Relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el SaneamientoPedro Arrojo: 'El agua es demasiado importante para dejarla en manos del libre mercado' “Normalmente no se privatiza directamente el agua pero sí su gestión, que casi viene a ser el equivalente”

Gema Delgado. Subdirectora Mundo Obrero 06/12/2020

Pedro Arrojo, doctor en ciencias físicas y profesor emérito de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza, lleva 40 años trabajando sobre el agua. Tiene una larga trayectoria en los movimientos sociales y fue diputado de Unidas Podemos. En 2003 le concedieron el Premio Goldman de Medio Ambiente, considerado como “El Nobel de la Ecología”, por su lucha por un cambio en la política de gestión de aguas desde los movimientos sociales y la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), de la que fue presidente. Con 69 años se ha convertido en el único español que ocupa actualmente una responsabilidad como relator especial de la ONU.

Su primera actuación tras tomar posesión del cargo el pasado 1 de noviembre ha sido hacer un llamamiento a Gobiernos y Ayuntamientos para que se prohíba el corte del agua a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. Y no solamente durante la pandemia, sino siempre. “Según la legislación internacional vigente estos cortes suponen una transgresión de los derechos humanos y por ello deberían prohibirse de forma definitiva”.

Su predecesor, el brasileño Léo Heller, deja el cargo con una campaña brutal contra él tras la publicación de su último informe explicando los peligros de la privatización del agua. Hay mucho dinero en juego y unas cuantas multinacionales por medio. Pero cien grandes organizaciones a nivel mundial y otros relatores de la ONU salieron inmediatamente a respaldarle, entre ellas los sindicatos, porque cuando hablamos de agua hablamos de derechos humanos y los derechos no están en venta.

Pedro Arrojo, que tiene larga trayectoria en los movimientos sociales y ha sido diputado de Unidas Podemos, sabe a qué se enfrenta y llega con la intención de profundizar en esa línea de democratización hídrica: “transparencia, participación ciudadana, lucha implacable contra la corrupción y en definitiva hacer que el derecho humano al agua y al saneamiento esté garantizado por encima de cualquier tentación de negocio”. Adelanta que hablará con todos los sectores: “No estoy en contra del libre mercado pero sí de aplicar el libre mercado por encima de los derechos humanos y democráticos que van más allá de la lógica de mercado”.

MUNDO OBRERO: ¿Cuáles son los principales retos y prioridades que se marca desde esta plataforma mundial?
PEDRO ARROJO:
Es un reto tan ilusionante como desbordante. Son miles de personas y defensores de los derechos humanos los que están empujando y trabajando en la defensa del derecho al agua y una de mis obsesiones va a ser trabajar con ellas y ellos. Es una responsabilidad compartida.

La ONU tiene una tremenda fuerza moral e influencia política pero no tiene capacidad de decisión. Así que no estará en mi mano resolver las cosas, pero lo que sí haré es dar visibilidad a los problemas y denuncias como forma de empoderar a los movimientos sociales y a los más vulnerables, que son quienes más sufren los atropellos en cuestión de Derechos Humanos. Como Relator tendré la capacidad y la obligación de requerir la atención de los gobiernos para que se cumplan los derechos humanos y de colaborar con ellos y con los movimientos sociales proponiendo soluciones.

M.O.: En esta pandemia, la primera vacuna para luchar contra el Covid es el agua con jabón, junto al distanciamiento social. Pero 3 de cada 10 habitantes del planeta no tienen acceso a agua potable. ¿Cuál debe de ser el papel del Estado en tiempos de pandemia para garantizar el suministro?
P.A.:
Del orden de 2.200 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable. No significa que no tengan agua, sino que esa agua está contaminada y no pueden comprar agua embotellada. Unos 3.000 millones no tienen siquiera un lavabo y unos 4.500 millones ni siquiera una letrina, lo que impone condiciones de higiene y de vivienda que no satisfacen los derechos humanos establecidos por la ONU. Se estima que entre 7.000 y 8.000 personas mueren cada día por no disponer de agua potable, es decir unos 2,5 millones al año. Unas 250.000 mueren de diarrea, en su mayoría niñas y niños menores de 5 años. El resto muere por otras infecciones o por la ingesta sistemática de agua con tóxicos, como metales pesados, que no te mandan al hospital al día siguiente pero degradan la salud progresivamente.

No sólo es una cuestión de países lejanos y empobrecidos. Aquí vimos que los primeros brotes masivos de contagio fueron entre los temporeros que no podían disponer de agua y jabón para lavarse y asearse.

En España el gobierno tuvo la sensibilidad de prohibir los cortes de agua y de servicios básicos durante el confinamiento. Ahora por presiones de las grandes empresas se ha levantado esa protección. Eso es rigurosamente un incumplimiento del derecho humano.

M.O.: La ONU reconoció el acceso a agua potable como un derecho humano fundamental en 2010. ¿Cómo puede garantizarse ese derecho cuando se privatiza el agua?
P.A.:
El mercado sirve para lo que sirve, pero la propia lógica de libre mercado no parece la más consistente para gestionar derechos humanos universales como el acceso al agua para todo el mundo, incluidos los que no pueden pagar. El agua es demasiado importante para dejarlo en manos del libre mercado.

Normalmente no se privatiza directamente el agua pero sí su gestión, lo que viene a ser prácticamente equivalente. La responsabilidad de la gestión es pública, depende de los Ayuntamientos. ¿Y un ayuntamiento puede privatizar la gestión? Sí, pero es un tema tan importante que debería exigirse un proceso muy democrático y absolutamente transparente. En la gestión, ya sea pública o privada, tiene que haber una dinámica de participación ciudadana que no la garantiza el mercado, además de formas adecuadas de funcionamiento, criterios de gestión garantizados por ley, etc. Porque no se trata sólo de calidad sino de accesibilidad y de un sistema de tarifas justas y asequibles.

M.O.: Hay organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que han impulsado esa privatización.
P.A.:
Ha habido presiones para privatizar el agua. Por ejemplo, con Pinochet, en Chile se legisló para privatizar materialmente los ríos. Endesa tiene la mayoría de los ríos de la Patagonia chilena. Y Pinochet vinculó la ley de privatización de aguas con la Constitución.

El modelo británico, que impulsó Margaret Thatcher, no privatizó materialmente el agua, que siguió siendo pública, pero sí las infraestructuras de agua y saneamiento y la gestión. Este modelo apenas se ha extendido.

El modelo basado en el llamado partenariado público-privado, que ha respaldado sistemáticamente el Banco Mundial, es el que domina en el mundo, ya sea por concesión directa o compartida.

Es el modelo francés o europeo, que a través de España llega a América Latina. El agua es pública. También, en general, las grandes infraestructuras, que requieren inversiones a muy largo plazo y generan beneficios muy limitados. Lo que interesa y se privatiza es la concesión de la gestión. Concesiones por largos periodos, de hasta 40 años, que se van cobrando a través de las tarifas. Y como políticamente puede estar mal vista esa privatización, los grandes operadores suelen ofrecer la creación de una empresa mixta público-privada donde se le ofrece al Ayuntamiento el 51% de las acciones. Es el modelo del Canal de Isabel II. ¿Cuál es la clave del contrato? Pues hay un punto que viene a decir que quien técnicamente sabe de ese tema, que es la parte minoritaria privada, tendrá las competencias de gestión y de dirección. Otra clausula suele establecer que las compras y contrataciones corresponden a la dirección, con lo que la empresa privada las asigna a empresas de su propio grupo directamente, sin concurso público, y por tanto sin competencia. De hecho, de ahí se suele derivar más del 50% de los beneficios del grupo empresarial. La empresa privada compra, ya sea ordenadores o un software de robotización de fugas, a un coste mucho más caro del que se conseguiría bajo competencia pública. Y ese coste se carga, por acuerdo de contrato, en la tarifa que pagan los ciudadanos.

El coste de una posible reversión de la concesión es tan exagerado que se hace inviable: habría que pagar el lucro esperado a lo largo de esas décadas de concesión. Con este tipo de mecanismos el Ayuntamiento acaba perdiendo el control público de un servicio tan esencial.

En Holanda está prohibido este tipo de esquema e incluso la derecha tiene claro que el agua tiene que ser de gestión pública. Pero en el Este de Europa la privatización de la gestión está generalizada, no sólo del agua sino de basuras, de electricidad, de todo.

M.O.: Es difícil concebir el derecho humano al agua aislado de otros derechos humanos fundamentales, como el de la salud del planeta y de sus habitantes.
P.A.:
La salud de la naturaleza acaba siendo garantía de la universalidad del derecho al acceso al agua potable para los más vulnerables, los que tienen que tomar el agua desde el río. Pero no sólo depende del medio ambiente, también de la vivienda digna, la salud pública, la emigración, la extrema pobreza, las comunidades indígenas, la vulnerabilidad de las mujeres y la contaminación tóxica. Intentaré, como mi predecesor, que todas las iniciativas que tome sean coordinadas con estas relatorías.

M.O.: La calidad del agua cada vez está más degradada, como el planeta. ¿Se puede llamar potable a todo el agua que sale del grifo?
P.A.:
A veces se le llama agua potable al agua mejorada, es decir a la que ha sido clorada y entubada, pero que realmente no es potable. Es lo que pasa, por ejemplo, con el agua de Lima, una de las grandes capitales del mundo. El río Rimac está contaminado con metales pesados y otros tóxicos que dejaron las empresas mineras que ya se fueron y a las que no se les puede exigir ni responsabilidades. Y lo mismo sucede en muchas otras capitales de América Latina, de Asia, de Africa y de parte de Europa. Los problemas de contaminación tóxica derivados de la minería a cielo abierto, de los agrotóxicos o del fracking no se pueden resolver desde las plantas urbanas de depuración y cloración. Por eso otra de mis prioridades es trabajar sobre la contaminación química que envenena cada vez más ríos y acuiferos con metales pesados y otros tóxicos, y sobre la creciente contaminación por nitratos y fosfatos de la ganadería intensiva y las prácticas agrarias.

Publicado en el Nº 339 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2020

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