No juzguéis y no seréis juzgadosA propósito del Poder Judicial

Alberto Revuelta. Abogado 13/01/2021

El artículo 122 de la Constitución de 1978 acoge la necesidad de organización en democracia del gobierno de los miembros de tercer poder del Estado. El 29/12/1978 se creaba el Consejo General del Poder Judicial. La LO 1/1980, de 10 de enero diseñó su organización ante la necesidad de constituir el Tribunal Constitucional. Será la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que derogó la de 1980, la que asiente su estructura y competencias. Su Reglamento interno el 1/1986, de 22 de abril. Finalmente la Ley 2/2001 modificó la 6/1985. 20 vocales y un presidente lo componen. De ellos 12 jueces o magistrados y 8 juristas de prestigio. Éstos, elegidos 4 por el Congreso y 4 por el Senado.

Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Los tres poderes concebidos constitucionalmente en su independencia funcional, garantizadora de la separación de poderes y del equilibrio de contrapesos institucionales, tendentes a evitar las concentraciones competenciales y resolutorias, en manos de uno de ellos.

No obstante, siempre en derecho hay un no obstante. El artículo 1 CE78 afirma que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los Poderes del Estado”. Son las Cortes Generales quienes representan al pueblo español. Están formadas por el Congreso y el Senado. En ellas está representada, por la elección popular, la soberanía nacional. Conviene tenerlo presente en lo que sigue.

En España, como en otros países del continente europeo se impuso respecto al poder Judicial un modelo burocrático de juez. La legitimidad de los concretos miembros del Poder Judicial viene de la reconocida legalidad del acceso a la condición de jueces y a la vez funcionarios del Estado, tras ganar plaza en el correspondiente escalafón. Sin esa condición no hay ejercicio de juzgar legítimo en España.

El modelo burocrático arrastrado desde el siglo XIX y con entrada en la CE78 conlleva aún disfunciones muy importantes que no se han liquidado adecuadamente por ninguno de los Parlamentos de las legislaturas democráticas desde 1978 hasta hoy. Ese modelo burocrático reforzado tiene descosidos que visibilizan las vergüenzas y desnudeces del sistema judicial que ejerce el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado.

En el ejercicio estructural de la Justicia intervienen de hecho la propia Administración del Consejo General del Poder Judicial, la Administración central del Estado a través del Ministerio de Justicia y las 17 Administraciones de las Comunidades Autónomas. Basta ejercer de abogado o procurador, de ser justiciable en un proceso, por inconsistente que fuere, para comprobar cómo puede mediatizarse el trabajo y la eficacia de los jueces desde la Consejería correspondiente del territorio. Amén de las relaciones subterráneas pero detectables entre Administraciones burocráticas públicas. No deseo ahondar en esa vía de control de la independencia judicial.

En 1996 se publicó el Libro blanco de la Justicia y con gobiernos conservadores y progresistas sus paginas no las ha leído completas ni uno solo de los ministros y secretarios de Estado. Los intereses en conflicto tienen tal extensión y profundidad que no se han tomado en serio la exigencia de cambios diseñados en favor de los justiciables. No es de extrañar que un presidente de entidad de crédito prefiriera pegarse un tiro con su escopeta de caza a soportar pasar por los círculos del Dante diseñados por legisladores y jueces para llegar a resolver un asunto.

La burocracia del sistema de acceso, a base de memorizar y cantar textos legales, garantiza que quienes más memoria tienen, por genes, y mejor cantan, como los tres tenores, consigan plaza in aeternum para decidir sobre la vida y haciendas de sus ciudadanos aunque sus circuitos neuronales, los de ganadores de oposición, no existan o estén averiados por la soberbia delectación de su importancia única en el proceso. Añádase el disparatado y vergonzoso ir y venir de jueces y magistrados del caño al coro y del coro al caño. Cargos políticos que crean intereses y prebendas y vuelta a los tribunales. En el gobierno actual, de izquierdas, se sientan varios magistrados que han hecho ese viaje varias veces incluso. Y todos dando lecciones a diestro y siniestro sobre limpieza y honestidad políticas y jurisdiccionales. ¿Cómo puede criticarse al actual presidente del Consejo por sus inclinaciones manifiestas hacia un color político, estando en otro y andando de aquí para allá con igual soltura?

La impasibilidad del legislativo y del ejecutivo ante el desprecio a la ley que obliga a designar los miembros del Consejo General del Poder Judicial tras el cumplimiento del tiempo para el que fueron nominados sus actuales miembros, es una muestra del desprecio a la ley que preside a la nomenclatura legislativa, ejecutiva y judicial de este país. Si un ciudadano no hace frente al apremio de un oscuro recaudador ejecutivo del último municipio de la más vaciada provincia que le reclama una tasa municipal ínfima se arma la de San Quintín. Mientras, los diputados y senadores se limitan a esperar con los sueldos in crescendo a que escampe el temporal.

Hay incidentes en Burgos, en Barcelona, en Málaga en Bilbao, en Zaragoza y Madrid y más que va a haber. La indolente incapacidad para afrontar los problemas la vamos a pagar caro. También en la Administración de Justicia.

El título de este artículo es un plagio a San Lucas que lo escribió en su Evangelio, capítulo 6, versículo 37.

Publicado en el Nº 339 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2020

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