El podcast “La Base”, conducido por Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Inna Afinogenova, dedicó su programa este 2 de febrero a analizar la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el exterminio de la Unión Patriótica. La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Belisario Betancur.
El espacio incluyó una entrevista al senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico, presidente de la Comisión Accidental de Paz en el Senado e hijo del Senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por paramilitares a las órdenes de altos mandos militares y a instancias del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Fue una de las más de seis mil víctimas del genocidio político de la Unión Patriótica, que desapareció en 2002 por no presentarse a las elecciones.
Por su interés, Mundo Obrero reproduce a continuación las preguntas y respuestas de dicha entrevista:
¿Qué significado político tiene el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Tiene múltiples y muy significativas repercusiones, unas de índole política, otras de carácter jurídico y otras para la historia y la verdad después de 30 años durante los que toda una formación política de izquierda en Colombia fue sometida a un proceso, como lo dice la Corte, de exterminio sistemático. Es la primera vez que un tribunal internacional, por lo menos en las Américas, produce un fallo de esta naturaleza, con relación a un país que se supone es democrático. Ese fallo, ni más ni menos, señala que durante décadas, el Estado, por acciones cometidas por sus funcionarios, sus instituciones, de manera planificada, intentó borrar de la faz de la Tierra a una organización cuya única causa de animadversión es que tenía una posición alternativa, de oposición a los gobiernos.
Lo primero que tal vez haya que decir es que la posición de Colombia como país democrático queda severamente cuestionada. Y también, en general, la idea de que la democracia es simplemente una serie de rituales que se deben llevar a cabo y que basta con ejecutarlos para que se considere que en determinado país hay libertades, derechos y que se respeta la vida. La sentencia de la Corte Interamericana sobre la Unión Patriótica muestra que democracia es algo más que eso.
Su padre fue una de las víctimas de este exterminio sistemático. Como víctima, ¿usted siente que esta condena al Estado colombiano sirve de alguna manera para cerrar las heridas?
Yo no diría del todo, pero sí es un triunfo muy significativo. Son 30 años de lucha que nos ha costado esta sentencia, y la vida de mucha gente, no solamente en el proceso del exterminio mismo, sino por reclamar la verdad, por hacer determinado tipo de acciones judiciales. Hay muchos abogados que han pagado con su vida el estar al servicio de la causa de los familiares víctimas. Muchas familias que han tenido que exiliarse. Entonces, ver que, por fin, concluye una discusión que hemos tenido con el Estado colombiano, en la que una y otra vez se ha repetido la misma narrativa, diciendo que a los miembros de la Unión Patriótica, se les asesinó o desapareció de manera justificada. Ver una sentencia que acaba con una narrativa justificatoria de estos crímenes para nosotros es un triunfo, sin lugar a dudas.
Usted hizo un trino al conocerse la sentencia en el que escribió: “Hoy se acabó una vieja narrativa justificadora de los crímenes contra la Unión Patriótica: la tesis de que mataron a sus integrantes por guerrilleros. Hoy un tribunal internacional dejó establecida la verdad para siempre: el Estado colombiano contra la Unión Patriótica”. ¿Cuál fue el papel de los grandes medios de comunicación en la construcción de esa narrativa que preparó el terreno para que después se pudiera llevar a cabo ese exterminio contra la Unión Patriótica?
Los grandes medios, los que estaban en su momento y que eran parte del poder político asumieron no solamente la amplificación de esta narrativa, sino también su elaboración, a través de líneas editoriales que reproducían esta tesis que se repitió una y otra vez a la sociedad colombiana: tal o cual asesinato era porque ese dirigente de la Unión Patriótica tenía nexos o vínculos sospechosos, era una persona que estaba en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, como fue el caso de mi padre. Mi padre, a pesar de ser senador de la República, siempre fue considerado por estos medios y por esta propaganda oficial, una persona que estaba ubicada en una especia de frontera difusa entre la legalidad y la ilegalidad, cuando fue un hombre elegido por miles de ciudadanos para que los representara, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. Y así ocurrió con, si no todos, una gran cantidad de personas que ejercieron un liderazgo, una militancia, una simpatía por la Unión Patriótica.
Algunos países de América Latina son referencias en materia de memoria democrática y reparación. ¿Qué cabe esperar del Gobierno de Gustavo Petro en este sentido?
Yo diría todo. Que sea un Gobierno que de manera ejemplar asuma su responsabilidad en cumplir hasta la última letra de la sentencia que ha sido proferida, y ya comenzó a hacerlo. El Gobierno de Gustavo Petro se allanó a la sentencia. Y esperamos muy pronto comiencen los actos de desagravio, de reconocimiento público y, más allá de eso, de reparación a las víctimas, reparación al movimiento político como tal, y además la realización de una serie de políticas públicas que impliquen la no repetición de estos hechos. Que quede firmemente establecido que en Colombia nunca más un movimiento político por su signo ideológico, por su proyecto o su programa, podrá ser agredido de una manera criminal como lo fue la UP.
