Mediaciones

Ley Calviño y contrarreforma audiovisual El derecho a la comunicación ni se garantiza ni se desarrolla. No solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual sino que fortalece la ofensiva contra el servicio público

Francisco Sierra 28/06/2021

Existe un tipo de funcionario público que invariablemente siempre trabaja, por acción u omisión, más bien lo primero, en favor del capital y de los intereses creados. Y no solo por la decidida voluntad de participar de las puertas giratorias y verse así reconocido por los valiosos servicios prestados, sino más bien como resultado de una pobre o inexistente imaginación política o voluntad de compromiso con la mayoría. Este es el caso de la nueva contrarreforma audiovisual que pronto inicia su trámite parlamentario en el Congreso. El proyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea un reto preocupante en medio de la llamada guerra cultural: la construcción de una esfera pública mediatizada cerrada a la diversidad de voces y corrientes de opinión por los intereses hegemónicos claramente reforzados en la norma preparada por el Ejecutivo.

En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010) sino que refuerza además lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos en beneficio de actores como FININVEST. Del marco general y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales al plegamiento corporativo se constata un desplazamiento del Estado central y el ordenamiento del sistema nacional de comunicación a los operadores tanto foráneos como locales que incide sustancialmente en una pérdida de derechos a todos los niveles, tal y como observamos hoy en Andalucía desde la Plataforma en Defensa de la RTVA, mientras los reguladores vienen avanzando normas sin participación ni consenso del sector ni de la ciudadanía y sus organizaciones.

No es casual por lo mismo que el anteproyecto de ley no establezca estrategias o políticas de cooperación entre los sistemas audiovisuales autonómicos y del Estado en un ámbito de competencia descentralizada que exigiría mayor imaginación del legislador si tanto se insiste en la corregulación.

De la Ley UTECA a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector. Pues el nuevo marco normativo da luz verde a la privatización de los medios autonómicos con la explotación privada o externalización, refuerza el rol de la CNMC frente a instancias no desarrolladas reglamentariamente como el Consejo Audiovisual, en lugar de seguir el modelo francés, pese a que informes de la propia CNMC reconocen su incompetencia y falta de recursos para cumplir con su labor de tutela de derechos.

La centralización en el Ministerio de Economía de las tareas de inspección y sanción, so pretexto de preparar el camino a la economía digital, se va a traducir en la máxima neoliberal de dejar el pasado, con coste para el erario público en su sostenimiento, y facilitar el futuro de la producción de contenidos simbólicos y el negocio audiovisual al sector privado que, dicho sea de paso, está dominado no precisamente por empresas nacionales o europeas. Si pensamos en los GAFAM, en plataformas como YOUTUBE, FACEBOOK o HBO, cabe concluir que el legislador ni se plantea una alternativa propia que avance en la protección y producción propia de forma decidida acorde con lo que nos jugamos en este ámbito.

El mercado contra el cine europeo

Capítulo aparte merece el problema de la igualdad de obligaciones mejorada para la financiación del cine autóctono, en nuestro caso en todas las lenguas oficiales del Estado. La producción independiente y el audiovisual europeo se verán favorecidos por el establecimiento de cuotas a prestadores de servicios bajo demanda de plataformas como NETFLIX. El problema es que esta regulación llega tarde y no altera la estructura del mercado, claramente contraria a los intereses del cine europeo. El anteproyecto insiste por otra parte en la relajación de las exigencias en un proceso o deriva desreguladora que ilustra el resultado: la inversión y mejora de la posición dominante de la producción estadounidense en general. Desde este punto de vista, el porcentaje mínimo de obra europea es insuficiente y refuerza las posiciones de la industria cultural hegemónica, como llevamos una década observando en los informes anuales del Observatorio Audiovisual Europeo.

Se sigue, por otra parte, sin abordar la cuestión estratégica de la distribución, muy concentrada en favor de las grandes compañías gringas, lo que terminará por imponer los intereses dominantes precarizando las condiciones laborales de los productores y creadores locales. En otras palabras, hubiera sido preciso, es necesario, un mayor compromiso de los distribuidores en línea de plataformas como AMAZON en la financiación e inversión en el audiovisual europeo.

La ley no contempla además la regulación necesaria de los productores o usuarios que aportan contenidos, en términos de protección como actores centrales del ecosistema audiovisual, ni muchas otras lagunas observadas en las más de cien alegaciones presentadas por plataformas como TELEDETODOS. Pues la adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. El ejemplo más evidente es el de la desregulación publicitaria, un campo, como denuncia FACUA, ampliamente minado de incumplimientos y vulneraciones a los derechos de los consumidores. El caso más evidente de esta regresión es la desregulación publicitaria que afecta a la protección de los menores. Pero podríamos añadir la falta de transparencia en la publicidad institucional que hoy solo se conoce fruto de la labor del periodismo de investigación, como revela Público, sobre el sostenimiento de medios de extrema derecha como OK DIARIO con cargo al presupuesto de la CAM mientras los medios comunitarios pierden las garantías conseguidas por vez primera con la Ley Zapatero.

Ciudadanos solo como consumidores

Más aún, podríamos afirmar, en general, que la nueva ley se distingue por su falta de consistencia y viabilidad, pensando en sistema nacional de medios, pues no solo no contempla financiación de los medios ciudadanos sino que además deja al albur del duopolio el futuro de RTVE y de los medios públicos en general. Quizás por ello en la redacción del borrador la ciudadanía está ausente, convertida, en sus enunciados, en mero consumidor. Para el legislador pareciera que el ciudadano en España no tiene derecho a la comunicación, salvo como cliente y no como sujeto político, en un nuevo giro de tuerca que ya imaginamos como concluirá. Por lo mismo no se regulan los datos y perfiles de los usuarios ni se protege la invasión publicitaria que sufriremos con la desregulación que se promueve.

Hace tiempo que la noción de servicio público ha sido difuminada, sin sostén reglamentario, con déficits democráticos notorios en el caso de España, donde el derecho a la comunicación, por más que se reconozca en la Constitución, ni se desarrolla (derecho de acceso) ni se garantiza institucionalidad alguna para la participación y el control social.

En definitiva, se impone el ventajismo, la consolidación del duopolio y las compañías foráneas y los intereses dominantes de los operadores que han pasado de dictar la norma (Ley UTECA) a observar con regocijo cómo la doctrina del Tío Tom se impone gracias a serviciales funcionarios públicos. Visto lo visto, la norma puede llamarse Ley Calviño o Florentino Pérez que, para el caso, fútbol mediante como interés general, tanto da.

Publicado en el Nº 345 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2021

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