Prohibidos también los cortes de agua, gas y luzAl fin tenemos vacuna contra los desahucios (por ahora mientras dure el estado de alarma) Es un nuevo avance social que Unidas Podemos logra arrancar al PSOE en el seno del gobierno

Lola G. Toledano 26/12/2020

Tras casi dos meses de dura batalla política en el interior del gobierno y también en los titulares de la prensa, de refriega parlamentaria mientras el movimiento por la vivienda combatía a pie de calle, finalmente el Consejo de Ministros acordó modificar el Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con el objetivo de garantizar lo que se suponía que ya estaba garantizado. A saber, que durante la pandemia nadie iba a ser desahuciado si no tenía a donde ir y que nadie iba a quedarse sin agua, luz o gas por no poder pagarlos. Que en tanto no hubiera solución a la pandemia de Covid-19 sí iba a haber una vacuna contra los desahucios.

Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministros de agua, gas y luz a familias vulnerables, al menos y por ahora, en tanto dure el estado de alarma por la pandemia. Estos han sido dos de los principales objetivos perseguidos por Unidas Podemos desde el inicio de la pandemia, que es casi como decir desde el inicio de su, de nuestra presencia en el Gobierno de España –está usted leyendo el periódico del PCE-.

El gobierno de coalición volvió a revelarse como el terreno de batalla entre representantes de sectores sociales en pugna, en este caso, los de quienes desahucian y los de quienes son desahuciados. Luchas de clases. Era necesario ampliar las medidas ya acordadas. Medidas con las que el gobierno pretendía impedir desahucios, pero que no estaban siendo eficaces. Así lo exigían las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, la PAH y los sindicatos de inquilinos desde la primera línea de combate.

Una fecha y una imagen desencadenan los acontecimientos. 27 de octubre. Desahucio en Carabanchel. Propietario de la vivienda: la SAREB. Adoración, su hijo, su nuera y sus cuatros nietos se van a la calle. Unos días después alcanzarán un acuerdo con el “banco malo” para volver a la vivienda, pero la imagen circula velozmente por las redes levantando una ola de indignación. La señal de alarma circula también en Unidas Podemos, pero por vías internas. A la mañana siguiente, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián pregunta por ello al ministro competente en la materia, el ex comunista José Luis Ábalos y este asegura sentirse impactado ya que “en teoría” el decreto vigente “no permite los desahucios”.

Tras la declaración del Estado de Alarma, los plazos judiciales estuvieron suspendidos hasta el 4 de junio. Desde ese momento los bancos y las grandes inmobiliarias no tardaron en instar a los juzgados la reanudación de los procesos de desahucios iniciados antes de la pandemia y de aquellos supuestos que no estaban previstos en el primer decreto: los de familias que usan viviendas vacías de bancos y grandes tenedores como solución habitacional. Desde entonces, algunos fueron ejecutados con o sin resistencia, otros lograron ser evitados por la movilización popular. El de Carabanchel no había sido ni muchos menos el único, pero significó la gota que colma el vaso.

El 11 de noviembre Unidas Podemos y otras fuerzas parlamentarias - EH Bildu, ERC, Junts, CUP, NC, BNG y Más País – firman un documento en el que se comprometen – nos comprometemos - a instar al gobierno a resolver el problema, no solo en tanto dure la pandemia sino hasta la aprobación de una ley de vivienda que garantice plenamente el derecho proclamado en el artículo 47 de la Constitución. El documento describe el estado de cosas: solo entre el 4 y el 30 de junio se ejecutaron en España 1.384 desahucios de familias con vulnerabilidad previa al virus, señalando que algunos de ellos fueron instados por Bankia y la SAREB, entidades con mayoría de participación pública, es decir, por el gobierno.

El PSOE no responde a las demandas y el asunto entra de lleno en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. El 17 de noviembre, Unidas Podemos, junto con parte de los firmantes del manifiesto de la PAH, anuncian la presentación de una enmienda para que las medidas antidesahucios formen parte del acuerdo presupuestario. Máxima presión sobre el PSOE.

En paralelo, la negociación entre la Secretaria de Estado para la agenda 2030, dirigida por la compañera de Unidas Podemos, Ione Belarra y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana- anteriormente conocido como “de Fomento”- sigue su curso y los avances permiten retirar la enmienda de acuerdo con todos su firmantes. Al día siguiente, 2 de diciembre, se hace público que el decreto irá al Consejo de Ministros “cuanto antes”.

Pero la historia no acaba aquí: este “cuando antes” se alargó durante tres semanas al surgir al menos dos diferencias que retrasan la aprobación de las medidas durante tres largas semanas: la compensación a los grandes tenedores de vivienda y la inclusión de la moratoria de corte de suministros.

Finalmente, llega el acuerdo: Unidas Podemos acepta incluir las compensaciones ya mencionadas para asegurar que el gobierno no se enfrente a un alud de reclamaciones judiciales, mientras que el PSOE acepta incluir medidas para garantizar los suministros.

Ahora toca verificar que las medidas son eficaces, especialmente en lo que concierne a las comunidades autónomas, pero sin duda esta es una victoria del movimiento por la vivienda digna, de la PAH y los sindicatos de inquilinos y un nuevo avance social que Unidas Podemos logra arrancar al PSOE en el seno del gobierno. Un refuerzo imprescindible del escudo social para no dejar a nadie atrás. Con mucho esfuerzo parece que estamos logrando hacer verdad aquello que prometimos en campaña: un gobierno contigo.

El decreto: refuerzo del escudo social para no dejar a nadie atrás

• Obliga a las comunidades autónomas a ofrecer solución habitacional en una vivienda digna: nunca en Amplía la protección a quienes tenían situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, suspendiendo los desahucios con motivo de impago de alquiler.

• Protege a las familias vulnerables con menores, dependientes y víctimas de violencia machista que están dando uso a viviendas vacías propiedad de bancos y grandes tenedores.hostales, pensiones o albergues.

• Prohíbe cortar los suministros de luz, agua, gas, si así lo solicitan los servicios sociales municipales, consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.

Anabel Segado: El decreto marca camino para la política del gobierno, “proteger los derechos fundamentales de la clase trabajadora en la práctica”

El PCE, a través de su Secretaría de la Vivienda, valora muy positivamente las medidas para impedir los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad sin que se les provea de solución habitacional digna. “Estas medidas –dice Anabel Segado- son realidad gracias al empuje del movimiento antidesahucios y por la vivienda digna, la PAH y el Sindicato de Inquilinos. Además considera que marcan línea en los objetivos que el gobierno debe perseguir para “proteger a las y los trabajadores y los derechos fundamentales de todas en la práctica, es decir, en nuestra vida cotidiana”.

Segado considera muy importante que los tribunales vayan a tener la obligación de solicitar informe de vulnerabilidad, que sea vinculante y que la solución habitacional nunca pase por albergues o polideportivos sino por un hogar. “Todas entendemos lo que eso significa y más aún en estos momentos, de restricciones de movilidad, de confinamientos más o menos restrictivos, y de cómo todas las medidas necesarias para luchar contra el Covid necesitan, inexorablemente, de un bien de primera y básica necesidad: una vivienda”.

Publicado en el Nº 340 de la edición impresa de Mundo Obrero dic2020-ene2021

En esta sección

Unidas Podemos envía un cargamento de 10.000 kilos de leña a las familias del sector VI de la Cañada Real ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la ComunidadEnrique Santiago denuncia la responsabilidad criminal del gobierno de la Comunidad de Madrid en la Cañada RealIU denuncia la subida abusiva e injustificable de los precios del oligopolio eléctricoIU pide un pleno de la Asamblea de Madrid sobre la campaña de vacunaciónEnrique Santiago denuncia la connivencia de algunos policías con la extrema derecha

Del autor/a

Al fin tenemos vacuna contra los desahucios (por ahora mientras dure el estado de alarma)Una larga campaña para que haya #UnGobiernoContigoVeni, vidi, Fiesta del PCELa Fiesta confirma que #VuelveElPCE