La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que si no cumple «con la legalidad vigente» en torno al servicio de mediación de conflictos laborales, SERLA, el Gobierno tomará las medidas oportunas, que podrían llegar a los tribunales.
Así lo ha señalado Díaz tras reunirse en Valladolid con los secretarios autonómicos de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, así como con la vicepresidenta de la patronal, Ángela de Miguel, para abordar la situación del SERLA, una vez que los presupuestos de la Junta no recogen financiación para su desarrollo.
La vicepresidenta segunda y ministra ha calificado de «muy grave» la decisión de eliminar el SERLA en una comunidad que, ha recordado, es «referente» en diálogo social y que con ella «se fulmina» esta paz social y la posibilidad de cumplir la legislación laboral. Cabe recordar que el organismo que la extrema derecha pretende suprimir con el apoyo del PP, con tan solo 7 empleados gestionó 4.500 conflictos laborales individuales y 341 colectivos en 2022.
CC.OO. confía en que el Gobierno actúe en el conflicto del SERLA si no se resuelve
El secretario general de CCOO CyL, Vicente Andrés, destaca que “el Gobierno de España ha entendido la gravedad de la eliminación del SERLA”. Andrés ha advertido tanto a Mañueco como al partido que lidera Núñez Feijóo que “no pueden ceder a una imposición más de la extrema derecha”. El sindicalista ha pedido a la Ministra “que el Gobierno haga un requerimiento a la Junta de Castilla y León” porque el procedimiento de disolución del SERLA ya está iniciado. Ha recordado que la eliminación del SERLA “ni es legal ni tampoco se puede ejecutar porque la Junta no dispone de los recursos para poder asumir la mediación laboral”.
El secretario general de CCOO CyL insiste en que la extrema derecha “solo quiere hacer ruido” como ya lo ha hecho con otras cuestiones como el Diálogo Social, las medidas anti abortistas o la eliminación de la financiación al Ayuntamiento de Villalar para la celebración del Día de la Comunidad. La eliminación del SERLA es la decisión “más grave que ha tomado hasta ahora la extrema derecha, pero no es la única”, que perjudica a la ciudadanía y a la Comunidad. Por todo ello, el líder sindical ha trasladado a la Ministra que “si no resuelven este problema, el Gobierno tendrá que intervenir”.