A medida que avanza el año 2023 se hace cada vez más patente que estamos en año electoral, no solo por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo, sino porque se dibuja ya en el horizonte la convocatoria de elecciones generales para el último trimestre del año. Los plazos para culminar la agenda política del gobierno de coalición se comprimen y se pueden contar ya con los dedos de la mano las sesiones plenarias del Congreso con capacidad de aprobar leyes y políticas para la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora de nuestro país.
En este contexto se desbloquea la Ley de Vivienda, un hito histórico en la democracia de nuestro país y que, de manera incomprensible, ha tardado casi cuatro años en ver la luz. De manera incomprensible porque el problema de la vivienda en nuestro país tiene ya el estatus de situación de emergencia para muchas personas que no pueden afrontar el pago de un alquiler o de una hipoteca en un mercado inmobiliario con los precios disparados, fruto de la presión especulativa de entidades financieras, grupos inmobiliarios y grandes tenedores.
En el número de Mundo Obrero que tienes ante ti podrás encontrar análisis de las principales medidas que suponen un avance indiscutible para la regulación del acceso a la vivienda en nuestro país: regulación de los alquileres en las zonas tensionadas, medidas de protección frente a los desahucios, ampliación de la categoría de gran tenedor, eliminación de los honorarios a cargo del inquilino, entre otras. A ello se le añaden una batería de medidas complementarias a la Ley y que suponen una apuesta por la vivienda pública y el alquiler social, como por ejemplo la movilización de 50.000 viviendas procedentes de la Sareb para esos fines. Todos estos avances y medidas no habrían visto la luz bajo un gobierno del PSOE en solitario, sin el concurso y la presión de las fuerzas políticas que se agrupan en Unidas Podemos.
Sin embargo, también encontrarás un análisis crítico con respecto a todo lo que se ha quedado en el tintero en relación con las reivindicaciones no solo de nuestro Partido y sus aliados políticos, sino de buena parte de los movimientos sociales que vienen reclamando una solución urgente a la situación emergencia habitacional que asola nuestro país. Quizás la mayor oportunidad perdida sea el hecho de no incluir que el derecho a la vivienda, recogido en la Constitución Española, sea un derecho exigible ante los tribunales, tal y como recomienda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Por otro lado, se abre un periodo de incertidumbre en torno a las consecuencias de la aplicación del articulado propuesto, pues todavía el mercado inmobiliario tiene margen para buscar los resquicios de la Ley y seguir campando a sus anchas, mientras que la administración pública no cuenta con los mecanismos necesarios para perseguir el fraude. Lo que parece claro es que hay que consolidar lo conseguido para volver a tomar impulso y ampliar los derechos pendientes de garantía a través del aumento de la presión política y social. Tomemos nota del reciente aumento histórico del apoyo electoral de nuestro partido hermano, el KPÖ-Plus austríaco, que puede explicarse en buena medida por poner el problema de la vivienda en el centro de su programa político y de su campaña electoral.
