La fuerza de la movilización y del compromiso programáticoUn buen acuerdo para el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones Hay que aumentar la financiación del sistema mediante los impuestos y evitar cualquier intento privatizador

Marga Sanz. Responsable de Pensionistas y Jubilados PCE
Juan Guil. Responsable de Pensionistas PSUC Viu 04/12/2020

La reunión del Pacto de Toledo el 27 de octubre aprobó 22 recomendaciones sobre pensiones con un amplio consenso de la mayoría de las fuerzas políticas menos el voto en contra de Vox y la abstención de ERC y BILDU. Como vamos a ver, se trata de un acuerdo positivo para los y las pensionistas actuales y para la estabilidad del sistema público de pensiones.

El Pacto de Toledo nació en 1995 con el consenso de todas las fuerzas políticas y, entre otras medidas, creó un mecanismo para asegurar la estabilidad del sistema público de pensiones, el fondo de reserva, que los distintos gobiernos, especialmente el de Rajoy, utilizaron para cubrir gastos ajenos a las pensiones, incumpliendo de esta forma lo acordado.

El déficit de la Seguridad Social provocado por la sobrecarga de gastos que ha tenido que soportar y la práctica liquidación del fondo de reserva han sido utilizados mediáticamente para influir en la ciudadanía, introduciendo el miedo a su quiebra y la inseguridad ante un futuro sin pensiones públicas o insuficientes, logrando que siete millones y medio de personas tengan hoy un plan de pensiones privado. Es parte de la estrategia neoliberal del FMI, la Comisión Europea, el BM, el Banco de España y otras instituciones que tiene por objetivo desmantelar el estado del bienestar, convirtiendo las necesidades vitales de las personas en un nuevo nicho de negocios.

La defensa de las pensiones públicas y otras reivindicaciones de vital importancia para las personas jubiladas, como la sanidad, las residencias o la dependencia, ha generado amplísimas movilizaciones sin las cuales difícilmente hoy tendríamos un acuerdo tan avanzado para el sistema público de pensiones.

Un compromiso con el mantenimiento del sistema público de pensiones

Se cierra el paréntesis que supuso la mayoría absoluta del Partido Popular que aprobó, solo con sus votos, la reforma de 2013, poniendo en marcha la desaparición de la revalorización automática de las pensiones y el factor de sostenibilidad, lo que supuso un durísimo golpe para el presente, con la pérdida de poder adquisitivo, y para el futuro, con el recorte de las cuantías máximas de las pensiones.

El acuerdo recoge reivindicaciones que el movimiento de pensionistas y los sindicatos de clase han estado reclamando en la calle y en los centros de trabajo.

Destacan, por su centralidad e importancia, las que se refieren a la defensa del sistema público de pensiones, garantizando pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema y la sostenibilidad de este. Para ello, se mantiene la separación de las fuentes de financiación -cotizaciones/impuestos- según la naturaleza de las prestaciones, se descarga de gastos impropios como los de la Seguridad Social que pasarán al Estado, se da un giro estratégico para aumentar la financiación del sistema mediante los impuestos, asumiendo el Estado a través de los presupuestos los ingresos necesarios en caso de insuficiencia en periodos de crisis, dando con ello estabilidad a las pensiones públicas que, además, aseguran su poder adquisitivo con el IPC de forma permanente por ley, mejorando las más bajas y las no contributivas.

Los incentivos al empleo se deben limitar a discapacitados o personas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, parados de larga duración, jóvenes y mayores de 55 años. Se recomienda la derogación de la Ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad que impuso el PP.

Da respuestas a problemáticas relacionadas con colectivos y sectores de la clase trabajadora sometidos a una precariedad extrema. Destacamos algunas de ellas. En relación a las mujeres han tenido especial sensibilidad, planteando la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizar la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial y se reclama que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a su cargo no generen vacíos de cotización por esta causa.

Debemos impedir que la digitalización y la robótica abran un nuevo ciclo de paro y empobrecimiento fragilizando las pensiones públicas


Sobre la juventud, se propone reforzar la protección social de los becarios. En el caso de la migración, se recomienda que la Seguridad Social facilite la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

También se propone la compatibilidad de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo y la revisión de las pensiones de mayores de 65 años. Se plantea la reducción de los regímenes de cotización a dos: uno de trabajadores por cuenta ajena y otro de trabajadores por cuenta propia.

No podemos dejar de señalar nuestra discrepancia con alguna recomendación, como la referente a “la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones”, medida regresiva que depauperaría las pensiones suponiendo un gravísimo perjuicio para la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores, así como la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, especialmente grave en este contexto de desempleo, precariedad y bajos salarios, fruto de la reforma de la pensiones del gobierno de Zapatero. Igualmente, en relación a las mutuas, que deberían mantenerse como entidades sin ánimo de lucro impidiendo que se abran vías de enriquecimiento a costa de la salud de quienes las deben utilizar.

Movilización social y compromiso del gobierno

Valorado en su conjunto, este acuerdo supone un compromiso con el mantenimiento del sistema público de pensiones, de reparto y solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, cuestión que deja meridianamente clara la consideración preliminar del texto frente a quienes pretenden aprovechar la crisis del coronavirus para forzar su sustitución por sistemas de capitalización individual.

Significa un compromiso institucional del gobierno de coalición con la sociedad, con la clase trabajadora, en un momento en que la pandemia está impactando muy negativamente en la economía y en la vida de la gente.

Un acuerdo que va a reforzar al gobierno del PSOE con Unidas Podemos para seguir desplegando políticas públicas, sociales, económicas o medioambientales frente a posibles exigencias de recortes en derechos con los que la Comisión Europea pudiera condicionar el acceso a los Fondos de Reconstrucción y Resiliencia y frente al asedio de la derecha y la extrema derecha, fieles voceros del capital.

La movilización social, los acuerdos parlamentarios y la determinación del gobierno de coalición para evitar que la crisis golpee a los de siempre serán factores decisivos para el desarrollo de unas propuestas que, por suponer la consolidación futura de un sistema público de pensiones, van a encontrar por el camino muchas zancadillas de los poderes económicos y políticos que siguen en su empeño de convertir las pensiones en un negocio.

Retos para un futuro cercano

En los últimos cuarenta años, parte importante de los puestos de trabajo han sido sustituidos por maquinas. Esos avances han permitido mayores niveles de producción, riqueza y desarrollo de la sociedad. Ahora entramos en otra etapa, la era de la robotización y la digitalización, que está suponiendo un cambio brusco: de aquí a treinta años, el 50% de los puestos de trabajo actuales serán sustituidos por robots. En este contexto, y con la correlación de fuerzas existente, pueden darse reducciones en el nivel de empleo junto con un aumento de la productividad y de las rentas del capital.

En este escenario no es posible que las cotizaciones soporten el peso de la financiación del sistema y resulta necesario el aumento de las aportaciones del Estado mediante los impuestos por razones financieras pero también de equidad y justicia social.

Todo ello debe implicar una profunda reflexión en el seno de la izquierda, en el sindicalismo de clase, en el que los comunistas nos tenemos que implicar. Porque entramos en el núcleo directo de la confrontación de clases: en torno al trabajo, la creación de riqueza y su apropiación.

Concretamente, sobre la implicación de estos cambios en las pensiones –por el tema que nos trae- y en el trabajo: valorar si la empresa no debería pagar en forma de impuesto el coste de la seguridad social del trabajador que sustituya por máquina, podría ser un elemento a debatir y alcanzar acuerdos. Y ello, junto a la reducción de la jornada y el reparto del trabajo sin merma salarial.

Se trata de reducir el impacto que pueda generar en el empleo el crecimiento de la robotización y la digitalización para lograr que la riqueza se distribuya en beneficio de toda la sociedad impidiendo su apropiación por una minoría.

En los últimos veinte años, la riqueza total del país ha pasado de 431.293 millones de euros en 2000 a 2,64 billones de euros en 2019, multiplicándose por seis. El 1% de los españoles poseen el 47,19 del total de la riqueza, 24.828 multimillonarios acumulan esta inmensa fortuna, sin contar la que tienen en los paraísos fiscales. Esta concentración de la riqueza ha empobrecido tremendamente a nuestra sociedad. Ahora debemos impedir que los cambios que traigan la digitalización y la robótica abran un nuevo ciclo de empobrecimiento.

Publicado en el Nº 339 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2020

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