Por fin se ha realizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la audiencia pública por el genocidio político contra la Unión Patriótica para establecer la responsabilidad del Estado colombiano. La sentencia se podría anunciar antes de fin de año.

La UP se fundó en 1985 para la participación electoral en el escenario de los acuerdos de la guerrilla de las FARC con el gobierno del presidente Belisario Betancur que no fueron respetados. Los buenos resultados en las urnas del nuevo partido político alarmaron al tradicional bipartidismo (liberales y conservadores) y a sus aliados de las Fuerzas Armadas, los terratenientes, los paramilitares y los narcotraficantes.

Después de casi treinta años de absoluta impunidad, la Fiscalía General de Colombia reconoció en 2014 como un delito de lesa humanidad “el plan de aniquilación organizado por los sectores políticos tradicionales en complicidad con paramilitares, narcotraficantes y agentes de los servicios de seguridad del Estado”.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, durante veinte años asesinaron a 4.000 militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica. Entre ellos, dos candidatos presidenciales, una docena de parlamentarios, veinte alcaldes y un centenar de concejales.

Es el peor caso de persecución letal sistemática contra un grupo político en toda la historia de América Latina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación porque la persecución y el exterminio se produjeron, con absoluta impunidad y permanente reiteración, contra la expresión de sus ideas mediante un partido político”.