El asesinato del comandante Gabaldón y el fusilamiento de las Trece Rosas

Benito Díaz Díaz. Profesor honorífico de la UCLM 11/06/2021

El asesinato del comandante Gabaldón. Conspiración, bulos y fusilamiento de las Trece RosasBenito Díaz DíazAlmud Ediciones, 2021

El 29 de julio de 1939 tres militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), ataviados con trajes militares franquistas, asesinaban en la carretera de Extremadura, a escasos kilómetros de Talavera de la Reina (Toledo), al comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, a su hija Pilar, que tan solo tenía 15 años, y al soldado conductor José Luis Díez, de 21 años. Este crimen no fue consecuencia de un atentado planificado, pues sus autores lo único que buscaban cuando por azar pararon el vehículo sin distintivos oficiales en el que el comandante regresaba de un viaje particular desde Oropesa a Talavera, donde residía su familia, era conseguir dinero para comprar a funcionarios corruptos franquistas y sacar de la cárcel a varios presos comunistas.

El comandante Gabaldón, Inspector de la Policía Militar en Madrid, no era ninguna figura relevante del Régimen, ni el encargado de ningún archivo masónico, como tantas veces se ha repetido de manera errónea, ni tampoco fue miembro de la Quinta Columna madrileña. Es más, Gabaldón tenía un absoluto desconocimiento de lo que era la masonería y no acierta ni una sola vez en las múltiples acusaciones que hizo contra sus adversarios políticos o personales de pertenecer a logias masónicas.

Tras su violenta muerte, el régimen totalitario franquista, de la mano del entonces todopoderoso ministro de Interior, Ramón Serrano Suñer, el Cuñadísimo, quiso dar una contundente y rápida respuesta en consonancia con los postulados del general golpista Gonzalo Queipo de Llano: por los tres asesinados por los jóvenes comunistas de la JSU, serán fusilados, sin ninguna garantía procesal, casi 70 personas, es decir, más de 20 antifranquistas por cada uno de los “suyos caídos”.

En su deseo de venganza, las autoridades franquistas y sus medios de comunicación atribuyeron a 56 jóvenes de la JSU -ya en prisión entre los meses de abril y mayo- el ser los autores intelectuales del asesinato del comandante Gabaldón. En tan solo unos días se les juzgó, condenó a muerte y fusiló el 5 de agosto de 1939. No tenían nada que ver con los tres asesinatos del 29 de julio, pero la prensa mintió y presentó a estos jóvenes como los inductores intelectuales necesarios. Nada más y nada menos que 56 instigadores para un crimen terrible, sin ningún sentido ni planificación. Sin embargo, en la sentencia que los condenó a muerte no se hacía ninguna mención a Gabaldón: se les juzgó por adhesión a la rebelión militar, es decir, por defender la legalidad republicana ganada democráticamente en las urnas, la denominada justicia al revés.

Entre estos 56 fusilados se encontraban las conocidas como Trece Rosas, a las que en febrero de 1940 habría que sumar una Rosa más, que inicialmente se había salvado por un error ortográfico. A estos jóvenes antifascistas hay que añadir otros diez fusilados el 6 de agosto, entre los que sí se encontraban los autores materiales de los tres asesinatos y algunos que les ayudaron, aunque fuese de manera involuntaria; más otro acusado que fue tiroteado por la espalda en Talavera, en una supuesta reconstrucción de los hechos. Incluso se podría sumar otra víctima que falleció en la cárcel madrileña de Ventas, debido a la falta de atención sanitaria y pésima alimentación. En total, la venganza por el asesinato de Gabaldón, su hija y su conductor alcanzaría a 69 personas. Entre ellas un matrimonio de jornaleros de Cazalegas (Toledo), de ideología falangista, con los que el dictador Franco tampoco tuvo ninguna piedad. El “delito” de Luisa Mayoral y Víctor González fue dar alojamiento a su sobrino Damián García Mayoral, uno de los tres asesinos, que se presentó en Cazalegas vestido de militar y les engañó.

El día 31 de julio de 1939, dos días después del crimen, todo parecía muy claro para las autoridades franquistas: los tres asesinos estaban detenidos, así como un elevado número de cómplices, reales y ficticios. Sin embargo, desde el primer momento la familia de Gabaldón y los falangistas talaveranos no se creyeron la versión policial y atribuyeron su autoría, sin aportar ninguna prueba, a los jefes del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), y a la masonería. Hubo algunos militares que lo pasaron muy mal por estas imputaciones. Uno fue el entonces capitán de artillería Manuel Gutiérrez Mellado, que sería expulsado temporalmente de la Escuela de Estado Mayor, acusado de ser masón y de practicar un doble juego político durante la contienda civil. También fueron calumniados el comandante Francisco Bonel Huici, el comandante Cristino Torres García y el capitán de la Guardia Civil Pedro Fernández Amigo, integrantes del SIPM, lo que en parte contribuyó a que este organismo fuese disuelto en septiembre de 1939 por orden de José Varela, ministro del Ejército.

En torno a este dramático episodio tampoco faltaron los brutales métodos de interrogatorio de la policía franquista, que para fabricar pruebas que avalasen sus denuncias, torturaron a Purificación González Mayoral, de 16 años, encarcelada varios años pese a ser menor de edad, y a José Enrique Rodríguez Cacharro, de 17, al que incomunicaron en una celda y clavaron palillos de madera en las uñas de las manos para obligarle a repetir lo que la policía quería escuchar de su boca. Un inhumano y aberrante método para construir unas mentiras a las que todavía algunos siguen dando credibilidad.

Por persistencia de su familia, las investigaciones sobre el asesinato del comandante Gabaldón se prolongaron hasta 1950, pero no aportaron nuevos datos que involucrasen en el mismo a diferentes autores intelectuales ni materiales de los ya juzgados, sentenciados y fusilados. En realidad, las especulaciones sobre el asesinato de Gabaldón permanecieron activas muchos años y generaron numerosos bulos, a los que contribuyó de una manera importante Eugenio Vegas Latapié, preceptor durante unos años del anterior Jefe de Estado, que en sus memorias lo califica de atentado, cuya autoría atribuye directamente al Ministerio de la Guerra. Algunos incluso irán más lejos y añadirán que entre quienes asesinaron a Gabaldón estaba el capitán Manuel Gutiérrez Mellado, disfrazado de sargento. Este militar, que evolucionó desde el falangismo a la defensa de los derechos humanos y la democracia, siempre ha estado en la diana de la extrema derecha, especialmente tras su destacado papel durante la Transición política española. Prueba de esta campaña insidiosa orquestada contra Gutiérrez Mellado fue la durísima carta del golpista teniente general Jaime Milans del Bosch, publicada el 28 de agosto de 1981 en la prensa nacional, en la que recuerda al “muerto en la carretera de Extremadura”, así como algunos libros, numerosos artículos y páginas de Internet, donde sin que los autores aporten ninguna prueba contrastable siempre sale muy mal parado.

Recientemente hemos publicado el libro El asesinato del comandante Gabaldón. Conspiración, bulos y fusilamiento de las Trece Rosas, donde tratamos de desmontar las numerosas mentiras que perjudicaron a tantas personas, a las que a punto estuvieron de frustrarles su carrera profesional. Así, uno de los señalados por los sectores falangistas como inductor del crimen, el capitán Pedro Fernández Amigo, a quien Gabaldón había acusado en sus libretas de ser masón, sin aportar el más mínimo indicio que lo sustentase, solo con el argumento de que era vox populi, se alistó en la División Azul para tratar de disipar estas graves acusaciones, algo que no consiguió por completo.

El casual asesinato del comandante Gabaldón, al margen de ser aprovechado por el Régimen para castigar con dureza a los sectores opuestos a la dictadura franquista, en especial a la JSU, también sirvió como elemento de enfrentamiento entre los diferentes cuerpos policiales, que buscaban ampliar sus respectivas parcelas operativas, por lo que chocaban los intereses de unas fuerzas de seguridad con los de otras.

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