Mediante un pronunciamiento conjunto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y otros organismos defensores, rechazaron la represión violenta de las fuerzas policiales y militares contra los pueblos originarios del sur de la región y demandaron la derogatoria del Decreto Supremo 018-2023-PCM, que declara en estado de emergencia y militarización de la región Puno.
“Rechazamos la represión violenta y con carga racista de las fuerzas del orden hacia los pueblos originarios aymaras sucedidos en Lima, es especial contra mujeres y niños”, dice parte del pronunciamiento, donde también rechazan la represión contra la población de Juli, ocurrido este último fin de semana. Se cuestiona el arribo de personal militar y policial a la región, lo cual es considerado como un acto de provocación por la población y denuncian las actitudes racistas de las fuerzas militares y policiales.
También rechazan el uso excesivo de la fuerza contra la población. Son parte de este pronunciamiento, la Mesa de Concertación, Derechos Humanos y Medio Ambiente, SER, Ideca, Isaías, Manuela Ramos, Fe y Derechos Humanos, Centro Bartolomé de las Casas, Isadh y Descosur.
El Gobierno manda a jóvenes reclutas de Ilave a reprimir a sus familiares y 5 se han ahogado
Al menos cinco jóvenes reclutas que se encontraban haciendo el servicio militar, perdieron la vida al intentar cruzar el río Ilave este domingo, tras ser obligados por sus superiores pese a haber advertido que no sabían nadar. El río Ilave es profundo y frío, es un caudal peligroso, afluente del lago Titicaca, en Puno. Varios soldados fueron arrastrados por la corriente y los rescataron los comuneros aymaras que el Gobierno les mandó a reprimir. Se da la circunstancia de que los jóvenes soldados muertos son familiares de los mismos ciudadanos que están protestando.
El primer cuerpo que se pudo recuperar fue el de Juan Canaza, de apenas 20 años.
El padre de Juan Canaza, Samuel Canaza Espinoza, responsabilizó de la muerte de su hijo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. “Tiene que dar un paso al costado. Por causa de este Gobierno, que no quiere retroceder, que no quiere dar un paso al costado, por eso, el culpable es el Gobierno”, dijo. Samuel Canaza, que es teniente gobernador de una de las comunidades de la provincia de Chucuito,se enteró por sus paisanos que los militares fueron vistos sufriendo maltratos de parte de sus superiores. El padre del soldado solicitó que el Gobierno no siga militarizando la región de Puno. “Un ejército no está para enfrentarnos entre nosotros (…) No sabemos a qué vamos a llegar y las autoridades no se pronuncian”, agregó.
(*) Fuentes: Pachamamaradio, La República, TeleSUR
