El intercambio de mercancías, aún con el establecimiento de controles de calidad fronterizos, no quedará sujeta a ningún tipo de impuesto adicionalBrexit (II): El acuerdo de salida (*)

Núcleo del PCE en Gran Bretaña 13/04/2021

A mediados de agosto de 2020, la prensa volvía a advertir la ausencia de un acuerdo comercial post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Nuestro partido hermano, el CPB, señalaba que tal situación no era más que una orquestada dramatización: “Es francamente increíble que el bloque comercial más grande del mundo capitalista y la quinta mayor economía no puedan llegar a acuerdos comerciales sin fricciones, especialmente cuando sus clases dominantes comparten intereses comunes.” Al fin, el 24 de diciembre se anunció la firma del nuevo acuerdo de libre comercio entre los dos bloques.

Algunas de las mayores preocupaciones

La estabilidad de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda había causado inquietud desde el principio. El Good Friday Agreement (1998) establecía la ausencia de fronteras físicas para evitar la violencia entre el norte británico protestante y el sur irlandés católico. La salida de la Unión Aduanera, con el correspondiente requerimiento de establecer controles de entrada y salida de mercancías, podía revivir un violento conflicto. Sin embargo, la solución acordada, la llamada “frontera del mar de Irlanda”, ha sido recibida como lógica y coherente. La frontera de control se ha establecido entre las dos islas. Así, las mercancías provenientes de Gran Bretaña pasarán los controles correspondientes al llegar a la costa del Norte de Irlanda y viceversa.

Hasta principios de 2020, la evolución de las exportaciones anuales de UK había experimentado 45 meses de aumento continuo. Si bien las exportaciones a la UE disminuyeron (-0,9%) entre 2019-2020, estas aumentaron notablemente en países fuera de la misma (+14%). China devino el tercer socio comercial, por encima de Francia, Holanda e Irlanda, sólo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Acorde al nuevo acuerdo de libre comercio RU-UE, el intercambio de mercancías, aún con el establecimiento de controles de calidad fronterizos, no quedará sujeta a ningún tipo de impuesto adicional y ambas partes se comprometen a mantener una igualdad de condiciones de producción “para evitar distorsiones del mercado”. Sin embargo, las complicaciones burocráticas reportadas por las empresas exportadoras se suman al aplazamiento del establecimiento de controles dada la falta de infraestructura prevista. Junto a la incidencia del COVID, todo ello ha podido contribuir a la reciente bajada del 40% de exportaciones a la UE registrada este enero.

La libra británica se devaluó abruptamente tras el referéndum del Brexit, pasando de valorizarse a un 1.50$ el 23 de junio de 2016 a un 1.26$ el 6 de octubre. Numerosas predicciones contaban con una continua devaluación de la libra como indicación de la desconfianza de los mercados internacionales hacia la estabilidad de la economía británica. Sin embargo, ésta sigue siendo la cuarta moneda de reserva mundial, con alrededor de un 4% del montante, y las dos grandes bajadas de valor recientes corresponden a la primera y la segunda ola de COVID-19. Desde la firma del acuerdo de comercio EU-RU, y en paralelo al rápido avance de la campaña de vacunación, el valor de la libra ha vuelto a alcanzar los 1.37$ (en el momento de escritura).

Aunque el acuerdo comercial garantiza la libre circulación del capital, este no especifica qué nivel de acceso mantendrán los bancos y fondos de inversión británicos al mercado europeo. La burguesía financiera británica, viendo peligrar su acceso privilegiado al mercado europeo, se opuso a la salida de la unión y, a día de hoy, no parece que la UE, a beneficio de la burguesía francesa y alemana, tenga prisa por retornar dichos privilegios.

El ritmo de crecimiento del PIB británico pareciera que se haya ralentizado ligeramente a comparación de sus vecinos europeos. Sin embargo, numerosos problemas de carácter político, como la herencia de la crisis de 2008, los cambios recientes en el mercado económico global, las capacidades diplomáticas de los diferentes agentes o la administración de la emergencia sanitaria y la crisis de la COVID-19 impiden sacar conclusiones claras aún del alcance de la influencia del Brexit en la economía británica.

Política migratoria

Las empresas británicas requieren ahora de una licencia para poder contratar a inmigrantes, los cuales deben además satisfacer una serie de requerimientos explicitados en un sistema de puntos. Éstos son, entre otros: contar con una oferta de trabajo que contemple un salario de al menos £25.600 anuales brutas (con excepciones de £20.480) o certificar un nivel de capacitación mínimo equivalente al Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Medio. Existen ciertas condiciones compensatorias como la posesión de un doctorado relacionado con la oferta de trabajo o que el trabajo se dé en un sector con gran demanda de personal, como el sanitario. Hay que destacar que el salario mínimo es de unas £17.000 anuales brutas para trabajadores de más de 23 años.

Junto con estos límites, se deberá además abonar el llamado “sobrecargo de salud de inmigración” para disfrutar del derecho de acceso al sistema de salud público. El coste es de £624 por año de validez de la visa, que corresponde al gasto que ya tenía que abonar la inmigración no europea.

La propia administración británica indica que, con este sistema, el 70% de la inmigración laboral llegada al país desde 2014 no hubiera cumplido los requisitos. Los sectores de la hostelería y agricultura ya han visto peligrar sus beneficios sin la mano de obra barata que importan estacionalmente desde Europa. Se sospecha, por lo tanto, que las excepciones a este sistema de puntos, o su revisión, acaben dominando el proceso. Por ejemplo, en un principio el gobierno británico restringía la entrada a 10.000 personas para mano de obra estacional (ahora ampliado a 30.000) y el sistema de puntos obligaba a contar con una oferta que estableciera un salario mínimo anual de £35.800 (ahora reducido a las mencionadas £25.600). Recordemos que el proceso del Brexit ha sido liderado por el partido conservador y éste necesita contentar tanto al voto nacionalista contrario a la migración como a los intereses de la patronal.

Política laboral

La izquierda pro permanencia temía la posible pérdida de “derechos fundamentales” que el Brexit supondría para la clase trabajadora. A pesar de la pérdida efectiva de algunos derechos como la libertad de movimiento y asentamiento y el reconocimiento de cualificaciones de estudio, aquella posición obviaba toda una serie de cuestiones básicas.

Primero, la mayoría de los presentes derechos y estándares en los países de la UE se han adquirido mediante la lucha de clase organizada de manera histórica y nacional, no han sido regalados por ningún gobierno de turno. Ya establecidos, estos se siguieron legislando por medios estatales, relegando el papel de la UE al mero establecimiento de unos mínimos comunes internacionales. Además, con la aplicación del Withdrawal Act de 2018 se transfirieron a la legislación británica aquellas leyes de la UE que extendían derechos y estándares en materia laboral, de consumo o medioambiental.

Segundo, la UE seguirá siendo una superestructura diseñada a medida de los intereses del capital del centro productivo europeo (Francia y Alemania). La pertenencia a la UE no ha evitado que los derechos de la clase trabajadora hayan sido atacados y recortados, sobre todo a partir de la crisis de 2008. Ejemplo de ello fue la ley del gobierno de David Cameron de 2016 (Trade Union Act) que cambiaba el trabajo y modo de operar de los sindicatos, haciendo más difícil todavía la realización de huelgas al requerir que el sindicato contara con el voto favorable del 51% de su censo. Encontramos también numerosos ejemplos en los que la UE se puso contra la soberanía política, laboral y económica de sus países miembros, como en el caso flagrante de Grecia.

En resumen, el Brexit se ha visto caracterizado por un bombardeo de información tendenciosa, amarillista y alarmista, con el objetivo de defender los intereses geopolíticos y económicos de las clases dominantes británica y europea. Como hemos visto en el texto, problemas que parecían irresolubles se han solventado, siempre dentro de los parámetros del status quo capitalista. Mientras tanto, los conservadores de Johnson, tras ganar las elecciones con mayoría absoluta, han aprovechado para continuar con su programa neoliberal. No ha pasado ni un trimestre de la aplicación efectiva del Brexit y ya ha trascendido que el Departamento de Empresas está trabajando en un borrador en el que, entre otras cuestiones, se pretende eliminar el límite de las 48 horas laborables semanales. Boris Johnson ha anunciado el mayor aumento del presupuesto de Defensa de los últimos treinta años y, en estos momentos, en medio de la crisis de COVID-19, con un sistema de salud público que a duras penas ha soportado el peso de la pandemia, se encuentra en proceso de lectura parlamentaria el esbozo de la “Ley Mordaza” británica.

(*) Segunda parte de Brexit (I): Del referéndum a la salida.

En esta sección

Condenamos los bombardeos contra la Franja de Gaza y llamamos a la movilización solidaria con PalestinaHablan los jóvenes de la Primera Línea en CaliIván Duque se presenta en Cali y anuncia concesiones en educaciónCriminal bombardeo de Israel sobre Gaza deja al menos 26 palestinos muertos, 9 niñosFracasa la reunión del Gobierno con el Comité de Paro. Sigue la represión, situación crítica en Cali

Del autor/a

Brexit (II): El acuerdo de salida (*)La Ley Mordaza británicaBrexit (I). Del referéndum a la salidaLa extradición de AssangeLa crisis de la pandemia y la vivienda en el Reino Unido