En el mismo momento en que escribo estas líneas, las balas del ejército peruano asesinan al pueblo desarmado en Juliaca, abriendo una profunda herida en el corazón dolido del Abya Yala. Un ejército criminal al servicio de una oligarquía limeña indigna, racista y colonial que aún añora ser capital del virreynato. Por eso es violenta, abusiva y altanera contra el pueblo peruano, pero genuflexa y servil a los intereses del imperialismo norteamericano, como lo fue antes ante la corona de Castilla.

Esa oligarquía que ha convertido al Perú en su hacienda, concentrando en Lima todo el poder y la riqueza. Manteniendo la estructura colonial ha ejercido el poder real político y económico centralizando los recursos en la capital y empobreciendo a las provincias, lo cual ha generado entre otras cosas una migración desde las provincias que lleva a la aberración demográfica de que el conglomerado urbano que forman Lima y Callao con sus más de 13 millones de habitantes represente un tercio de la población total del país, ocasionadas por oleadas migratorias que no solamente han vaciado las provincias, sino que han generado cinturones de miseria y exclusión en la capital. Además Lima concentra la administración pública, el 70% de los presupuestos nacionales y el 60% de la industria.

Por eso no aceptan, cómo van a aceptar, que el pueblo peruano indio, negro y mestizo desde la más profunda dignidad haya desafiado su poder convirtiendo en presidente a un profesor rural quechua y rondero campesino, a quien desde su misma posesión han hecho la vida imposible, utilizando el congreso como sus antepasados utilizaban el látigo para tratar de “disciplinarlo” por representar a las grandes mayorías de las que esa élite vive, pero a la cual desprecian profundamente. Por eso le han obligado a destituir a sus ministros, han bloqueado cualquier intento suyo por aprobar cualquier ley o proyecto, en definitiva han conspirado para derrocarlo desde el mismo día de su posesión. Porque, a pesar de las múltiples concesiones que les ha hecho Castillo, o precisamente por ellas se han sentido en la fortaleza de ningunear la voluntad popular. Esto ha llevado al presidente a la decisión desesperada y errática de intentar cerrar el congreso sin el apoyo de un ejército que claramente, y lo está demostrando, es el perro guardián de los intereses oligárquicos, pero sin tener tampoco a los sectores populares movilizados para defender la medida, y esto ha precipitado su caída.

Este neofacismo esta profundamente arraigado en las élites criollas del Abya Yala, parte de su visión colonizada, pero además está financiada y apoyada por el Departamento de Estado norteamericano.

Pero el pueblo movilizado en Perú, y con esto no contaban los poderosos, está harto de pagar con su pobreza la opulencia de unos pocos y la entrega sistemática de las riquezas de su país a las multinacionales norteamericanas y europeas, y como una tromba de agua digna han tomado las calles y carreteras y aeropuertos exigiendo además un programa de verdadera transformación que pasa no solamente por la renuncia de la marioneta traidora que hace de presidenta sino la instalación de una Asamblea Constituyente que dibuje una nueva constitución como piedra angular de la construcción de un nuevo Perú que rompa los lazos clasistas y coloniales y se erija a la imagen y en beneficio de las grandes mayorías indígenas, obreras y populares.

Contra este proyecto de país es que se ha desatado la furia represora, y es que, la extrema violencia y el silencio mediático ante la brutal represión que está ejerciendo el ilegítimo gobierno peruano contra la protesta social y que lleva ya decenas de muertos, contrasta de manera vergonzante con la pasividad con que las fuerzas del orden han permitido a los bolsonaristas invadir y causar destrozos en las principales instituciones del estado en Brasil.

Esta doble vara de medir no es nueva en un continente como el Abya Yala, en que las derechas oligárquicas controlan los resortes profundos del estado y hacen que estos sean por tanto, condescendientes con los suyos y, a la vez, implacables con los sectores populares y de izquierda cuando son estos los que reclaman justicia. Porque lo mismo en Brasil que en Perú o en Bolivia la supuesta “democracia” y el “estado de derecho” para las élites no son más que útiles espejitos de colores para justificar la dominación sobre las grandes mayorías. Por eso cuando el pueblo tiene la osadía de ganar las elecciones y elegir a presidentes que no le bailan la salsa a las élites, no tienen problema en matar, perseguir y torturar. No tiene problema en dar golpes de estado como en Bolivia u Honduras o en pedir que sean los militares quienes “pongan orden”, saquen del poder y disciplinen a los pueblos que votan “mal” como diría ese casposo y filofascista escritor hispano-peruano o como piden los seguidores de Bolsonaro ante los cuarteles.

Lo vimos en el golpe contra Allende en Chile en los 70, por eso no llama la atención aunque sí es para preocuparse el hecho de que, si sumamos eventos; quiero decir el golpe parlamentario en Perú con la subsiguiente represión criminal a la protesta, la agresión fascista de los bolsonaristas y su petición de un golpe militar contra Lula y, finalmente el tono violento con quema de edificios públicos y bloqueo a la distribución de alimentos de las protestas contra la detención de Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz por el golpe de estado de 2019, muestran la radicalización de la derecha oligárquica latinoamericana hacia posiciones neofacistas cercanas al discurso y práctica trumpista que combinan en lo económico un acérrimo ultraliberalismo con, en lo político y social un profundo conservadurismo religioso, racismo, clasismo, machismo y homofobia además de prácticas profundamente autoritarias y violentas.

Este neofacismo esta profundamente arraigado en las élites criollas del Abya Yala, parte de su visión colonizada, pero además está financiada y apoyada por el Departamento de Estado norteamericano. El tema es que su implantación y crudeza tiene que ver con el avance de los movimientos populares y, por qué no decirlo, con la agudización de la lucha de clases y las nuevas posiciones de dignidad y reivindicación identitaria de las mayorías indígenas oprimidas en el continente. Es decir que cuando el movimiento popular avanza, las élites se quitan la careta democrática y muestran lo que verdaderamente son, violentas, racistas, clasistas e intolerantes. Además y eso también tienen en común, hacen de la retórica nacionalista y de defensa de lo “tradicional” bandera. Basta ver a los bolsonaristas con camisetas de la selección brasileña o a los camachistas en Bolivia, que creen defender a Santa Cruz de una supuesta arremetida del gobierno y las personas de los andes. En ambos casos a estos sectores, con la cabeza obnubilada por la propaganda mediática y los dogmas religiosos y del mercado, les cuesta entender que realmente lo que defienden son los privilegios de unas élites que no dudarán en su momento en sacrificarlos.

El peligro de las izquierdas domesticadas

Una reflexión crítica y dolorosa, pero necesaria de hacer es el tratar de entender por qué, a pesar de los avances del movimiento popular y de la ascensión al poder de gobiernos de izquierda a lo largo y ancho del continente, las élites siguen manteniendo el suficiente poder político y económico para sabotear los procesos populares y generar desestabilización.

Porque la combinación de bloqueo económico como en Venezuela o la amenaza de desabastecer al país como ejecuta hoy la derecha cruceña en Bolivia, la violencia de los aparatos del estado como en Perú o la pasividad de los mismos como en Brasil ante los bolsonariastas, solamente son posibles porque estas élites siguen teniendo la sartén por el mango.

Probablemente la clave esté en que las izquierdas latinoamericanas, a pesar de la década ganada en términos de combate contra la pobreza y dignidad popular con los gobiernos de Lula, Evo, Chávez o Correa, no llegaron a socavar las bases del poder económico de las élites al no poner en cuestión la propiedad que estas siguen detentando sobre los medios de producción. Es decir, ser capaces de trascender la revolución política que implica la presencia de las clases trabajadoras y sectores populares en espacios de poder, hacia una verdadera revolución social que socave el sistema capitalista atrasado que rige el continente.