El 17 de febrero culminó la legislatura o el primer periodo anual de sesiones del Congreso de la República, y con ello acabó también la posibilidad de acordar un adelanto de elecciones generales para darle una salida a la grave crisis política por la que atraviesa el país.
La irresponsabilidad, la desconexión con la realidad y la errada lectura de lo que acontece en el país de parte de las diversas bancadas congresales, tanto de derechas como las que dicen representar a la izquierda, están fermentando y exacerbando en el ánimo nacional y produciendo un rechazo cada vez creciente y mayoritario al actuar del Congreso de la República.
Incapaces de ponerse de acuerdo, y de lograr consensos mínimos, el país se queda a la deriva y sin una salida a corto plazo como es el reclamo de la mayoría de los peruanos. Era vital que los congresistas votaran el adelanto de elecciones y le pusieran fecha a la misma, pero desoyendo el clamor de la población, prefirieron “patear” el tema para la siguiente legislatura que empieza en marzo.
El adelanto de las elecciones no está contemplado en la Constitución del 93, sin embargo, es una figura constitucional que se viene implementando frecuentemente vía reforma constitucional desde la vacancia de Alberto Fujimori, en el año 2000.
El juego congresal
Las bancadas con representación parlamentaria no lograron acordar nada. Un desastre que va a traer cola en todas las tiendas políticas, ya que esta actitud no hace más que manifestar un desprecio enorme a la vida de 58 ciudadanos muertos en estos meses de conflicto con el gobierno cívico militar de Dina Boluarte.
Pero esto ya se veía venir, a tal punto que congresistas del partido fascista Renovación Popular habían expresado su postura de quedarse y cumplir su periodo congresal que acaba en el año 2026. Una postura completamente alejada de la realidad y que se ampara en el formalismo y la legalidad de una circunstancia política que ya no existe ante la pérdida de legitimidad del que se sostiene todo mandato popular.
Otros grupos políticos condicionan su pedido o llamados a elecciones a la implementación de reformas políticas, como los que desde el fujimorismo vienen promoviendo y que pasan por el regreso a la bicameralidad, Cámara de Senadores y Diputados, y la reelección del mandato para las próximas elecciones, algo que la actual ley prohíbe para ambos casos.
Desde lo que se dice o se hace llamar de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial o Perú Democrático, la propuesta para que en las siguientes elecciones generales se consulte a la población si quiere o no el llamado a una Asamblea Constituyente para reformar la actual constitución fujimorista no ha logrado un consenso mínimo, e insistir en ella, muy a pesar de la oportunidad histórica, ahora se expresa más como un entrampamiento a la crisis y más parece un pretexto para atornillarse y quedarse hasta el final del periodo en 2026.
Aunque parezca ilógico, lo que queda claro es que tanto derechas como izquierdas parlamentarias tienen un punto de coincidencia, que es el de pretender quedarse a como dé lugar todo el tiempo que sea posible. Y esta misma lectura la comparte el Ejecutivo, quien no se hace mayores problemas tirándole la responsabilidad al Congreso de la República para que defina la fecha de las nuevas elecciones generales.
En esa dirección, la de pretender quedarse en el gobierno todo el tiempo que sea posible, está el actuar del gobierno de Dina Boluarte, quien presentó dos proyectos de ley, una para adelanto de elecciones y otra para que la Comisión de Constitución del Congreso de la República realice modificaciones a la actual Constitución, facultades que ya posee pero que no están dispuestos a realizar.
No está de más indicar que ambas iniciativas legislativas fueron rechazadas, ni siquiera llegaron al Pleno del Congreso para su debate porque fueron excluidas de la agenda en la Comisión de Constitución.
La única certeza de todo este embrollo es que para el 2023 no hay elecciones ni posibilidad de una salida a la crisis política. Y que se pueda resolver para el 2024 sigue siendo tan incierto y confuso como hasta ahora por la falta de voluntad política y una adecuada lectura de lo que ocurre en el país.
(*) Perú
