La comisión de interior del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy el dictamen de la ponencia de la proposición de ley que pretendía modificar en profundidad la ley de seguridad ciudadana. Un proyecto para acabar con la que fue conocida como “ley mordaza”, el intento del PP de acallar la oleada de movilizaciones ciudadanas a base de represión.
Es una mala noticia. Como han expresado los portavoces de Unidas Podemos en el debate, en la historia de nuestro país la lucha por la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos siempre ha recaído sobre los demócratas y la izquierda. Las derechas han sido liberticidas por definición. Cada vez que gobiernan o suprimen derechos o los restringen al máximo.
Con la ponencia que se sometía a votación hoy martes se habían derogado la mayoría de los recortes de libertades que impulsó en su día el gobierno de Rajoy. La grabación a policías dejaría de constituir una infracción cuando se produjera en lugares de tránsito público y manifestaciones, así como la difusión de esas imágenes. Una persona que se negara a ser identificada podría ser retenida para identificación un máximo de dos horas, en vez de las seis actuales, debiéndose acreditar para ello una «causa excepcional debidamente alegada y verificable».
Las manifestaciones de carácter espontáneo que no fueran comunicadas no tendrían que ser impedidas, para garantizar de esta forma el derecho fundamental de reunión y manifestación. El acta policial sólo gozaría «de presunción de veracidad de los hechos en ellos consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario». Se eliminaba también la consideración como infracción leve -castigada con multas de 100 a 600 euros- a la «ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada».
La reforma diferenciaba claramente los actos de resistencia pasiva y los actos de intimidación grave y agresión. Desaparecían las sanciones por ocupaciones de oficinas públicas o bancarias, así como la sanción por protestas ante o en infraestructuras si no suponían riesgo grave para las personas. Los registros corporales externos fuera de dependencias policiales sólo se podrían practicar cuando existiera «una situación de urgencia por riesgo grave e inminente» para los agentes o la ciudadanía.
Asimismo, se reducían las cuantías económicas de todas las sanciones. Por primera vez se establecía en nuestra legislación un criterio de ponderación de la sanción, para que pagasen más quienes más ingresan. Se sustituía de manera muy amplia la sanción administrativa por acciones de restauración y reparación del daño causado por actuaciones reeducativas y actos de mediación y conciliación. Todos estos avances conseguidos tras muchos meses de tramitación y superación de las resistencias que ha ofrecido el actual Ministerio del Interior, han quedado en papel mojado. Han sido cuatro las cuestiones que han acarreado la falta de apoyos suficientes para que el proyecto llegara al pleno. Sobre estas cuestiones Unidas Podemos había presentado enmiendas transaccionales para superar el bloqueo.
Se intentó el desbloqueo
Entre las enmiendas transaccionales se encontraba una nueva regulación de la desobediencia que no tenía nada tiene que ver con la imprecisión actual, además de rebajar las sanciones al considerar leves las acciones que ahora eran consideradas graves. Una configuración alternativa de las faltas de respeto para hacerla más garantista y objetiva. En este sentido no serían sancionables las expresiones o actos irrelevantes o de disconformidad, ni el ejercicio de la libertad de expresión, que se reforzaba como derecho fundamental, evitando las sanciones arbitrarias o desproporcionadas.
Igualmente, UP proponía que por primera vez en España una ley ordenara regular el uso de material antidisturbios mediante protocolos, con participación de sociedad civil y obligando a utilizar siempre los medios que resultaran menos lesivos. Esta remisión legal no existía actualmente en ninguna ley de policía en todo el territorio del estado. También defendió una propuesta para regular el acceso a frontera de extranjeros que evitara las devoluciones en caliente.
La falta de avances en estos aspectos son los que han argumentado las fuerzas nacionalistas para no votar a favor de la ponencia. Sin restar importancia a la necesidad de modificar estos temas, para Unidas Podemos era esencial garantizar los derechos referidos a la protesta social, los derechos de reunión, manifestación y expresión. El resto de los asuntos de hecho se regulan en otras leyes -de policía o de extranjería- y no en la de seguridad ciudadana. La prioridad debía haber sido evitar que la coalición de fundaciones y sindicatos ultraderechistas de policía como JUSAPOL, y los partidos de derechas -PP,VOX y CS-, alcanzaran su objetivo de dejarnos con la ley mordaza del gobierno de Rajoy.
No tirar la toalla
Del trabajo realizado durante la larga tramitación de la proposición de ley quedan un conjunto de propuestas bien trabajadas y que cuentan con un amplio apoyo entre las organizaciones sociales. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha manifestado su compromiso de seguir buscando alternativas para acabar con la ley mordaza. Se ha perdido una oportunidad clave, pero no nos detendrán en nuestra voluntad de seguir avanzando.
La derecha y la ultraderecha política y social han expresado su euforia por el rechazo de la proposición de ley. Retienen a su alcance un instrumento que consideran muy útil en su ambición de retomar el gobierno y reprimir a quienes se resistan a sus designios. No lo lograrán tan fácilmente. Debemos aprender de esta experiencia y valorar lo esencial en la construcción de acuerdos aun cuando no se tenga la mayoría suficiente para conquistar la totalidad de nuestras aspiraciones.
No podemos olvidar que ha sido en la misma sede del Partido Popular de la calle Génova donde se han reunido los sindicatos policiales contrarios a la reforma con la máxima dirección de la derecha española para planificar las movilizaciones contra esta reforma, incluyendo toda la posible desestabilización que son capaces de organizar. Se jugaban mucho con este proyecto. Nuestra obligación es no tirar la toalla y tener la capacidad de continuar sin desmayo hasta alcanzar este hito decisivo en la agenda de las libertades públicas.
