En riesgo el servicio público ferroviario

El servicio público ferroviario está en peligro. El actual Ministerio del Transporte, sin la aquiescencia de todo el Gobierno, apuesta firmemente por la carretera, la aviación y la elitista y energético consumidora alta velocidad ferroviaria, en vez de potenciar el ferrocarril normal junto al modo peatonal y los desplazamientos en bicicleta, además de aplicar una adecuada ordenación del territorio. A su vez, el Ministerio se aleja de los criterios positivos de la Unión Europea al no aprovechar la ampliación de la red básica ferroviaria transeuropea y así alcanzar para España una red, de servicios públicos ferroviarios, mallada, tupida y descentralizada.

El citado Ministerio no promueve la transición ecológica que la ciudadanía necesita, en estos momentos de emergencia climática, tanto en la Ley Española de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, que se va a tramitar por vía de urgencia este mes de febrero, de 2023, en el Congreso del Parlamento Español, como en la Estrategia Indicativa, que es el Plan Español Ferroviario 2021-2026, aprobada a finales del año 2022, pues impulsa la necesidad de desplazamientos, la movilidad, en vez de hacer más accesibles los bienes, los servicios y el contacto con las demás personas, sirviéndose del transporte sostenible y alcanzando la máxima accesibilidad con la mínima movilidad. Además, en ambas propuestas aparecen numerosos indicios del riesgo que amenaza al servicio ferroviario español por la aplicación del criterio neoliberal de liberalización-privatización de los servicios públicos.

Las plataformas ciudadanas por el tren piden una red mallada, tupida, descentralizada y coherente de ferrocarril. Vertebración, no velocidad

Las plataformas ciudadanas por el tren sabemos que el servicio público ferroviario no se resuelve con meras declaraciones verbales, sino disponiendo de leyes, reglamentos, planes, programas y proyectos, para atender un servicio de trenes con titularidad pública prestado de forma regular y constante por una potente organización de medios personales y materiales que le otorguen eficiencia, fiabilidad y seguridad.

Es notorio que la consideración del transporte ferroviario como un servicio público es una cuestión conflictiva, según los criterios que sobre ella exponen los diferentes intérpretes existentes en la sociedad española. En una reciente emisión televisiva titulada Tren y Clima, publicada en el programa “Para todos La2”, del pasado 28 de enero, el tren se planteaba como una alternativa sostenible al automóvil o el avión, y pudieron comprobarse las fuertes diferencias -de criterios y propuestas- existentes entre el movimiento ciudadano por el tren y el Ministerio del Transporte. Mientras que la Dirección General de Planificación Ferroviaria está satisfecha con su falta de propuestas positivas para la red básica ferroviaria española, cerrando incluso tramos como el de Aranjuez-Cuenca-Utiel, las plataformas ciudadanas por el tren muestran las deficiencias del tren en España y la ausencia de conexiones ferroviarias esenciales que vertebren el territorio a la vez que enfríen el planeta.

En la falta de concreción existente en los dos textos ministeriales citados, vemos que la declaración de una actividad como servicio público suele ser el producto de una gran cantidad de factores de diversa índole, no sólo ideológicos, sino también productivos, tecnológicos, medioambientales o sociales, donde a la gran mayoría de la sociedad nos toca estar muy vigilantes porque esa declaración no constituye una verdad inmutable. Quizá, la imprecisión del Ministerio del Transporte en el uso del concepto de servicio público, o la voluntad política y jurídica de no ceñirlo a límites concretos, esté creando, o alimentando, una fuerte confusión en este ámbito del servicio ferroviario.

Que los servicios esenciales sean servicios públicos

Desde que León Duguit formulara su concepto de servicio público ha transcurrido más de un siglo, y se ha producido una importante evolución del mismo, pero hoy día sigue suscitando una viva polémica. Si este pensador francés entendía por servicio público toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por la administración pública, porque el cumplimiento de esa actividad es indispensable para la realización, desenvolvimiento y funcionamiento de la sociedad, y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurado, completamente, más que por la intervención del Gobierno; ahora, las tendencias neoliberales de ciertas organizaciones políticas pretenden, mediante la llamada liberalización, que el cumplimiento del servicio público sea ejercido por empresas del sector privado, tratando de ayudarlas a subsistir pues dichos negocios están perdiendo tasa de ganancia al haberse extendido el modo de producción, distribución y consumo capitalista a, prácticamente, todos los confines, y no quedar nuevos territorios por explotar. Ciertas administraciones públicas se aprestan a ayudar al negocio privado, en detrimento de los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía, facilitándole, mediante concesiones, la prestación de servicios públicos esenciales que sólo puede ser garantizados cuando están prestados por la administración pública, directamente o por medio de sus organismos o empresas públicas. Ya señalaba Duguit que el servicio público es una función social de los gobernantes y que la administración pública es indispensable para el funcionamiento equitativo de la sociedad.

Demandan una red que permita la circulación simultánea de los trenes de cercanías, regionales, grandes distancias, mercancías más trenes nocturnos

Lo que la sociedad recibe de los servicios técnicos de la Administración son prestaciones de los servicios esenciales y no meros actos administrativos, como órdenes, licencias, autorizaciones o sanciones. En una universidad o en una escuela pública se imparten enseñanzas; en un hospital se prestan atenciones médicas; en un servicio público de transporte ferroviario se facilita el acceso a los bienes, servicios y contactos con las demás personas.

En la Constitución Española vigente se atribuye a la administración pública la gestión de los servicios públicos pertinentes para la satisfacción de los intereses generales a conseguir y las necesidades a satisfacer. El nuevo concepto de servicio esencial aparece en nuestro ordenamiento jurídico en el Artículo 28 de la mencionada constitución, cuando al hablar del ejercicio del derecho de huelga, señala: “Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.” Con esta aportación, el concepto de servicio esencial tiene una doble funcionalidad en nuestro conjunto de derechos y libertades públicas, por un lado, como justificante del establecimiento de limitaciones al derecho de huelga y, por otro, como base para su reserva al campo del sector público.

Así es que lo importante para hablar de servicio público es la responsabilidad del mantenimiento y continuidad del servicio por parte de la administración pública; precisamente es la responsabilidad de los poderes públicos lo que justifica que servicios esenciales como la sanidad, la educación, el bienestar social y el transporte se consideren servicios públicos.

Red Básica Ferroviaria Española

En las conversaciones que hemos mantenido la Coordinadora Estatal por el Tren con la Comisaría de Transporte y Movilidad de la Unión Europea, a primeros de diciembre de 2022, en Bruselas, hemos constatado las diferencias entre el Ministerio Español del Transporte y la Comisión Europea. De hecho, la Comisión Europea ha definido, a finales de 2022, la red básica ferroviaria transeuropea, sin admitirle al Ministerio Español nuevas propuestas para dichos servicios ferroviarios, ya que la administración pública española tiene sin resolver las relaciones con Portugal y las conexiones con el resto de Europa a través de los Pirineos. Para facilitar los servicios transfronterizos y la ampliación de la red básica ferroviaria española, la Comisión Europea ha preparado un borrador de nuevo Reglamento de Orientaciones Ferroviarias que sustituirá al de 2013 y, al tiempo, el gobierno europeo ha establecido un nuevo periodo, hasta 2040, para definir la red básica ferroviaria transeuropea ampliada.

Lo importante de los servicios públicos es que la administración pública sea la responsable de su mantenimiento y continuidad

Frente a las veleidades del Ministerio Español del Transporte, la Comisión Europea plantea en la propuesta de nuevo Reglamento de Orientaciones que las líneas de la red básica ampliada ferroviaria transeuropea estime como “alta velocidad” las velocidades a partir de los 160 km/h. Cifra muy lejana a los 250-350 km/h que tratan algunas organizaciones políticas y grupos de presión empresariales, de imponernos en España. Los criterios de la neoliberal UE actual, son más acordes con la situación de emergencia climática y de necesaria transición ecológica, de estos momentos, impulsando el ferrocarril sostenible, que lo defendido por el mencionado Ministerio Español.

Semestre de Lucha

Como el final del “Todo AVE” comenzó en España en 2014, aunque el Ministerio Español del Transporte aún no se ha desligado de dicha secuela -como demuestra el cierre de servicios en el tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel, de la línea Madrid-Cuenca-Valencia-, desde las plataformas ciudadanas por el tren seguimos impulsando la moratoria inmediata de las obras de alta velocidad, su transformación en obras de infraestructuras ferroviarias para servicios normales, prestados en una red mallada, tupida, descentralizada y coherente. Red básica ferroviaria española, formada por líneas de tráfico mixto, de doble vía, electrificadas y con el sistema común de gestión del tráfico europeo “Ertms”, que permita la circulación simultánea de los trenes de cercanías, regionales, grandes distancias, mercancías más trenes nocturnos. Durante la presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año, se van a celebrar en muchas ciudades españolas importantes reuniones comunitarias, en el campo de las diversas políticas, de cara dejar la administración pública europea lo más avanzada posible ante las próximas elecciones europeas y la consiguiente renovación de la Comisión Europea. Por eso, la Coordinadora Estatal por el Tren tiene previsto movilizaciones ciudadanas que hagan llegar a toda la UE sus reivindicaciones respecto al tren español, al tren transeuropeo y al sistema multimodal del transporte sostenible basado en los tres modos más ecológicos: peatonal, ciclista y ferroviario, y que contemple como complementarios los demás modos: carretero, fluvial, aéreo y marítimo.