Cambios en Cuba Socialismo y democracia a diez años del inicio de la reforma

Jacobin América Latina . Julio César Guanche (Historiador y jurista) - Ailynn Torres (Académica y militante feminista) 03/03/2021

Desde aproximadamente 2010 Cuba está inmersa en procesos de cambios profundos. La consulta popular y posterior aprobación en referéndum de una nueva Constitución fue un punto de llegada respecto a cambios que ya estaban en proceso y que la nueva norma formalizó. A la vez, abrió un momento de profunda transformación legislativa que está implicando la creación o modificación de más de un centenar de leyes y decretos.

En el plano económico, la reforma ha sido largamente planificada y publicitada a través de documentos oficiales. Una década después sigue en curso con nuevos contenidos. Los cambios exhibieron problemas para enfrentar temas cruciales, como el empobrecimiento y la desigualdad persistentes y crecientes en el país desde 1990.

La reforma económica ha tenido que desarrollarse en un contexto de cambios en la relación con Estados Unidos. Si bien el deshielo de 2017 dibujó una mejora del escenario, bajo el mandato de Donald Trump regresó el ambiente de hostilidad y el progresivo recrudecimiento de las sanciones con el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Agendas, actores y dinámicas de la sociedad civil registran modificaciones. Se amplían las esferas públicas y aumenta la capacidad ciudadana de interpelar, impugnar y negociar con la política institucional.

La estructura de la propiedad, el aparato productivo y los mercados laborales han cambiado y ganado complejidad en Cuba. Cuatro documentos principales son sus bases: los lineamientos para la actualización de la política económica y social (PCC), la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, la nueva Constitución y la reforma monetaria.

Un papel clave lo ha tenido la ampliación del sector no estatal de la economía y muy especialmente del llamado Trabajo por Cuenta Propia (TCP). La forma en que ha sucedido es quebradiza y aún incompleta. Hay disputas ideológicas que interrumpen y/o ralentizan medidas necesarias en ese campo.

La ampliación del TCP no ha implicado el reconocimiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes) con personalidad jurídica. Eso ha tenido consecuencias negativas para las relaciones productivas. Pueden destacarse dos, que guardan relación: la limitación de las relaciones comerciales de las Pymes entre sí y con otros actores económicos nacionales y extranjeros, con perjuicio de su dinamismo y resultados productivos, y la imposibilidad de que el Estado desarrolle mecanismos efectivos de garantía de derechos laborales en el TCP. Es probable que el sector del trabajo informal se haya ensanchado aunque no hay cifras oficiales.

PANDEMIA Y REFORMA

La pandemia, bien manejada desde el punto de vista de la salud y de la investigación científica, ha agravado las consecuencias de la reforma económica.

En el sector estatal, la reforma ha aumentado los salarios pero la combinación de los dramáticos efectos de la pandemia y las consecuencias derivadas de la reforma monetaria ha producido la subida de los precios.

El sector estatal necesita producir mejores incentivos y democratizarse. El sector cooperativo, específicamente el no agropecuario, también ha participado de la reforma y se ha ampliado, aunque en escala mucho más discreta que la que podría esperarse desde una perspectiva socialista.

El trabajo no remunerado, principalmente a cargo de mujeres, ha sido y continúa siendo fundamental para el sostenimiento de la vida. Cuba afronta una crisis de cuidados.

El gobierno insiste en que nadie quedará desamparado. Se han mantenido algunos subsidios mientras que la eliminación o modificación de otros ha sido objeto de polémica. Se han dedicado 700 millones de pesos del presupuesto estatal a la atención a personas consideradas vulnerables.

La nueva Constitución contiene avances respecto a la representación como relación de servicio público con control ciudadano. Consagra el Estado Socialista de Derecho, con la supremacía constitucional y el imperio de la ley, y amplía derechos y garantías. Agrega diseños que desconcentran el poder, separan funciones, descentralizan niveles territoriales y crean nuevos recursos institucionales a favor de la ciudadanía. Además define el municipio como unidad estatal fundamental y le reconoce autonomía y potencialidades de participación directa a través de consultas y peticiones.

Otros contenidos avanzan en ese perfil de la representación como servicio público controlado: el límite del mandato, la iniciativa constitucional para 50.000 electores, la iniciativa legislativa a partir de 10.000 y la ampliación de la capacidad de revocación a funcionarios públicos. También se constatan «procesos de escucha» oficial de demandas formuladas en redes sociales.

El Partido Comunista de Cuba (PCC) es la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». El Presidente de la República se elige de modo indirecto y sus poderes son los mayores en la historia constitucional cubana.

La discusión del anteproyecto constitucional trazó un camino con contenidos positivos respecto a la posibilidad de la ley de acoger derechos, procesarlos democráticamente y afirmarlos institucionalmente.

EL DEBATE SOBRE EL SOCIALISMO CUBANO

La reforma también ha acumulado debates sobre las prácticas de ciudadanía dentro del socialismo cubano. La década ha contado con dos procesos grandes de consulta popular, sobre los Lineamientos y la Constitución.

En ambos, la amplia participación de la ciudadanía muestra conciencia colectiva sobre la importancia del Derecho para el aseguramiento de libertades y como productor de garantías ciudadanas.

Por décadas, los conflictos sociopolíticos cubanos se enunciaron como una confrontación entre el proyecto político de la Revolución, amparado por un pueblo robusto y mayoritario, y una disidencia opositora minoritaria con alianzas financieras e ideológicas con el gobierno estadounidense. Sin embargo, luego de tantas transformaciones sociales ocurridas en Cuba, sobre todo a partir de 1990, ese enfoque ya no resulta pertinente.

Actores y debates propios del campo artístico e intelectual han sido los más audibles pero no son los únicos presentes. Actores y organizaciones introducen nuevas demandas de acceso a (y voz en) los espacios políticos. Las capacidades y posibilidades del poder público institucionalizado para procesarlas y distinguirlas han sido limitadas.

Existe una política sistemática del gobierno de Estados Unidos para propiciar lo que denomina ‘cambio de régimen’ y es demostrable que cuenta con brazos y voces en Cuba para ello pero un enorme espectro de diferencias son cubiertas como el «enemigo».

En ese escenario, el debate sobre la libertad ha sido central y ha mostrado posibilidades y límites. De una parte, ha colocado en la conversación demandas relacionadas con la libertad de expresión y de creación o con la posibilidad de disenso político y su organización. A la par, la agenda redistributiva sobre la desigualdad y los derechos laborales es escasa o ausente. Existe una fractura operativa entre ambos debates y se pierden, desde distintos lugares del mapa político, posibilidades de avanzar en programas integrales de justicia, socialistas y democráticos.

Una República subordinada por el capitalismo, con sus dinámicas de concentración de poder, exclusión social y explotación del trabajo, resulta fundamentalmente oligárquica. La apuesta por la República democrática encuentra en el programa socialista de igualdad política e igualdad social una combinación imprescindible.

El análisis de la República, la democracia y el socialismo pueden situarse en un contexto propio de necesidades y oportunidades sin repetir consignas al uso del establishment liberal sobre las funciones de la libertad, la ley, la propiedad y la representación política. Se pueden especificar programas prácticos de libertad política y justicia social para Cuba, a la vez que proponer una renovada reflexión sobre el socialismo que necesita el siglo XXI. Se trata de identificar las oportunidades que presenta el proceso cubano junto a sus impedimentos para proponer un modelo de República socialista que tenga como horizonte el concepto revolucionario de fraternidad: reciprocidad en la libertad a partir de la interdependencia entre libertad e igualdad y pensarlo sobre un escenario social real por medio del análisis político en todo lo que esto implica.

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