Fortalecer una salida distinta de la crisis La voluntad de negociación y acuerdo es complementaria con la movilización

Unai Sordo. Secretario General de CCOO 25/01/2021

Las secuelas de la crisis sanitaria se han extendido a una crisis económica cuya evolución va a ser compleja. Si en un primer momento, ante el desconocimiento generalizado sobre como evolucionaría la pandemia, se especuló con una crisis de intensidad enorme pero duración corta, este escenario está superado por los acontecimientos.

La respuesta dada a la crisis económica hasta ahora es muy distinta a la que se puso en marcha a partir de 2010 y que se extendió durante el siguiente lustro. En aquel momento se impulsó una agenda para la devaluación salarial de países como España, deteriorando las condiciones de trabajo, debilitando la capacidad de respuesta colectiva de las y los trabajadoras/es, así como recortando el gasto en los servicios públicos, lo que produjo su deterioro.

La “devaluación interna” y los “procesos acelerados de consolidación fiscal” fueron los eufemismos utilizados para justificar el empobrecimiento de las mayorías sociales y facilitar la digestión a un sistema financiero que había alimentado todo tipo de burbujas especulativas y de sobreendeudamiento.

En la crisis actual la respuesta ha sido distinta. La Unión Europea le ha visto las orejas al lobo y, lejos de las anteriores políticas de austeridad, ha acometido una respuesta expansiva a través de la política monetaria del BCE y de la puesta en marcha de fondos económicos que se transferirán a los distintos países de la Unión y que se financiarán mediante deuda común. Tampoco es un dato menor que las condiciones que se ponen para la recepción de estos fondos no consisten en reformas como las del lustro 2010-2015 sino que están encaminadas -a priori- a la mejora del tejido productivo mediante el impulso a la digitalización de la economía, a facilitar la transición hacia una economía neutra en emisiones -transición ecológico/energética- y al fortalecimiento (resiliencia lo llaman en los nuevos eufemismos) de los sistemas públicos.

En España la respuesta tampoco tiene nada que ver con la de la anterior crisis. En materia laboral, a través de los acuerdos sobre los ERTE se ha dado un hecho sin precedente: por primera vez en la historia de nuestras crisis económicas la caída del empleo ha sido mucho menor que la caída del PIB. Seguramente los ERTE han salvado del orden de dos millones de puestos de trabajo. A cambio, eso sí, de una socialización temporal de una parte de los salarios y las cotizaciones sociales.

De igual forma los PGE son netamente expansivos, condición necesaria (aunque no suficiente) para promover un crecimiento económico cuando la pandemia dé tregua y se recupere una cierta normalidad social.

Hay que proteger a los trabajadores también después de la pandemia

España ha hecho un esfuerzo económico sin precedentes frente a esta crisis. Sin embargo hay que dimensionar bien las cosas. Por un lado, ese esfuerzo fiscal es inferior al de otros grandes países de la UE. Y por otro, aunque es innegable la visión social en muchas de las políticas adoptadas por el gobierno, el impacto social de la crisis es enorme. En nuestro país ha habido y hay centenares de miles o millones de personas en condiciones precarias de vida, sin recursos básicos y que no están amparadas por un sistema de protección social suficiente.

Lo realizado hasta ahora es la respuesta de emergencia ante una crisis sin precedentes en su intensidad (caída de PIB y todas las demás variables económicas) y en su origen (impacto económico del colapso producido por una pandemia que paró el país) pero no está escrito cómo se van a conducir las políticas económicas en tiempos postpandemia.

Es ingenuo pensar que las políticas económicas actuales responden a que los halcones de la austeridad se hayan caído del caballo y hayan asumido el desastre de la devaluación de la anterior crisis. Más bien han sido lo suficientemente lúcidos como para ver que o Europa daba una respuesta distinta o el riesgo de descomposición de cualquier legitimidad de la UE estaba ahí. Y ahora sí, el lobo de la reacción y el fascismo 4.0 enseñaban los dientes, hasta el punto de gobernar algunas potencias mundiales y de configurar una amenaza visible en Francia, España o Italia, alimentar la salida británica o vertebrar respuestas nacional-populistas en países como Hungría o Polonia.

Después de la pandemia habrá aguas que vuelvan a su cauce. Y el cauce se está disputando ya. En la UE antes o después se pretenderá recuperar los raíles del PEC (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) con sus indicadores en términos de deuda pública y déficit. Si España no hace sus deberes fiscales en materia de recaudación, los fondos europeos no van a servir para evitar nuevos escenarios de recorte dentro de unos años.

Si se instala la idea de que los fondos de reconstrucción europeos (los NGUE) se “otorgan” a condición de mantener intactas las reformas del periodo 2010-15, la salida de la crisis a pocos años vista volverá a incrementar la desigualdad, la precariedad, la incertidumbre y la pobreza de una amplia capa de la sociedad española.

Un nuevo contrato social con una fiscalidad suficiente

Por eso es el momento de definir esos raíles de salida de la crisis con la perspectiva del medio plazo. Por eso queremos afrontar las negociaciones para cambiar nuestro modelo laboral -hoy marcado por la precariedad y los bajos salarios como forma de competitividad indeseable- por uno que refuerce el papel de la negociación colectiva, otorgue poder (sí, poder) a la clase trabajadora y rompa el modelo de precariedad contractual y despido como forma de ajuste de las empresas. Y todo esto pasa por la corrección de la reforma laboral del 2012 que, más allá de los términos que empleemos (derogación, reversión, superación…), tiene que conducir a un modelo laboral distinto y que afronte las nuevas realidades de una clase trabajadora heterogénea.

Es el momento de rehacer un contrato social con una fiscalidad suficiente para sostener un sistema de servicios públicos, tanto en los ámbitos educativos, sanitarios, de pensiones o de suministro de rentas como en el área de los cuidados y la dependencia, cuestión clave en una sociedad envejecida.

Y es el momento de reivindicar la intervención del poder público en la economía. Pasar de un Estado flotador a un Estado emprendedor.

En esta situación, CCOO ha planteado nuestra voluntad de reforzar el marco de diálogo social desde dos premisas. La primera, los compromisos que España adquiera con Europa no pueden quitarle el oxígeno a las negociaciones. Si los compromisos previos fuesen cerrados, no vamos a asumir un papel de acompañamiento al gobierno en modo alguno.

La segunda, queremos negociar. Preferimos acordar pero si no hay acuerdo el gobierno debe actuar. Lo contrario es dar derecho de veto o bloqueo a una parte. En este caso, a la CEOE.

Ante este escenario, con el mal precedente de la no subida del SMI y la necesidad de recuperar una agenda social para la postpandemia, hemos convocado movilizaciones. Porque la voluntad de negociación y acuerdo son complementarias con la movilización, que tendrá el recorrido que la marcha de las cosas recomiende y que evaluaremos desde la autonomía del sindicato.

Publicado en el Nº 341 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2021

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