinión, ¿qué le debe Colombia a estos casi 300 jóvenes que están en las cárceles por haber salido a protestar?
D.A.: No tengo una palabra para definirlo, es tanto… Estos pelados (jóvenes) se pararon (plantaron cara) tan duro porque ya habían vivido lo que es pararse duro en la vida. Estaban abocados a la violencia. Los jóvenes, pero también las mujeres y los colectivos feministas fueron una base organizativa fundamental para el Paro, con unas consignas muy claras. El Estado está en deuda con las juventudes y con las mujeres. Una deuda histórica, además de la que ya tiene con los indígenas, afros y campesinos del país. Hay que entrar a establecer una responsabilidad de Estado.
G.B.: ¿Cómo se evitó que los jóvenes que estaban enfrentando fuego real, incluso con armas largas, tanquetas, por parte de la Policía y otros actores, como los paramilitares armados, que iban a matarlos, decidieran defenderse con armas, en lugar de piedras y escudos de hojalata?
D.A.: Es muy sorprendente. Creo que tiene que ver con que empezamos a aprender de táctica colectivamente. Empezamos a entender que nuestras decisiones tienen impactos colectivos y que hay que ir más allá de la rabia y aprender a movernos. Fueron múltiples ejercicios pequeños, en cada barrio, de intentar construir una visión colectiva. Los puntos de resistencia se fueron coordinando en mesas, luego formaron la Unión de Resistencias de Cali y se fue conformando la capacidad de ir solventando los problemas. No quiero pecar de iluso, pero creo que algo aprendimos en este proceso.
“Esta política represiva impide que florezca el movimiento social y que genere ese diálogo que se supone que debe haber en una democracia”
Nosotros tenemos muy buenos liderazgos. El movimiento popular colombiano no hace sino sacar liderazgos, en diferentes temas, pero la construcción colectiva es algo que estamos aprendiendo. Tenemos muchos referentes en los que beber: las comunidades indígenas y afro han venido planteando la discusión sobre qué es lo que se debe priorizar, que conectó mucho con esta generación, y eso es lo que en parte logró hacer el ‘click’: la composición poblacional de América Latina que dejó el proceso de colonización, de movimientos de resistencia obrera y campesina, de extracción europea, y por otra parte, los movimientos indígena y afro (con arraigo en los territorios) empieza a cambiar.
Hablamos de nuevos actores, pero llevan mucho tiempo presentes en la sociedad, lo que pasa es que ahora adquieren protagonismo, como son el movimiento feminista, el movimiento LGTBQ+ y el movimiento juvenil le dan un giro y una oxigenación brutal al movimiento social y popular, porque abre otras discusiones, como el tema de género, o el derecho a ser joven, la interseccionalidad, etc. Esas conexiones se dan en una sociedad donde al líder social le toca sortear las balas, ¡imagíneselo en paz! Se multiplicaría por mil, y pasaríamos de una fase aletargada, reactiva, a una fase de movimiento pleno, de soluciones creativas a las problemáticas. Lo más importante de este proceso, más incluso que el nuevo gobierno, es que saquemos al movimiento social y popular de las balas, para que pueda ser creativo, comunicarse con la sociedad, para que pueda ser un canal de diálogo y de convivencia pacífica, y en ese contexto pensar en términos más concretos en cómo se traduce eso de “Colombia, potencia de la vida”. Las organizaciones sociales tenemos que reparar el tejido lacerado por la guerra durante años de todas las formas: en nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros corazones, nuestra moral… Ese es el éxito de este proceso y es a lo que, incluso desde el exilio, le sigo apostando.
LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN Y LA VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA:
Durante el Paro Nacional de 2021 (entre el 28 de abril y el 15 de julio), el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró: 83 homicidios de jóvenes, 5 de ellos menores de edad (mmás de la mitad de los casos documentados con evidencias que apuntan a la presunta autoría de la Policía en 44 homicidios); 96 víctimas de mutilación ocular; 35 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública; 1661 heridos por la Fuerza Pública; 2053 manifestantes detenidos arbitrariamente.
La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos reportó 379 jóvenes desaparecidos en el marco de las protestas del Paro Nacional, de los que 23 aparecieron asesinados, y un número indeterminado continúan desaparecidos (la Fiscalía sólo reconoce 27 casos activos).
En lo que va de 2022, 169 líderes sociales han sido asesinados y por tercer año consecutivo el número de masacres supera las 90, con más de 300 víctimas cada año.
Además, otros 38 firmantes de los acuerdos de paz han sido asesinados en lo que va de 2022, y ya son 343 desde la firma de los Acuerdos en 2016.
