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Sin convenio colectivo en el campo de Extremadura La miserable política de la patronal agraria

Rafa González 18/06/2021

El campo extremeño ya está a pleno rendimiento en esta campaña agrícola. Entre bancales y líneos de frutales, los jornaleros y las jornaleras, calibre en mano, recolectan los frutos que da la tierra. Las centrales hortofrutícolas están en funcionamiento y las más grandes ya tienen los tres turnos de trabajo que les permitan procesar los productos que nos da el campo en esta temporada. En total son más de 65.000 personas las que en Extremadura trabajan en labores relacionadas con la tierra en cada campaña.

Es una campaña más pero tiene una característica nueva: los trabajadores y las trabajadoras del campo de Extremadura carecen de convenio colectivo después de que una facción de la patronal agraria recurriera el último que se firmó y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) decidiera anularlo. Una autentica barbaridad que deja desprotegidas a las personas que trabajan en el sector que más destaca en la economía de la región. Es el resultado de la acción premeditada de las reaccionarias patronales agrarias, compuestas por señoritos, terratenientes y burgueses que, acostumbrados a vivir del sudor ajeno, no encuentran un límite en el robo diario que le practican a los trabajadores y las trabajadoras y han convertido el campo extremeño en una selva neoliberal en donde no se respetan ni los más mínimos derechos de la clase trabajadora.

ORIGEN DEL CONFLICTO

La situación que se vive hoy viene de lejos. En 2016 se aprueba el Convenio del Campo de Extremadura. Un texto de mínimos que reconoce algunos derechos, fruto de las luchas históricas sindicales que siguen en el subconsciente colectivo. El convenio cumple con sus tres años de vigencia y es prorrogado por otro, en lo que se negocia el siguiente. La patronal agraria comienza a elaborar su maquiavélico plan. Ganan mucho, pero quieren ganar más y para eso necesitan quitarle derechos a los trabajadores y las trabajadoras.

En plena prórroga del convenio sucede un nuevo factor: Unidas Podemos entra a formar parte del gobierno y una de sus primeras medidas es subir el salario mínimo interprofesional que en 2019 se sitúa en los 900 euros. La cavernícola patronal del campo comienza a rabiar. Llevan años pagando salarios de miseria y una subida del SMI implica que sus bolsillos no sigan engordando con el nivel que lo estaban haciendo en años anteriores.

Además, la subida del salario mínimo se acompaña de algo que inquieta especialmente a los patronos: el gobierno anuncia que aumentarán las inspecciones laborales en las fincas de la región. Las sanguijuelas de la patronal no saben dónde meterse, pues han implantado el fraude generalizado en todo lo que se refiere a las contrataciones laborales: dar de alta menos días de los trabajados, venta de peonadas, trabajar más horas y no pagarlas o si las pagan no con el recargo por hora extra que marca el convenio o migrantes de los que se aprovechan por carecer de papeles, que son explotados hasta la extenuación.

INTENTO DE NEGOCIAR NUEVO CONVENIO

La subida del salario mínimo interprofesional marca un nuevo escenario en donde aparentemente esta cuestión es un nuevo argumento para sacar adelante un nuevo convenio colectivo para el campo extremeño, pues la tabla salarial había quedado totalmente desactualizada debido a que el último año que recogía era el 2018 y la subida del SMI entró en vigor en enero del 2019. Lo que parecía una razón más, la patronal lo convirtió en otro caballo de batalla. Anunciaron de manera pública que no iban a pagar el salario mínimo, situando a sus organizaciones al margen de la ley, como si de la mafia se tratara.

Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y solicitaron un laudo arbitral que resolvió lo evidente: los trabajadores y las trabajadoras del campo extremeño tenían derecho a que se les actualizara el salario desde enero con la entrada en vigor del Real Decreto que subía el salario mínimo. La campaña agrícola de ese año pasó y los patronos consiguieron su objetivo, que era darle vueltas a la aplicación del SMI, cuando es de obligado cumplimiento, mientras el convenio quedaba en segundo plano.

Llega el 2020, el año que recordaremos toda la vida porque tuvimos que convivir con una pandemia. Durante toda la crisis sanitaria se reconoció la labor fundamental de los trabajadores y las trabajadoras del sector primario, que han seguido trabajando para que pudiéramos tener alimentos en las tiendas. Pero eso no parece suficiente para que se firme un nuevo convenio del campo para Extremadura. La patronal vuelve a sacar la misma argumentación. Otra vez gracias a Unidas Podemos, había subido el SMI hasta los 950 euros.

La situación era insostenible. La patronal incumplía de manera generalizada el pago del salario mínimo alegando que seguían aplicando el convenio de 2016, por lo que los sindicatos deciden anunciar la convocatoria de huelga de tres días que se suma a la presión que más actores sociales estaban ejerciendo ante la injusta situación que se vivía, por el bloqueo patronal a un nuevo convenio.

NUEVO CONVENIO Y ANULACIÓN

Se consigue firmar un nuevo convenio colectivo del campo de Extremadura en donde se retrocede en derechos para la clase trabajadora. Se establece una jornada irregular, cuestión que choca frontalmente con la normativa establecida en el Estatuto de los Trabajadores, además se modifica a la baja el coste de las horas extraordinarias y se facilita su realización, cuestión que choca con una reivindicación histórica, pues dado el número de parados que soporta la región, el camino a seguir nunca puede ser el de facilitar las horas extraordinarias, sino que ese trabajo que no se puede cubrir en la jornada ordinaria lo realice otro trabajador, para disminuir el desempleo por el mecanismo del reparto del trabajo existente.

En cualquier caso, ese era el convenio colectivo acordado y parecía que por fin los trabajadores y trabajadoras del campo extremeño volverían a tener un marco legal al que agarrarse. Pero en una competición entre distintas facciones de la patronal agraria por ver quién es la más miserable, una parte decide recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el convenio alegando que las patronales que habían firmado no tenían la representación necesaria para la negociación y posterior firma del convenio.

EL TSJEx dio la razón al recurso y anuló el convenio colectivo, dejando desprotegidas a las más de 65.000 personas que trabajan en el campo de Extremadura. En este 2021, ya son tres años en los que la patronal bloquea el convenio colectivo del campo, lo que no solo atenta contra los trabajadores y las trabajadoras, sino contra todo el medio rural de la región, pues las faenas agrícolas contribuyen a asentar la población en los entornos rurales.

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