Agresión económica, social y medioambientalEl imperio depredador de ALCOA en Surinam Las comunidades afectadas y los defensores del territorio no tienen muchas opciones de obligar a ALCOA a cumplir con la responsabilidad corporativa de la que la compañía presume en sus folletos

Guadalupe Barahona 11/02/2021

Desde su llegada a Surinam en 1916 hasta el cierre de todas sus operaciones a finales de 2019, ALCOA construyó un imperio del aluminio en este pequeño país suramericano de 600.000 habitantes. Analizamos su legado con activistas de Surinam, defensores de los trabajadores, de las comunidades indígenas afectadas y de la biodiversidad.

ALCOA, The Aluminium Company of America, ha marcado el destino de Surinam durante el último siglo, como continuación al régimen colonial esclavista que había imprimido su destino los dos siglos precedentes, desde que Surinam se convirtió en colonia holandesa en 1667.

ALCOA desembarcó en Surinam en 1916, en un momento en que la producción de aluminio despegaba como componente clave en el desarrollo de la aviación y la automoción. La alúmina procedente de la bauxita del oriente de Surinam permitió a Estados Unidos alimentar su industria de guerra durante la II Guerra Mundial, ante la interrupción de suministros desde Europa.

Lo que empezó siendo una actividad extractiva, de exportación de bauxita, se transformó, después de la II Guerra Mundial, en un auténtico imperio del aluminio. ALCOA firmó en 1958 el Acuerdo de Brokopondo con el entonces gobierno colonial holandés y con la empresa nacional de energía de Surinam (EBS), por el que se preveía la construcción de una presa y una central hidroeléctrica que alimentaría una refinería de alúmina y una fundición de aluminio en Paranam. La compañía subsidiaria de ALCOA, Suralco, construiría y mantendría esta instalación, y tenía el derecho de explotarla, hasta que cesara su producción en Surinam. Cuatro décadas después, en 1998, ALCOA cerró la fundición y en 2015 la refinería, alegando que habían dejado de ser competitivas. Pero continuó vendiéndole la energía eléctrica al Gobierno de Surinam, a un precio muy por encima del coste de producción. El país empezó a invocar el Acuerdo de Brokopondo, por el que la central hidroeléctrica tenía que ser entregada al Gobierno de Surinam. El entonces presidente Desiré Bouterse designó una comisión presidencial que negoció con ALCOA un nuevo Acuerdo de Brokopondo en agosto de 2019, que pasó a sustituir al acuerdo de 1958, y que no define con concreción las responsabilidades de la compañía en la descontaminación y recuperación de las zonas afectadas por la actividad industrial. Muchas voces denuncian que la comisión presidencial que negoció con ALCOA estuvo compuesta por magnates y empresarios buitres, que miraron más por sus negocios que por el interés nacional.

¿DESARROLLO O ESCLAVITUD?

La construcción de la central hidroeléctrica de Afobaka supuso el embalsamiento del río Surinam con una represa de 12km de largo y 80 mt de profundidad. Se inundó una extensión de 1.560km2 de selva virgen, donde hasta el 1 de febrero de 1964 seis mil personas del pueblo Saamaka habían vivido según sus tradiciones ancestrales, en equilibrio con la naturaleza, de la pesca, de la recolección y del cultivo de la yuca, entre otros alimentos. Los Saamaka son uno de los seis pueblos cimarrones que habitan en Surinam, descendientes de esclavos huidos de las plantaciones coloniales desde el s.XVII. Su cultura, lengua, religión y prácticas tradicionales se fueron forjando a partir de la convivencia de sus distintas raíces africanas con los habitantes amerindios que encontraron al adentrarse en la selva.

Los seis mil habitantes de las 43 aldeas Saamaka inundadas fueron evacuados precariamente en lanchas con los pocos enseres que pudieron llevarse, dejando atrás sus casas y su forma de vida. Les esperaban diminutas cabañas de madera, precariamente construidas en zonas de reasentamiento sin energía eléctrica ni saneamientos y, lo que es peor, sin acceso a terrenos de caza o de cultivo. Condenados a migrar o a trabajar para ALCOA, a quienes han optado por esta opción les quedó una pensión que no alcanza los 100 dólares al mes, en un país con una inflación que supera el 50% anual. Como recogía el reportero de la Gaceta de Pittsburgh, Rich Lord, en un reportaje realizado en 2017, para el entonces cabeza de la Asociación de Autoridades Saamaka, Stiefen Petrusi, “el desarrollo es el camino hacia la esclavitud”.

Y es que las palabras desarrollo y ALCOA van de la mano en un país que se independizó en 1975 y pocos años después contaba con más de 5.000 empleados en la industria del aluminio. Además de ser el puntal económico del país, ALCOA invertía en escuelas, áreas residenciales, instalaciones deportivas, recreativas, y proporcionaba seguro médico y otros beneficios a sus empleados, y suministraba a Surinam el excedente de energía eléctrica.

Pero ni siquiera la época dorada de ALCOA en Surinam (hasta 1989) estuvo exenta de conflictos con los trabajadores. Justus Keizerweerd trabajaba en 1979 como electricista en la fundición de aluminio de Suralco y aún recuerda el hedor de azufre y el humo de las cubas. En esa época protagonizó junto a sus compañeros duras huelgas reclamando indemnizaciones justas para los trabajadores despedidos por Suralco alegando una bajada del precio mundial del aluminio. La huelga escaló hasta parar la refinería, la fundición de aluminio e incluso el suministro eléctrico, y coincidió con tensiones políticas, que desembocaron en el golpe militar encabezado por Desiré Bouterse en febrero de 1980. Justus Keizerweerd fue despedido y pasó un tiempo fuera del país.

EL IMPACTO DE ALCOA EN LA PLANTACIÓN ONORIBO

A su regreso, Keizerweerd, que hoy tiene 61 años y recibe una pensión de Suralco, se convirtió en un activista a favor de los derechos de los dueños de la plantación Onoribo. Son familias descendientes de esclavos que, tras ser liberados en 1863, obtuvieron derecho de propiedad sobre una parte de la plantación Onoribo, en la que trabajaban y vivían. En 1915, ALCOA obtuvo, mediante testaferros y triquiñuelas legales, derecho a explotar sus tierras a cambio de una insignificante cantidad de dinero, en forma de un alquiler que los dueños de la plantación nunca pudieron actualizar. Una vez comenzó la minería a cielo abierto de la bauxita, su forma de vida se volvió imposible, y tuvieron que abandonar sus tierras.

Keizerweerd recuerda con nostalgia la plantación Onoribo que conoció su abuelo: “Cada familia tenía un terreno para el cultivo, la caza y la pesca. La plantación era una zona próspera a lo largo del río Pará y en el centro había una comisaría de policía, una escuela y una iglesia, y nos visitaban comerciantes para comprar tubérculos. La vida era bastante normal y la gente no dependía del gobierno. Tras la llegada de las compañías de bauxita, la vida en la plantación cambió para siempre. Hoy en día es imposible cultivar en estas áreas, porque la tierra fértil fue excavada para permitir la extracción de bauxita”.

Justus Keizerwaard explica que no solamente el firme ha sido removido por las máquinas excavadoras, sino que muchas zonas se encuentran inundadas por lodos tóxicos, y la contaminación del suelo hace que numerosas personas hayan enfermado tras intentar cultivar en el terreno. Hasta hoy, les ha sido imposible llevar a ALCOA a los tribunales, ya que los tentáculos del gigante estadounidense y su capacidad de comprar voluntades en Surinam son omnímodos.

Además del daño económico y social causado a todas estas familias condenadas al desarraigo y la pobreza, el daño medioambiental es muy profundo. Son miles los kilómetros cuadrados de selva tropical, tierras agrícolas y bosques devastados. La construcción del embalse de Afobaka trajo aparejada un deterioro de la calidad del agua, ya que la descomposición de la materia orgánica del bosque inundado hizo que proliferaran plantas acuáticas flotantes, que llegaron a cubrir el 50% de la superficie y fueron tratadas con herbicidas; hubo también infestación de mosquitos, y muchos peces murieron como resultado de la baja concentración de oxígeno en el agua. La rica fauna del río Surinam fue sustituida por fauna piscícola pobre, derivada del embalse. El gran lago también modificó las precipitaciones y el régimen de vientos.

LODO ROJO: UNA BOMBA DE TIEMPO

Pero quizá la mayor amenaza sean los lagos de lodo rojo, que contienen residuos resultantes de lavar la bauxita a altas temperaturas con hidróxido de sodio para obtener alúmina, la materia prima del aluminio. El lodo residual es una mezcla de óxidos metálicos e hidróxidos muy cáusticos, además de agua y arena. El lodo rojo es abrasivo, provoca quemaduras al contacto con la piel, y contamina el agua y el suelo, bajando su acidez.

Erlan Sleur, activista medioambiental al frente de la Fundación PROBIOS, nos cuenta que dentro de la plantación Onoribo, próxima a la refinería de Paranam ALCOA ha dejado un inmenso lago de lodos rojos de más de 500 hectáreas de extensión. Erlan Sleur estuvo en agosto en la zona, y pudo medir radioactividad con un contador Geiger de mano, simplemente aproximándolo a la superficie. Lo más alarmante es que estos residuos no están recibiendo ningún tratamiento adecuado: “Lo que están haciendo es cubrir los lodos con una gruesa capa de tierra y dejando que crezca la hierba encima”, para anunciar que han “regenerado” la zona. “Se aprovechan de que prácticamente no hay legislación medioambiental en Surinam, ni nadie que supervise sus operaciones”, relata alarmado.

La Fundación PROBIOS es una de las pocas voces que en Surinam han exigido a ALCOA-Suralco responsabilidades por el daño medioambiental causado durante un siglo de operaciones en el país, después de que en 2015 la compañía anunciara la clausura de todas sus actividades. PROBIOS dirigió a ALCOA una carta en 2018 exigiendo transparencia y respuestas a múltiples preguntas acerca del tipo y grado de contaminación ambiental, cuantificar los costes del adecuado tratamiento de los residuos y la reparación ambiental, así como que la compañía asumiera responsabilidades en relación con los problemas de salud causados por la extracción y procesamiento de la bauxita.

Nada de esto sucedió. El nuevo Acuerdo de Brokopondo firmado por el Gobierno de Surinam establece un período máximo de 5 años para cualquier reclamación a la compañía. Las comunidades afectadas y los defensores del territorio no tienen muchas opciones de obligar a ALCOA a cumplir con la responsabilidad corporativa de la que la compañía de Pittsburgh presume en sus folletos y anuncios corporativos. ALCOA deja en Surinam miseria, contaminación e infraestructuras abandonadas, además de una central hidroeléctrica que le ha salido muy cara al pueblo surinamés, en dudoso estado de operatividad.

Publicado en el Nº 341 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2021

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