Cambiamos de año, pero las tendencias con las que se cerraba 2022 continúan. El 1 de enero tomaba posesión el nuevo Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sin que el anterior mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cumpliera con el tradicional acto de traspaso de la banda presidencial. Bolsonaro se encontraba en Florida, acompañado de Trump, orquestando una estrategia de deslegitimación de los resultados que volvía a combinar los ingredientes de la receta antidemocrática: lawfare, fake news y asaltos a las sedes de la soberanía popular.

Los paralelismos entre lo acontecido en Brasil y el asalto al capitolio de Estados Unidos de hace apenas dos años son evidentes. Pero las conexiones, de fondo y de forma, van mucho más allá de ambos ejemplos y se extienden por el continente americano, que si bien está viviendo un cambio de ciclo en el que de nuevo vemos mayoría progresista entre los gobiernos del cono sur, con notables incorporaciones como Colombia o Chile, continúa siendo un campo de disputa en el que se despliega una estrategia antidemocrática que combina inteligentemente consenso y coerción. A los ejemplos de lawfare que han marcado la agenda política en países como Argentina, Ecuador o Bolivia, se suma ahora el golpe en Perú, en el que la represión ha dejado ya más de 40 muertos entre los manifestantes que exigen la vuelta del poder a la voluntad popular.

España no es ajena a esta tendencia, y las llamadas de la extrema derecha y de la derecha extrema a la movilización contra el gobierno “ilegítimo” nos recuerdan mucho a los discursos y proclamas del otro lado del Atlántico. A esto se le añade la extensión de la información falsa en redes y pseudo medios de comunicación que muchas veces consiguen marcar la agenda de la opinión pública, o el lawfare con el que la judicatura actúa para intentar poner límites a la soberanía popular a la que debería someterse.

Lamentablemente, la extensión de estas prácticas profundamente neoliberales, instaladas en la desestabilización mediante el aparato judicial y las noticias falsas, no provoca la reacción masiva que sería necesaria en defensa de las libertades y los derechos conquistados. En este plano, la labor de los medios de comunicación continúa siendo fundamental y es necesario seguir defendiendo la legitimidad democrática de la voluntad popular, que se expresa en las decisiones adoptadas libremente por la mayoría.