El Gobierno ha aprobado a final de año una nueva batería de medidas para proteger a las familias trabajadoras ante las consecuencias económicas derivadas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Incluye una batería de medidas que detallaremos de forma resumida.
Apoyo a las familias más vulnerables:
- Cheque ayuda por subida de precios de 200€ para hogares y familias con unos ingresos inferiores a 27.000€ anuales. Beneficiaría a 5,6 millones de hogares y tendría un coste de 1.300 millones.
- Se mantendrá el 15% de incremento extraordinario de la prestación del IMV, así como las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva para todo el año 2023.
- También se prorrogan aquellas medidas que permiten proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad energética, de tal forma que estos tengan garantizado el acceso a los suministros básicos, y asimismo se siga permitiendo disfrutar a los consumidores en situación de vulnerabilidad económica del descuento en factura eléctrica que supone el bono social.
- Se apoya con fuerza el incentivo al papel del transporte público colectivo ya que se amplía del 50% al 100%, con lo que pasan a ser gratuitos, los abonos de autobuses en los trayectos con concesión de servicio público. En cuanto a los trenes, se prorrogan también durante todo 2023 los abonos gratuitos en Cercanías, para viajar por cada núcleo, independientemente del origen y destino, uno por cuatrimestre. También medidas en el mismo sentido en los trenes de Media Distancia. También se modifica las condiciones en el caso de abonos y títulos multiviaje de líneas de transporte público gestionadas íntegramente por comunidades autónomas o entidades locales, como el metro o los autobuses urbanos. Hasta ahora, el Gobierno sufragaba un descuento del 30% y eran los ayuntamiento o comunidades autónomas quienes decidían si aportaban otro 20% para que el abono se redujera a la mitad de su precio. A partir de ahora, si no ponen ese 20%, el Gobierno no les paga el otro 30%.
- Hasta final de 2023 la subida de alquileres de vivienda habitual no podrá superar el 2%.
- Se suspenden los procedimientos de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual hasta el 30 de junio de 2023.
- Se impulsa el autoconsumo a través de la red incrementando la distancia de este hasta los 2.000 metros en casos de plantas generadoras fotovoltaicas ubicadas en cubiertas.
- Hasta el 30 de junio de 2023 las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos ni tampoco las que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos.
Medidas fiscales:
- Reducción del IVA del 4% al 0% del pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales.
- Reducción del IVA del 10% al 5% del aceite de oliva y la pasta.
- Se prorroga hasta el 30 de junio de 2023, la aplicación del tipo impositivo del 5% del IVA en la factura de gas natural.
- Se mantiene la reducción al tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
- Se prorroga la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Medidas de apoyo a sectores económicos:
- Se prorroga hasta junio de 2023 ayudas a la industria electrointensiva con reducción del 80% de los peajes en factura.
- Siguen limitándose los precios máximos de los gases licuados del petróleo hasta junio de 2023.
- Se introducen medidas para amortiguar la finalización de la bonificación de los carburantes agrarios y pesqueros.
- Se mantiene una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de determinados productos energéticos para empresas de transporte de viajeros y mercancía.
- Se prorroga seis meses más la medida para la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible para ajustar el peso real que el coste del combustible tiene respecto el total de costes.
Es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora y que han requerido un notable esfuerzo fiscal de más de 14.000 millones de euros, han probado su eficacia atendiendo a la evolución de la inflación y las principales variables económicas a lo largo del año. El efecto de moderación ha alcanzado los 3,5 puntos porcentuales en tasa interanual, mientras que las medidas de apoyo a las familias de menor renta han permitido compensar otros 3,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo. El descenso registrado desde el mes de agosto ha colocado la tasa de inflación española muy por debajo de la media de la zona euro.
Compartimos el paso adelante que supone el fortalecimiento de este escudo social, pero, como diríamos en lenguaje castizo “no todo el monte es orégano”. Porque la mayor parte de las ayudas públicas en España siguen yendo para quienes menos las necesitan. Nuestro país es el cuarto más regresivo del club de las naciones más ricas del mundo, que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, el 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total de las transferencias del Estado, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%, casi el triple. Solo Italia, Grecia y Luxemburgo adolecen de más inequidad en sus políticas de rentas. Por poner el ejemplo más claro y evidente, a la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible hemos dedicado 5.752 millones en 2022. Y pese a ello, se reincide con la reducción del IVA en alimentos que tendrá un coste semestral de 661 millones de euros y que analizando el beneficio por deciles de renta, vemos con claridad que lo hacen más quienes más ricos son. En concreto, el 10% más rico (más de 113 mil euros de renta) se beneficiará del 20% del coste fiscal de la medida adoptada por el gobierno (137 millones de euros), mientras que el 10% con menos ingresos (hasta 4 mil euros) solamente se aprovechará de 22 millones de euros por la rebaja del IVA.
El 50% del coste fiscal (328 millones de euros) se lo apropiará el 30% de rentas más altas (de 42 mil euros hacia arriba) y el otro 50% de la rebaja (333 millones de euros) el 70% de rentas más bajas (hasta los 34 mil euros).
Por eso, para que la medida de la rebaja del IVA sea adecuada y justa, hay que combinarla con subidas de impuestos directos a esas rentas y controlar los precios para evitar que se aumenten los márgenes empresariales. En caso contrario estaremos usando recursos muy necesarios para redistribuir de forma no equitativa entre las personas y además se incrementarán los beneficios de las empresas distribuidoras. Y es que hay un problema cuando se reduce el IVA en mercados, sobre todo en los oligopólicos, es decir, en los controlados por pocas empresas. Se pueden apropiar de la bajada del impuesto para incrementar sus beneficios. Aunque el Real Decreto aprobado permite actuar ante eso, es muy dudosa la capacidad de cumplirlo.
Entonces, ¿es malo bajar el IVA? No, es un impuesto regresivo y hay que reducirlo porque al 20% de ingresos más reducidos, este impuesto indirecto le supone el 19% de esfuerzo con respecto a lo que ganan mientras que al 20% de más renta solo le supone un 5%.
Por eso, lo más adecuado para reducir la desigualdad sería eliminar beneficios fiscales y los tipos de IVA reducidos de los que se apropian proporcionalmente más las rentas más altas y sustituirlos por transferencias que vayan directamente a las familias vulnerables.
¿Habríamos tomado desde Unidas Podemos una decisión de bajar el IVA a los alimentos si tuviésemos mayoría en el gobierno de coalición? Sí, pero junto a fijación de precios máximos y la realización de una profunda reforma fiscal de la imposición directa para hacerla más progresiva. Eso de lo que no quiere oír hablar el PSOE y mucho menos, la derecha.
Un paso adelante supone el despliegue de este escudo social, pero es imprescindible ir mucho más allá. Hace falta incrementar el SMI hasta los 1.100 euros, suspender la revisión de las cuotas de los créditos hipotecarios para vivienda habitual hasta 2024 e incrementar las transferencias a las familias más vulnerables. Se puede. A por ello.
