La chapucera y negligente gestión de 'Ambulancias Tenorio' en Extremadura

Rafa González 04/01/2021

Era el año 2017 y por primera vez se escuchó en Extremadura un nombre que quedará para siempre vinculado a la quintaesencia de la chapuza empresarial y la indolencia de la Junta de Extremadura. Ese nombre no ha dejado de repetirse: Ambulancias Tenorio. La empresa andaluza de transporte sanitario ganaba ese año el contrato para la gestión del servicio de transporte de ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) durante cuatro años, por un importe de 122,6 millones de euros. La adjudicación de este contrato dejaba fuera de juego a la unión de empresas (UTE) formada por las siete sociedades extremeñas que hasta la fecha venían prestando ese servicio.

Como resultado de la adjudicación del contrato, Ambulancias Tenorio se encontró en la obligación de subrogar a una plantilla de 842 trabajadores y hacerse cargo de una flota de 432 vehículos pero, como buenos empresarios vinculados a las redes de poder, sabedores de la pátina de inmunidad que les protege, comenzaron los incumplimientos desde el primer día. Al fin y al cabo son solo negocios, la lógica del servicio público pasó a la historia.

Los primeros en alertar sobre la situación fueron los trabajadores y las trabajadoras que ya venían denunciando que la anterior empresa concesionaria -Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario- no cumplía el convenio ni respetaba los derechos laborales de la plantilla. Tenorio dio un paso más y convirtió las jornadas de trabajo en un verdadero infierno.

El respeto a los derechos laborales en la prestación de este servicio es poco menos que un elemento retórico en el servicio de ambulancias que se presta en Extremadura, pese a que la ley que rige este tipo de contratos centra algunos de sus esfuerzos precisamente en estas circunstancias. Pero poco se puede hacer cuando a los encargados de hacer respetar la ley, es decir la Junta de Extremadura, les trae al pairo las condiciones laborales de los servicios que privatiza. El incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores puede tener graves consecuencias para las empresas que gestionan servicios públicos privatizados pero para eso se requiere una administración pública decente, que vigile el cumplimiento de la legislación, algo que en Extremadura nos resulta absolutamente desconocido. El clientelismo y la incompetencia no dan para tanto.

Las infracciones de la normativa laboral fueron especialmente intensas en materia de jornada de trabajo. El personal técnico del transporte sanitario llegó a tener jornadas mensuales de 300 horas (la jornada mensual de un trabajador en España es de 140 horas), con picos que en ocasiones han alcanzado incluso las 600 horas mensuales, el cuádruple de la jornada legal. No fue lo único. Los trabajadores y las trabajadoras también denunciaban que se llegó a negar las vacaciones pagadas y todo tipo de permisos como los de paternidad. Todo ello ante la pasividad de una Junta de Extremadura que en ningún momento ha intervenido para hacer algo tan elemental como garantizar que se cumpla la legalidad vigente.

BALANCE DE LA VERGÜENZA

Ambulancias Tenorio aplicó toda la crudeza de la lógica del capital al servicio público que estaba gestionando. Tras la plantilla les tocó a los usuarios y las usuarias que vieron cómo se reducía de una manera alarmante la calidad del transporte sanitario en la región. Esta situación llevó a que en la Asamblea de Extremadura se abriera una comisión de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud y la transición del servicio entre la anterior adjudicataria y la nueva empresa.

En los trabajos de la comisión de investigación corroboraron que se produjeron importantes irregularidades que afectaron a las personas usuarias y también a los trabajadores y trabajadoras. Entre otras cosas quedó probado que los pliegos de condiciones redactados por la Junta de Extremadura para la explotación de este servicio contenían imprecisiones y que también se dieron informaciones diferentes para las empresas que optaban a él. Además, también se demostró que Ambulancias Tenorio, que llevaba más de un año prestando el servicio, no estaba cumpliendo con las mejoras prometidas en esos pliegos, los cuales fueron anunciadas a bombo y platillo por la Junta de Extremadura a la que luego no le importó que no se cumplieran.

También quedó demostrada la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras e incluso que se habían realizado casi 200 contrataciones en prácticas, vulnerando los convenios colectivos y también lo estipulado en los pliegos de condiciones. El dictamen coincidía con la realidad que se vivía y se manifestaba en las quejas de los usuarios, las cuales eran continuas, y con la inspección de trabajo que levantó varias actas. Nada pareció importarle al PSOE que ostenta el gobierno de la región.

Con la llegada de la pandemia y con el servicio paupérrimo que ofrecía Ambulancias Tenorio se dispararon las quejas. Si la gestión durante los años anteriores se podría definir como polémica y caótica, las nuevas circunstancias exigían una profesionalidad que estos empresarios no tenían intención de llevar a cabo. La sorpresa salta cuando esta empresa hace pública su intención de abandonar Extremadura, dejando detrás el incumplimiento generalizado y reiterado del pliego de condiciones.

La gestión de Ambulancias Tenorio se puede resumir en nueve ambulancias que han salido ardiendo debido al estado lamentable en el que se encuentran los vehículos y su falta de mantenimiento, la agresión sistemática a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la mala calidad del servicio que han pagado miles de extremeños y extremeñas.

GESTIÓN PÚBLICA Y DIRECTA

Lo que queda meridianamente claro es la tozudez neoliberal de las decisiones de un gobierno que no atiende a otra lógica que la de la reproducción incesante del beneficio empresarial y la alergia a los servicios públicos ¡¡¡que ellos mismos dirigen!!!

La privatización de un servicio público añade costes extraordinarios, debido precisamente a que interviene un nuevo actor que en otras circunstancias no resultaría necesario: la empresa adjudicataria. La privatización suma al coste del servicio el beneficio que debe obtener la empresa que aparece como gestor e intermediario entre la administración y el ciudadano que recibe la prestación.

¿Por qué prefieren los responsables políticos una privatización? Porque hay mucho vago y mucho irresponsable que prefiere desentenderse del asunto y que se encargue otro, porque hay mucho neoliberal suelto en la administración pública y porque una privatización supone un abaratamiento a base de vulnerar sistemáticamente los derechos laborales y la calidad del servicio. Así de simple, el PSOE en Extremadura lo asume con absoluta naturalidad.

La única solución para tener un transporte sanitario de calidad es la gestión pública y directa de este servicio por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES).

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