Asociaciones vecinales se han manifestado ante la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid que, “para evitar un déficit”, vendió 2.934 viviendas públicas a fondos buitre por doscientos millones, menos de lo que nos va a costar al final el tan lastimoso como innecesario Hospital Zendal.

En 2018 la justicia anuló la venta y ordenó recuperarlas. Pero la Comunidad, es decir, el PP, es decir Ayuso, ni lo ha hecho ni ha amparado a las familias afectadas.

Denunciando ese irrespeto a la justicia y a la humanidad, las familias exigen, con la lógica urgencia creciente del caso, “poner fin a esta canallada”. Adjetivación que, de entrada, pudiera parecer dura, pero que, dadas las circunstancias, y no habiendo otra más fuerte, resulta adecuada a la cruel y descarada corrupción contumaz de la presidenta.