La verdad sobre la muerte de Neruda, más cerca

En el mes de febrero, la investigación judicial abierta en Chile para esclarecer la causa de la muerte de Pablo Neruda, miembro del Comité Central del Partido Comunista y premio Nobel de Literatura en 1971, ha vuelto a acaparar la atención de la prensa internacional. Su sobrino Rodolfo Reyes, representante legal de la familia, ha declarado que, a la luz de las últimas pruebas científicas, ya no queda duda de que la dictadura organizó su asesinato para impedir que el 24 de septiembre de 1973 viajara a México. En el exilio, el poeta hubiera sido, por su prestigio poético y político, el gran enemigo del tirano Augusto Pinochet.

Después de casi doce años de investigación judicial, el sumario ya supera las cuatro mil páginas, además de una parte declarada secreta. Hasta diciembre de 2020, cuando fue elegido miembro de la Corte Suprema, el magistrado Mario Carroza, quien además instruyó de manera paralela otras muchas causas por violaciones de los derechos humanos (como la muerte del presidente Allende, en la que dictaminó su suicidio tras conocer las conclusiones de los científicos que examinaron sus restos), tomó declaración a decenas de personas, como el personal que trabajaba en la clínica Santa María (donde murió Neruda) en septiembre de 1973, otros médicos que le atendieron durante aquel año o las personas que le vieron en sus últimos días. Tuvo que sortear obstáculos como la pérdida de su ficha médica; la nula colaboración de los responsables de la clínica, por lo que tuvo que ordenar el registro de sus dependencias; o las enormes dificultades y los retrasos para lograr la financiación por parte del Estado para sufragar el traslado internacional de las muestras de sus restos y las complejas pericias científicas en el exterior.

Una parte de sus esfuerzos se centró en localizar a un médico de apellido Price, quien, según había declarado el doctor Sergio Draper (fallecido en noviembre), le sustituyó en el turno de guardia poco antes de las ocho de la tarde del 23 de septiembre de 1973 y habría mostrado el cuerpo inerte del poeta a su viuda, para que comprobara que no tenía ninguna lesión atribuible a terceros. Hoy ya está completamente probado que el “doctor Price” no existió.

En el exilio, el premio Nobel de 1971 hubiera sido, por su prestigio poético y político, el gran enemigo del tirano Augusto Pinochet

El 8 de abril de 2013, se realizó la exhumación de sus restos, sepultados desde diciembre de 1992 en su casa de Isla Negra. Posteriormente, científicos de Chile, España y Estados Unidos realizaron nueve informes y se celebró una reunión del grupo de expertos en toxicología a fines de aquel año. En octubre de 2017, los especialistas en genómica y proteómica contrastaron sus conclusiones y concluyeron que no falleció a consecuencia de un estado de caquexia derivado del cáncer de próstata que padecía, como indica el certificado de defunción emitido en 1973. 

Asimismo, revelaron el hallazgo en algunas de sus muestras dentales y óseas de ADN con Clostridium Botulinum, cuya toxina es la responsable del botulismo. Como este bacilo se halla por lo general en la tierra y su presencia en los restos del poeta podría obedecer a una simple contaminación externa, a un envenenamiento por ingesta de alimentos o a una cepa manipulada en laboratorio y recibida vía sistémica, recomendaron que se analizaran muestras adicionales de los sedimentos de la parte superior de la tumba.

El 15 de febrero, los laboratorios de las universidades de Copenhague (Dinamarca) y McMaster (Canadá) han entregado a la magistrada Paola Plaza, a cargo de la investigación, los estudios genómicos, proteómicos y microbiológicos que han realizado con una pieza molar del poeta en la que hallaron ese ADN. También el doctor Charles H. Brenner, de la Universidad de Berkeley, un especialista en matemática forense de gran renombre, le hizo llegar sus conclusiones.       La magistrada Plaza ha declarado que revisará estos informes científicos y que la investigación continuará, teniendo en cuenta, además, todos los antecedentes recabados en el sumario. La incógnita planteada con la denuncia de su asesinato formulada en 2011 por Manuel Araya, militante comunista, su último chófer y la única persona junto con Matilde Urrutia (su esposa) que le acompañó en todo momento desde el 11 de septiembre de 1973, trasladada a la querella criminal presentada por el Partido Comunista de Chile en mayo de aquel año, está más cerca de esclarecerse.