La ONCE y la responsabilidad del Estado (3)La procesión va por dentro

Ricardo Gayol. Abogado y ex Consejero General y ex directivo de la ONCE 17/06/2021

Los primeros pasos de la normalización sindical en la ONCE tuvieron un valor positivo, pues no solo los sindicatos fueron la llave para iniciar el proceso de democratización, participando con la Administración en la negociación del Real Decreto que posibilitó las primeras elecciones democráticas de 1982, sino que más tarde negociaron el I Convenio Colectivo de la ONCE y su personal que entró en vigor el 9 de junio de 1984.

Es cierto que esa negociación se hizo sin que previamente se celebraran elecciones sindicales, lo cual creó algunos problemas relativos a la representatividad de las organizaciones negociadoras que, unido a la revisión del sistema de comisiones de ventas, provocó una huelga de vendedores que supuso un momento bastante crítico pero que una vez firmado el convenio quedó neutralizado sin mayor problema, ya que al margen de las discrepancias puntuales la situación comercial y laboral de la ONCE fue mejorando día a día, con lo que quedaba compensada cualquier incidencia negativa.

De otro lado, ese convenio significó un paso de gigante en la normalización laboral de la ONCE y supuso un paso decisivo para la modernización de la institución.

Pasada esa página, las primeras elecciones sindicales se celebran el 31 de enero de 1985 en las que entran en el Comité Intercentros los cuatro sindicatos de ámbito general, dos sectoriales, APEAVO y UTO, y CCOO y UGT, si bien resultan mayoritarios los sindicatos internos.

En base a esa representación se inició la discusión del II Convenio Colectivo, cuya negociación fue intensa y acaparó en aquel momento todas las miradas internas, pues su formato era muy abierto y se seguía día a día los avatares de los distintos acuerdos. Finalmente, el 16 de julio de 1985 se firma el que sin duda ha sido el mejor Convenio Colectivo de la entidad, que llevó la firma de los cuatro sindicatos negociadores. Un aspecto que encajó como anillo al dedo con la nueva situación política de la organización , que venía dada por la asunción del poder por el llamado Pacto Progresista, propiciado por los tres grupos de izquierdas del primer Consejo General que había entrado en la dirección el 23 de enero de ese año.

Pero ese clima de sana pluralidad se fue pervirtiendo, en parte por la autonomía e independencia de que gozaba la parte social, lo cual no agradaba a la nueva dirección encabezada por Miguel Durán, en parte por la politización del sindicato UTO, que al ser el brazo sindical del grupo gobernante, Unidad Progresista (UP), no admitía bien no dominar el campo laboral. Ello se acentuó con la ascensión a la presidencia del citado grupo gobernante, del que era Secretario General de UTO Mario Loreto Sanz, quien se convirtió en un directivo más de la institución al ser nombrado asesor en materia de juego del Presidente del Consejo.

Todo esto animó a Miguel Durán a intentar por todos los medios garantizar la victoria de UTO en las nuevas elecciones sindicales de 1989, en cuyo proceso se permitió enviar una carta a todo el equipo directivo pidiendo el apoyo de la dirección para sus candidaturas. Un gesto torpe que era innecesario, pues ese apoyo se iba a producir en todo caso, pero que denotaba la interferencia de la dirección en el proceso electoral. Los restantes sindicatos se hicieron con el documento y lógicamente lo utilizaron para denunciar el apoyo de la empresa al sindicato vencedor, lo que produjo más tarde la condena judicial de la ONCE por conducta antisindical, extremo que define bien la realidad sociolaboral de la ONCE pero que no ha podido evitar lamentablemente que esa situación haya continuado en el tiempo hasta este mismo año en que de nuevo se han celebrado elecciones sindicales en las que UTO, ahora con el apellido de UGT, ya casi se queda en solitario, obteniendo CCOO menos del 10% de la representación, lo que la coloca en un nivel de marginación muy dañino para la defensa de los derechos de los trabajadores de la entidad.

Un pacto de autodefensa

Esa condena tuvo, sin embargo, otras consecuencias estructurales. Miguel Durán, viendo la fragilidad de un sindicato sectorial ante una realidad socioeconómica cada vez más compleja, buscó en la dirección de UGT un aliado seguro, a pesar de las dificultades por las que pasaba el sindicato socialista en la última etapa de Nicolás Redondo. Pero el acuerdo se logró, probablemente incluso con alguna aportación económica de la entidad. Aunque de por sí para UGT las ventajas eran obvias: un número importante de delegados electos para el cómputo electoral del sindicato, el 50% de las cuotas muy numerosas, pues UTO como sindicato del poder apostaba por una afiliación mayoritaria dentro del colectivo laboral de la entidad. Ambas cuestiones han ido in crescendo desde 1992 hasta la actualidad, conformando un panorama sindical impermeable a la reivindicación y a la pluralidad, todo lo cual redunda en una situación nefasta para el clima laboral y para los derechos de los trabajadores.

Esta alianza facilita a UTO, al contar con la incondicional cooperación de uno de los sindicatos mayoritarios en el país, lavar todas sus manipulaciones internas, ya que ignoran cualquier compromiso interconfederal aunque les permite aparecer como una parte social solvente, mirando UGT para otro lado ante cualquier incidencia conflictiva de la plantilla. Pero además, este apoyo de UTO/UGT a la dirección de la ONCE encierra un valor político relevante, pues supone la existencia de un conglomerado del poder totalmente insuperable que une el poder empresarial con el poder sindical bajo un mismo patrón, algo contranatura pero que a la ONCE nadie se lo impide, por más que sea una entidad tutelada por el Estado. Pues ¿dónde se ha visto que un Director General de una empresa ande buscando cómo organizar a la parte social e, incluso, poner recursos para que eso se sustancie en la forma que la empresa desea?

Anulación de la democracia interna

No corrió mejor suerte la democracia interna y el pluralismo político dentro de la entidad. El primer Consejo General, integrado por 15 miembros, contó en 1982 con cuatro grupos políticos, mostrando una diversidad ideológica amplia, gracias a que las elecciones se convocaron por Orden Ministerial y que las normas fueron pactadas con los potenciales concurrentes, ocupando la Administración la presidencia de la Junta Electoral Central y representación en todas las juntas territoriales. En cambio en la segunda convocatoria se redujo a dos grupos, ya que quedó fuera CSI, grupo de extrema izquierda, presente en el anterior, y que los dos grupos de izquierda restantes crearon unidad progresista (UP) que presidió hasta su fallecimiento Antonio Vicente Mosquete. El grupo conservador mantuvo las siete vocalías de la primera vez, aunque quedó en minoría frente a las ocho de UP. También esta convocatoria se publicó por Orden Ministerial, si bien la Administración ya no participó en las juntas electorales como en la ocasión precedente.

Tras la muerte de Mosquete, Miguel Durán intenta acumular todo el poder en sus manos pero su imparable ascensión creaba cierta inquietud en el entorno de responsables de la entidad. Por eso, aunque consiguió que la presidencia del Consejo pasara a manos de un hombre de paja, José Antonio Reyes, el cual no iba a contrapesar en absoluto su línea de actuación, hubo de compartir el poder con Mario Loreto Sanz, que accedió a la presidencia de UP, procedente del sindicato UTO. Pero en principio tampoco eso fue impedimento para Durán, pues logró envolver perfectamente a ambos presidentes y, aparentando darles poder, ser él quien de verdad tomaba las decisiones. Para ello, añade un eslabón más, nombrar a su antecesor en el cargo, José María Arroyo, como Director General Adjunto para contar con otro aliado más a su causa. Solo los dos Directores Adjuntos de Economía y Juego y de Servicios Sociales para Afiliados, Servando y Gayol respectivamente, representan la parte crítica de la alta dirección. Pero a fin de equilibrar el sentido unidireccional del equipo, Durán y Loreto acuerdan rehabilitar a Rafael de Lorenzo, el hombre del PSOE en la ONCE, quien se hará cargo del área de Fundación ONCE de nueva creación a mediados de 1988, otro soporte más para Durán en aquel tiempo.

Cuando a principios de 1989 se produce la eclosión de las inversiones especulativas de la entidad, se celebra una comida de trabajo de la alta dirección el 15 de enero exactamente, donde la tensión es extrema: Gayol protesta porque se margina a los servicios, al no acudir ningún alto dirigente a la inauguración de los nuevos Servicios Bibliográficos de la entidad, producida el 9 de enero, con representación de las organizaciones internacionales de ciegos y la suya exclusivamente por parte de la ONCE, justo en la fecha en que salta el impacto de las nuevas inversiones multimillonarias de la ONCE. Pero eso solo era un síntoma, la cuestión se agravaba al no conocer Servando, como responsable económico, nada de dicha operación hasta que se hizo pública. Gayol le espetó a Durán que nunca podría explicar por qué Servando no sabía nada del tema. Loreto no pudo soportar la tensión y anunció que nunca más volvería a reunir al equipo en esas condiciones. Gayol anunció al final que esta dirección contaría con su lealtad pero no con su adhesión, pues no podía compartir la línea que se seguía. En cambio, Servando, el más afectado, calló absolutamente…

El debate abierto en la alta dirección empieza a situar a los distintos peones hacia el cierre de legislatura. Se formulan diferentes ideas para pedir a Loreto un nuevo congreso de UP, que ya tocaría para ese año, antes del siguiente proceso electoral. Incluso surgen dimisiones en la dirección de Andalucía, debido a discrepancias en las competencias territoriales. Loreto va fijando sus apoyos y, contando con mantener a Durán en su cargo, por ser por ahora inexpugnable, promueve a Arroyo para la presidencia del Consejo. Reyes y Servando asumirían la función de adjuntos a Durán y de Lorenzo mantendría su feudo de la Fundación ONCE. Con eso, para antes del verano, ya se prepara la nueva etapa, eliminando a Gayol por ser el crítico radical por excelencia con todo su equipo del área social. En ese momento, el único recurso que queda a los críticos es pedir un congreso para que UP definiera su política. En ese contexto se presentó la carta de los 19, suscrita por cargos directivos y representativos, encabezados por Gayol, para solicitar ese congreso antes de que se iniciara el nuevo proceso electoral. El 15 de julio se presentó esa carta a Mario Loreto, quien reaccionó con virulencia y pidió a Durán una respuesta consecuente. En efecto, el 10 de agosto se recibe la respuesta negativa: no habrá congreso ordinario, puesto que al haberse celebrado uno extraordinario en mayo de 1987, un mes antes de la muerte de Mosquete, se consideraba cubierto el requisito del periodo congresual. Comienza la caza de brujas contra los 19 firmantes, que en su mayoría quedarán fuera de la futura dirección, salvo algunos casos de arrepentidos que nunca faltan.

El 9 de octubre se convocan las nuevas elecciones internas, la oposición conservadora, abrumada y sometida por el poder fáctico de Durán, decide no concurrir y recurre la convocatoria electoral. El Gabinete Técnico del Protectorado de la ONCE, radicado en el Ministerio de Asuntos Sociales, informa negativamente la convocatoria pero Matilde Fernández, como presidenta del órgano de tutela, autoriza por telegrama la convocatoria sin cumplir ningún requisito formal para cubrir tal decisión. El Consejo General de la ONCE declara persona non grata al Jefe del Gabinete, Rafael Pérez Cuadrado, un funcionario muy reconocido en toda la Administración.

Solo CSI, el pequeño grupo de extrema izquierda, concurre a los comicios que finalmente se celebran el 5 de diciembre de 1989, pero UP consigue los 15 Consejeros Generales, constituyendo esta foto el fin de la democracia interna en la ONCE, que ya nunca lograría volver a resurgir en realidad aunque no hayan faltado intentos encomiables para recuperarla, algo que todavía es una asignatura pendiente.

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