Documentan al menos 346 desaparecidos y 41 asesinatos por la fuerza pública en el marco del Paro NacionalDefensores denuncian ante la CIDH la violación sistemática de derechos humanos por el Estado colombiano

Mundo Obrero Redacción 09/06/2021

Temblores ONG, Indepaz y PAIIS (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social) entregaron el 8 de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021.

En su informe, las organizaciones defensoras de derechos humanos concluyen que la represión del Estado frente a los reclamos de la ciudadanía “ha dejado un lamentable saldo de al menos 3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública (*), 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas a nuestras entidades, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género.

RECOMENDACIONES A LA CIDH

En el informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, se hace a la CIDH las siguientes recomendaciones:

•Exigir al Estado colombiano el respeto absoluto del derecho a la protesta como parte de la dinámica propia de una democracia participativa activa y deliberante, de conformidad con las normas y jurisprudencia internacionales y constitucionales.

•Solicitar al Estado colombiano incluir una misión de verificación proveniente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dentro de los puestos de mando unificado creados por el Decreto 003 de 2021, con el fin de constatar la cadena de mando y las órdenes que desde allí se ejecutan durante las jornadas de manifestaciones.

•Realizar una visita in loco que contemple una rigurosa investigación de la situación global de derechos humanos del país, que incluya sus verificaciones sobre los hechos de violencia por parte de la fuerza pública cometidos en el marco del Paro Nacional colombiano en el año 2021.

•Alternativamente, presentar un informe temático de país sobre sus hallazgos frente a la situación de derechos humanos del país en el contexto del paro nacional colombiano del año 2021, como resultado de su actual visita de trabajo a Colombia que incluya la información aquí presentada.

•Recomendar al Estado Colombiano robustecer las instituciones que tienen a su cargo la investigación imparcial de presuntas violaciones a derechos humanos y al DIH por parte de miembros de la fuerza pública, haciendo un llamado al desmonte progresivo de la justicia penal militar que, en todo caso, mientras contiúe vigente, no debe conocer de casos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública.

•Indicar al Estado Colombiano la necesidad de llevar a cabo un programa de fortalecimiento de capacidades mediante la formación y educación completa, transparente y en constante actualización sobre derechos fundamentales, derechos humanos y DIH, la cual, con el fin de verificar su pertinencia y veeduría ciudadana, sea impartida por expertos independientes en la materia, miembros de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos.

•Llamar la atención del Estado colombiano respeto de la separación de poderes siendo éste uno de los pilares del Estado Social de Derecho predicados desde la carta magna y en consecuencia, recomendarle dar cumplimiento completo y no selectivo a las órdenes impartidas en los fallos por la altas cortes, especialmente aquellos relativos a la protección de derechos.

•Instar al Estado colombiano a generar mecanismos de selección independientes y transparentes de los funcionarios a cargo de controlar la acción del gobierno y los funcionarios públicos, particularmente de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a fin de que sean entes autónomos que verifiquen el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de agentes del Estado en todo tiempo y lugar. Los roles de acompañamiento de las personerías, defensoría y procuraduría que se han visto tan mermados en el marco del actual paro nacional, deben recobrar su relevancia y potenciar su misión de veeduría, garantía y exigencia del respeto a los derechos de todos los manifestantes.

Investigar y condenar la presunta existencia de un sistema de incentivos y/o cuotas por detenciones, judicializaciones y traslados por protección a manifestantes, a cambio de ascensos dentro de la fuerza pública que promueven el ejercicio arbitrario de la fuerza.

•Llevar a cabo una reforma estructural de la policía para ponerla a tono con los estándares internacionales de derechos humanos. Se debe tratar de una fuerza civil que no siga actuando bajo la lógica del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Esto implica entrenamientos con enfoque de derechos humanos y con perspectiva diferencial y eliminación de formas violentas de manejo de la protesta social.

•Solicitar el desmonte definitivo de los Escuadrones Móviles Antidisturbios.

Prohibir total e inmediatamente el uso de las denominadas “armas no letales” o “de letalidad reducida” que tengan la potencialidad de producir los daños que acá se describen.

•Entre tanto, es indispensable establecer de inmediato una ruta de atención en salud y atención psicosocial clara y completa para las víctimas de lesiones por armas no letales en las diversas modalidades de violencia como las descritas en este informe, privilegiando el derecho a acceder a esos servicios más allá de las afiliaciones que tenga o no tenga la víctima. Lo propio debe establecerse en cuanto a la ruta judicial que la denuncia e investigación de este tipo de actos violentos debe seguir.


(*) Los autores del informe han registrado otros 20 casos de homicidios
en los que están verificando las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que sucedieron los
hechos, al igual que los presuntos victimarios responsables.

Descargar el informe completo en este enlace

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