La democracia plena Reformar la Constitución para conseguir más libertad y más justicia

Francisco José Segovia Ramos. Escritor granadino y funcionario 25/02/2021

Tras la calamitosa visita de Josep Borrell a Moscú que, entre otros “éxitos” de la política exterior de la Unión Europea, provocó el aumento de las tensiones con Rusia, y las declaraciones de los ofendidos porque Lavrov echara en cara al gobierno español lo mismo de lo que se le acusaba al suyo, esto es, encarcelar a políticos no afines, se dijo, y se vuelve a repetir de manera incansable, que España es una democracia plena. Como si el simple hecho de encontrarnos todavía en el mismo sistema constitucional de 1978 garantizara, per se, tan contundente y osada aseveración.

No, como bien ha dicho el dirigente de Podemos Pablo Iglesias y numerosos líderes de Izquierda Unida y de otros partidos de la izquierda progresista y republicana (recalquemos estos términos porque muchos dirigentes y ex cargos del PSOE no son ni lo uno ni lo otro), este país no disfruta de esa democracia plena tan cacareada.

Y no lo es porque, primero, por definición, cualquier cosa que es plena se supone que está completa y es total, tal y como la define en una de sus acepciones el DRAE.

En segundo lugar, una democracia que se tome por tal debería mantener una estricta separación de los tres poderes y una clara enunciación de sus responsabilidades. Algo que no ocurre porque el poder judicial, tal y como se constata cada día, está condicionado por los intereses políticos de los partidos que eligen a los jueces de turno en el CGPJ, órgano que tiene relevante importancia a la hora de nombrar a los miembros de los altos tribunales del país, y también porque la mayor instancia del Estado, la monarquía, mantiene privilegios inconcebibles en una democracia del siglo XXI, entre ellos la famosa “inviolabilidad”, cuya eliminación parece poner muy nerviosos a medios de prensa, tertulianos y algunos partidos políticos.

Reformar la Constitución

Una democracia que se precie de tal debe estar en continua evolución, adaptándose a los tiempos en los que se desarrolla, y su texto fundamental, su Constitución, en este caso la española de 1978, también. Y aquí reside uno de los graves problemas de nuestra democracia, que dicho texto solo ha sido reformado dos veces en más de cuarenta años: una para permitir el voto de los extranjeros comunitarios en elecciones españolas y otra para primar el pago de la deuda a los bancos sobre las políticas sociales. En ambas, los dos partidos mayoritarios entonces, PP y PSOE, tenían una amplísima mayoría, necesaria para la reforma.

En cambio, para otras materias mucho más importantes para el futuro democrático del país o no hay acuerdo o simplemente ambos partidos miran para otro lado y prefieren mantener el texto como está. Un texto constitucional, por cierto, que ningún ciudadano español menor de sesenta años votó o pudo votar por no tener la edad o no haber nacido en 1978. La falacia de que “eso fue lo que votaron los españoles” ya no vale. ¿Nos encontramos, pues, ante un “texto sagrado”, intocable, que se aprobó en una España muy diferente a la que vivimos hoy? Toca una revisión de la Constitución, una reformulación de muchos de sus apartados para adaptarla a la situación actual.

Pero ese cambio necesario parece imposible dada la correlación de fuerzas y, sobre todo, la miopía de un PSOE que se amolda en muchas ocasiones a las políticas e ideologías de la derecha y que, de mirar a su izquierda, podría hacer posible esos cambios. No se olvide las amplias mayorías y los escollos que la propia Constitución dispone para cualquier cambio que la afecte. Se dispuso así en su día para garantizar la estabilidad del país y de la democracia que nacía, y también, hay que decirlo, para apuntalar a una monarquía heredera del franquismo, tan dudosa de su propia estima por sus ciudadanos que incluso estuvo a punto de plantearse un referendo, al final descartado.

Quizá no sea ahora el momento de plantear ese debate tan interesante de monarquía/república, porque donde hay que poner el dedo, la herida por la que sangra el país, es en la politización de la judicatura, los escándalos relacionados con una Casa Real que no da explicaciones y que permanece ajena a las necesidades de la población en general, y la falta de soluciones para vivienda, trabajo digno o derechos sociales y civiles que requiere gran parte de la población.

Hay que hacer reformas en la Constitución de 1978, adaptándola a los nuevos tiempos que vivimos. O incluso redactar una nueva. Hay que contemplar la posibilidad de un Estado Federal, de una nación de naciones en la que todos los pueblos de España se sientan orgullosos de pertenecer a esta nación, y hay que eliminar privilegios de casta o políticos, eliminando fueros, inviolabilidades y “puertas giratorias”. Ese es el camino para avanzar en las libertades y derechos de la ciudadanía.

Por tanto, se debe mantener el pulso con los poderes e intereses dominantes, ser autocríticos y buscar desde la izquierda progresista un amplio consenso para refundar el Estado y hacerlo mucho mejor, con más libertad y más justicia.

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