Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el CaribeEl acuerdo de Escazú Proteger a las personas, los grupos y las organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales

Federico Velázquez de Castro González. Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental 19/02/2021

El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 24 países de estas regiones. El acuerdo surge como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago, adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese momento tuvo lugar un proceso de negociación, alcanzándose cuatro años más tarde el acuerdo regional del 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.

Para su ratificación fue necesaria la firma de diez países más, lo que aconteció en 2020. Este acuerdo regional es considerado como uno de los más importantes de la zona. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y el derecho a la justicia en el ámbito ambiental. Asimismo, la aplicación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a tener un medio ambiente sostenible y vivir en un entorno sano. Tal es el importante contenido del artículo 1º del Acuerdo.

Quisiera detenerme en el artículo 9, referente a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales:

Denota la garantía de las partes de propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Además del indudable valor del acuerdo en sí, similar al Tratado Internacional de Aarhus -acceso a la información, participación pública y justicia ambiental- que entró en vigor el 30 de octubre de 2001, revela un importante grado de madurez en materia ambiental y empodera a la sociedad civil, invitándola a requerir información y transparencia. Resulta, además, muy interesante la inclusión del artículo anterior por lo que puede suponer de respaldo a los defensores ambientales.

Los crímenes de líderes comunitarios o de simples campesinos en la región han sido frecuentes: entre agosto de 2018 y julio de 2019, 135 líderes indígenas fueron asesinados por defender la tierra en América Latina. Baste traer a la memoria, ya desde 1988, a Chico Mendes y su movimiento de seringueiros, promotores de una intervención sostenible en la Amazonia. Asimismo, Dorothy Stang (2005) o Berta Cáceres (2016), que en su lucha desde Honduras (el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, según Global Witness) aunó la defensa de los derechos humanos y ambientales.

Ciertamente, el continente americano no ha sido el único territorio donde los poderosos han ahogado las voces críticas (recuérdese a Ken Sero Wiba en Nigeria, por ejemplo) pero la alianza de latifundistas, ganaderos y mineros han hecho pagar con sangre toda aquella vida que obstaculizara sus intereses expansionistas, reduciendo con la misma impunidad bosques y selvas de gran valor ecológico.

Celebramos por tanto este Acuerdo, que debiera convertirse en un instrumento más para afianzar y avanzar a las democracias del nuevo continente, incorporando la protección de su valioso patrimonio bajo un mayor control de los pueblos, a los que nunca deben faltar vías de participación y transparencia.

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